La consulta de las prospecciones en Canarias también se recurrirá

“El Gobierno adoptará la misma decisión que con Cataluña y Canarias no será una excepción”. El ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria, lanzó así este lunes desde Rabat un mensaje totalmente descifrado de advertencia al Gobierno canario que preside Paulino Rivero sobre sus intenciones de convocar una consulta ciudadana en las islas antes del 30 de noviembre sobre el futuro de las prospecciones petrolíferas cerca de la costa de Lanzarote y Fuerteventura. Soria entiende que el Gobierno canario no tiene competencias para interrogar sobre una cuestión de competencia estatal y vaticinó que si Rivero sigue adelante con su plan acabará también ante el Tribunal Constitucional.

El ministro Soria no participó este lunes en el Consejo de Ministros extraordinario que aprobó la remisión del decreto de consultas catalán ante el Constitucional. Estaba en Rabat para mantener varios encuentros bilaterales con distintos ministros y para asistir a la inauguración de un foro sobre turismo. Pero se llevaba la respuesta sobre el desafío catalán muy preparada y rápidamente la derivó hacia lo que sucede en Canarias con los estudios que está realizando la multinacional española Repsol a pocos kilómetros de la costa.

“El Gobierno aún no tiene constancia de que esa consulta se haya convocado ni cuál va a ser el ámbito de competencias que se quiere plantear pero si al final invadiera esas competencias se actuaría igual que en cualquier otro territorio”, señaló Soria para referirse al proyecto del ejecutivo de Coalición Canaria de preguntar a los ciudadanos de las islas su parecer sobre las polémicas prospecciones en marcha por Repsol. Soria apoya totalmente esos estudios, sostiene que Marruecos también los suyos en sus aguas territoriales y lo argumenta en la necesidad de ambos países de reducir su dependencia energética exterior: 97% Marruecos y 99% España. El ministro avisó también de que el Gobierno tiene en este caso también todo preparado para actuar como se ha hecho ante la consulta catalana.

El ejecutivo canario, en cualquier caso, ultima estos días su plan para llevar adelante la consulta y sostiene que ni el Gobierno central ni en su día el Constitucional la podrá parar. Han mirado con lupa el ejemplo catalán y tienen varias alternativas para intentar sortear los previstos escollos políticos y jurídicos. El presidente autonómico, Paulino Rivero, que aprobó esta iniciativa a primeros de 2014 en un consejo extraordinario, está estos días finalizando el periodo que se abrió para consensuar la pregunta y la fecha. Ambas cuestiones las dará a conocer en 10 días para que le dé tiempo a tener lista la maquinaria para organizar la consulta antes del 30 de noviembre, la fecha tope.

La semana pasada se aprobaron los dos decretos de desarrollo de la ley de Participación Ciudadana, que prevé la posibilidad de hacer sondeos, encuestas y “preguntas directas” para asuntos de competencia autonómica. Esa misma semana llegó también el informe que se encargó al Consejo Consultivo de Canarias para armarse jurídicamente con argumentos técnicos ante un presumible recurso del Gobierno central ante el Constitucional. Los responsables autonómicos ya auguran ese recurso y hasta la posible suspensión de esos decretos por el Constitucional, pero por un periodo de cuatro meses, hasta que constaten que no sobrepasan con la futura pregunta las competencias autonómicas y permitan la celebración de la consulta con cierto retraso, para marzo, a apenas dos meses de las elecciones autonómicas y ya en plena precampaña.

Una de las preguntas posibles que la prensa barajó en su momento, “¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?”, parece ahora totalmente descartada. Los responsables de la oficina del comisionado para el autogobierno canario barajan una idea más ambigua y menos concreta que haga alusión a la explotación de los recursos naturales.