La juez envía al presunto pederasta a una celda de especial seguimiento

La policía le imputa dos homicidios en grado de tentativa por la "brutalidad de los ataques" El arrestado se negó a declarar en el juzgado y en comisaría

La Policía Nacional, durante el registro del domicilio del presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz.
La Policía Nacional, durante el registro del domicilio del presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz.Kike Para

El presunto pederasta de Madrid ya está entre rejas. La juez de instrucción número 10 de Madrid, María Antonia de Torres Díez-Madroñero, dictó la noche del viernes un auto de prisión comunicada y sin fianza para Antonio Ángel Ortiz Martínez, después de que este se negase a responder sus preguntas. El arrestado, al que la policía atribuye cinco agresiones sexuales a otras tantas niñas de la capital y tres intentos frustrados más, llegó a los juzgados a las siete de la tarde, a punto de que expirase el plazo máximo de detención legal, de 72 horas. Asistido por un abogado del turno de oficio, rechazó declarar ante la jueza, según EFE. Su destino es un módulo de especial seguimiento, tal y como ha recomendado una instrucción de Instituciones Penitenciarias difundida la noche del viernes por Europa Press.

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El presunto pederasta del distrito madrileño de Ciudad Lineal puso en peligro la vida de al menos dos de sus víctimas. No escatimó ni en la violencia que ejercía contra las niñas a las que violaba ni en las dosis de sedante que usaba para narcotizarlas, anular su voluntad y borrar sus recuerdos, según reflejan los atestados policiales incorporados al sumario. “Llegamos a pensar que acabaría matando a alguna”, reconocieron el viernes a este diario fuentes de la investigación. Por este motivo la policía le imputa, aparte de cinco delitos de agresión sexual a menores y otros tres intentos, dos más de homicidio en grado de tentativa, aquellos en los que sus ataques fueron más “brutales”.

La noche del jueves, tras acompañar durante toda la jornada a los agentes en el reconocimiento de la vivienda familiar donde supuestamente cometió dos agresiones —en el distrito de Hortaleza—, también se había negado a responder a los policías. Tras ese maratoniano registro de casi doce horas regresó al calabozo en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, una habitación con una sola ventana y una cámara que lo vigiló permanentemente.

El pederasta logró hacer desaparecer muchas de sus huellas, al lavar a casi todas sus víctimas después de abusar de ellas, pero las gravísimas consecuencias físicas de sus agresiones y la memoria —más o menos distorsionada— de las pequeñas ha empujado a los investigadores a incluir las acusaciones de tentativa de homicidio.

La burocracia complicó el caso

El centenar largo de agentes involucrados en la Operación Candy para detener al pederasta en serie que atacó a cinco niñas este último año en Madrid tuvo que pelear no solo con las dificultades del caso, sino también con la burocracia administrativa. Ni los mandos al frente del operativo ni los investigadores de calle supieron cuando manejaban medio centenar de perfiles de sospechosos que Antonio Ángel Ortiz Martínez había sido condenado en 1998 a nueve años de prisión por un rapto y violación similar a los que se perseguían en Madrid. Los ficheros policiales detallaban media docena de delitos cometidos por este hombre, pero ninguna agresión sexual. Ello se debe a que los agentes que le arrestaron le atribuyeron el secuestro de una niña a la puerta de un colegio de Fuencarral, un distrito al norte de Madrid, que durante la investigación judicial derivó en una condena de abusos a la menor.

El fallo dictado por la Audiencia Provincial de Madrid no modificó los antecedentes policiales de Ántonio Ángel Ortiz Martínez porque los juzgados y el Cuerpo Nacional de Policía utilizan bases de datos distintas que no comparten.

Esa complicación administrativa propició que durante meses los investigadores no pudieran disponer de un dato que hubiese simplificado mucho la criba de sospechosos y hubiera puesto desde el principio a Ortiz Martínez como un objetivo prioritario, puesto que ya había cometido crímenes similares a los que se perseguían. El propio jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díaz, admitió el miércoles estas complicaciones durante una entrevista en un programa de Antena 3 Televisión. Policías que han estado inmersos en la investigación del caso durante los últimos meses ratifican esas disfunciones entre la burocracia judicial y el papeleo de la policía.

Pese a ello, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, sostuvo ayer que el único detenido por la operación Candy sí figuraba en la lista de pederastas que manejaban los cuerpos de seguridad. Cosidó aseguró que, aunque el intercambio de información entre juzgados y polícia se puede mejorar, en este caso “la información sí funcionó”.

“Trágate esto”, les decía con actitud intimidatoria a las niñas para obligarlas a tomarse las pastillas sedantes, “un derivado del Orfidal”, según fuentes de la investigación. Así lo recordó alguna de las menores en su atroz relato a los agentes del grupo del Servicio de Atención a Familia (SAF), liderado por una inspectora de la comisaria general y especializada en el trato con niños. Antes de drogarlas, les ofrecía golosinas para embaucarlas; y en algunas ocasiones también después, para intentar que se tranquilizasen. Así lo aseguran agentes de la Operación Candy (golosina, en inglés), una de “las más complejas”, en palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha realizado la policía.

La larga lista de delitos que los investigadores atribuyen al “enemigo público número uno” —según lo definieron la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y distintos mandos policiales— incluye el de allanamiento de morada. Se refiere al primero de sus ataques, desconocido hasta su detención, el pasado miércoles en Santander. Ocurrió en Coslada, el 11 de julio de 2013. Supuestamente, ese día el pederasta abusó de una niña china a la que abordó en su portal y la convenció de que sus padres le pidieron que la acompañara. La familia nunca denunció este caso que la pequeña tampoco contó en casa.

Desde el arresto del único detenido en esta operación, la policía ha recopilado posibles pruebas incriminatorias tras peinar la vivienda que el detenido usaba presuntamente como piso franco para atacar a algunas de las menores. Allí los agentes de la policía científica recuperaron restos de vómito y pisadas infantiles que ratifican el relato de una de las niñas. Este testimonio, el más valioso de todos los que se han recogido es el que llevó a los agentes hasta esa casa. Los restos biológicos están siendo analizados para cotejar si coinciden con el ADN de alguna de las menores.

La gestión de la información que ha realizado el Ministerio del Interior sobre este caso ha provocado malestar entre los jueces de Plaza Castilla. Algunos magistrados han manifestado su temor a que la proliferación de noticias sobre un sumario todavía secreto pueda derivar en una posible vulneración de los derechos fundamentales del detenido. Hasta el punto de que la juez De Torres advirtió el viernes de que no pensaba informar de su decisión sobre el arrestado. Pese a las cautelas mantenidas por los investigadores que protegieron a su detenido para evitar mostrar su rostro, una vez que se desveló la identidad del presunto pederasta, las fotografías de su cara han invadido las páginas de los periódicos y las pantallas de las televisiones.

Esta circunstancia podría invalidar las ruedas de reconocimiento previstas para el próximo lunes y martes, en las que deben participar algunas víctimas para identificar a su agresor. Las quejas de esos jueces se basan en que la difusión de esas imágenes podría llevar a la defensa a alegar la “contaminación” de esa prueba argumentando que las menores podrían haber visto esas fotografías en medios de comunicación.

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