La sombra de Cataluña

Con la firma este sábado de la ley de consultas aprobada por el Parlamento de Cataluña, en virtud de la cual Artur Mas da la salida a la etapa final del conflicto, se pone en marcha una secuencia cuyos primeros episodios se encuentran escritos de antemano: búsqueda de una máxima repercusión mediática al acto, reunión del Consejo de Ministros (previo informe del Consejo de Estado), impugnación por aquél de la ley catalana y suspensión inmediata de la misma con la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional. En el recorrido, sin duda, habrá alguna sorpresa, tal vez en el Consejo de Estado, pero, por lo demás, esta parte del futuro no ofrece dudas.

Se invierten así los puestos en la carrera por la independencia que en los años noventa autorizaba a Xabier Arzalluz a mirar por encima del hombro a los catalanes. Ahora, el PNV se encuentra en la difícil posición, al menos en lo que concierne al lehendakari Urkullu y a sus seguidores en el partido, obligados a plantear una reivindicación que, sin llegar al extremo de la catalanista, les avale en su pretensión de ser los verdaderos portavoces de la nación vasca. Tienen además ahí a Bildu, que, frente a la solución intermedia propugnada por Urkullu ante el Parlamento vasco, les recuerda que el objetivo debe ser la autodeterminación. Paralelamente, allí donde ejercen el poder, como en San Sebastián, más que de debates sobre cuestiones generales, Bildu se entrega a la tarea —por el momento bloqueada— de imponer la separación simbólica, con la designación en euskera (léase con desaparición del castellano) de todas las calles de la ciudad. Así, el independentismo no avanza, pero los vascos se encuentran sumidos en un extraño imaginario, donde la televisión anuncia atascos de los veraneantes franceses en el paso a Iparralde (léase Francia) o las señales anuncian que de Gipuzkoa se va a un lugar llamado Lapurdi, que dejó de existir hacia 1790. Como entretenimiento no está mal.

El callejón sin salida se refleja en el llamamiento de Urkullu a un nuevo pacto con el Estado. Es un planteamiento neoforalista, que da por supuesto que con la actualización de los Derechos Históricos se llegaría a una "soberanía compartida", cuyos contornos todavía no define; única fórmula a su juicio de responder a "la identidad nacional vasca". Como siempre, la pobre Constitución está para ser vulnerada, según el principio de que la ley ha de ceder ante la voluntad popular, una vez que ha cumplido su papel de avalar los famosos Derechos Históricos (sin recordar que la actualización de estos ha de ser intraconstitucional), en abierto rechazo de "la concepción estatalista fagocitadora". Y, al fondo, la consulta “sobre nuestra vertebración política". Nunca patriotismo autonómico.