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Villar Mir, imputado por el presunto amaño de una concesión en Baleares

Florentino Pérez declara como testigo por un negocio de 635 millones de euros

Dos de los principales constructores y gestores de concesiones públicas de España, Florentino Pérez, del grupo ACS, y Juan Miguel Villar Mir, de la firma OHL, adelantan su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid. El fiscal Pedro Horrach interrogará como testigo a Pérez y en calidad de imputado a Villar Mir y —a un ejecutivo de su empresa—, en relación al caso de la supuesta manipulación en el Gobierno balear de Jaume Matas (PP), en 2006, de la adjudicación de un negocio de 635 millones de euros.

Según la exconsejera balear de Sanidad, Aina Castillo, Matas le ordenó cambiar las puntuaciones de los candidatos a realizar las obras y explotar los servicios del hospital de Son Espases, en Palma. En la disputa ganó ACS tras quedar inicialmente mejor puntuado OHL.

El martes será interrogado como imputado Matas en la cárcel de Segovia, donde cumple pena de 9 meses, desde el mes de julio. La defensa del expresidente y exministro tiene una negociación abierta con la Fiscalía para un posible pacto global de arrepentimiento en las muchas causas que atañen al reo por corrupción.

En el asunto del hospital de Son Espases el fiscal Horrach tira del hilo tras obtener una confesión —pactada— de la persona clave en el proceso, la exconsejera en el último Gobierno de Matas (2003-2007), Aina Castillo. Anticorrupción profundiza además gracias a la colaboración de funcionarios y otros excargos del PP que han dado alas y más pistas a la versión de Castillo sobre  como se sucedieron las interferencias de Matas en los baremos y nuevas actas.

Este caso está pendiente de concretarse con una querella criminal como culminación de las dilatadas diligencias e interrogatorios desarrollados exclusivamente por la fiscalía con la policía de delincuencia económica.

Como en la mayoría de los casos de corrupción política está por documentar si en la eventual manipulación de la concesión del negocio medió el pago de supuestas dádivas. Los investigadores plantearán esa hipótesis a Florentino Pérez y Juan Miguel Villar Mir. Hasta ahora, en este caso de son Espases se indaga la existencia de posibles delitos de fraude a la administración, prevaricación y falsedad.

La arrepentida exconsejera Castillo, imputada en otra causa penal, de supuesta financiación del PP balear en contratos de publicidad, el ‘caso Over MC’, decidió dar el paso, sobre la adjudicación de son Espases, para poder beneficiarse de las atenuantes penales de colaboración con la Justicia, en ésta y diferentes causas en la que cooperará.

Castillo detalló al fiscal la existencia de una supuesta operación ilegal de Matas que siempre negó en declaraciones públicas. El concurso de son Espases se gestionó desde su departamento de Sanidad. Según la exconsejera, Matas, en dos reuniones, le ordenó que cambiara las valoraciones técnicas en la mesa de contratación de la adjudicación de la construcción, explotación de los servicios no médicos y mantenimiento del hospital público de referencia de Baleares.

Matas, de acuerdo con el relato de su consejera y la fiscalía, prefería que ganara un candidato concreto, OHL de Villar Mir pero posteriormente se modificaron las puntuaciones. Aun con otro vencedor final, la investigación sostiene que la operación delictiva, en tentativa, existió.

En la unión que explota el macro hospital, con ACS figuran como socios menores las empresas constructoras y de servicios Melchor Mascaró y Llabrés Feliu, cuyos propietarios están imputados en otros escándalos de corrupción.

Protegida y cómplice

Aina Castillo, abogada de profesión, fue una protegida del expresidente de quien era amiga por relaciones familiares, Matas le aupó al grupo parlamentario y al Gobierno le alquiló un piso en Palma. Castillo intervino, en la sombra, en nombre de Matas ante testigos e imputados del ‘caso Palma Arena’ en la pieza que indagan el enriquecimiento y la compra del ‘palacete’ de Jaume Matas.

Para blindar su confesión y esquivar las posibles presiones y filtraciones, Castillo buscó un abogado de Pamplona, lejos del círculo de penalistas de Palma que trabajan para el PP, y efectuó su confesión en Madrid, en la sede de la Fiscalía Anticorrupción. El esposo de la arrepentida es un político de peso, el número dos del Ayuntamiento de Palma, Julio Martínez.