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“Hay puertas giratorias tan groseras que son casi sobornos”

Transparencia Internacional critica los fichajes de expolíticos por grandes empresas

La organización suspende a España por la opacidad de sus 'lobbies'

España acumula suspensos en transparencia. Ahora, en el capítulo de lobbies. Lo ha constatado la ONG Transparencia Internacional en un informe financiado por la Comisión Europea y en el que ha trabajado un equipo de 21 personas a lo largo de un año. La nota final del estudio es de suspenso y en cuatro categorías España obtuvo un redondo 0 en una escala de 0 a 100. "No hay una normativa que garantice conocer en todos los casos quién influye, cómo, sobre quién, con qué resultados y con qué medios económicos lo hace", denuncia el documento. Otros 19 países europeos han realizado el mismo estudio y sus resultados se conocerán en las próximas semanas.

"Los datos de conexión entre negocios y políticos son alarmantes", ha asegurado el director del estudio, Manuel Villoria. Eso explica que la percepción de la corrupción sea mucho más elevada en España que en el resto de Europa, como muestra el Eurobarómetro.  El 93% de españoles considera que "el favoritismo y la corrupción dañan la competitividad de los negocios en el país" (la media europea está 20 puntos por debajo); En España el 52% (cinco puntos más que la UE) piensa que "la única forma de tener éxito en los negocios es haciendo uso de conexiones políticas"  y un 88% (18 puntos por encima que la UE) cree que "los sobornos y el abuso de poder están generalizados entre los políticos". 

El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, advierte que la opacidad que rodea al mundo del lobby y la falta de transparencia y de regulación sobre los mismos aumenta considerablemente el riesgo de corrupción. Por eso, la primera recomendación que los autores del informe hacen a las autoridades españolas es hacer un registro de lobbies obligatorio no solo para lobistas profesionales, sino también para todos los representantes del sector privado, ONG, organizaciones religiosas, despachos de abogados, consultoras etcétera, que actúan como tales. Y no solo a nivel estatal,sino también autonómico.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se refirió al asunto durante el debate sobre el estado de la nación, el 20 de febrero de 2013: "Creo que sería positivo incluir también la regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses, los llamados lobbies, con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites", dijo. Al pronunciar aquellas palabras confirmaba que tal regulación no iba a incluirse en la ley de transparencia -que entra en vigor en diciembre de este año-, pese a que todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, habían solicitado que sí se incluyera. En la actualidad no hay ninguna ley que regule los lobbies.

La opacidad y la falta de regulación es el mejor caldo de cultivo para el tráfico de influencias, las negociaciones prohibidas o el soborno. "Hay modalidades de puertas giratorias que son tan groseras que son casi un soborno", ha asegurado Villoria, refiriéndose al habitual fichaje de expolíticos en grandes empresas.

Ana Revuelta, otra de las investigadoras que ha participado en el informe, puso números a la información analizada: los lobbies españoles obtuvieron una puntuación de 10 sobre 100 en transparencia, un 35 sobre 100 en integridad y un 17 sobre 100 en la igualdad de acceso a la información (la participación pública en la toma de decisiones frente a grupos que defienden intereses empresariales muy específicos). "Debería ser obligatorio que los lobbies registren su actividad y que pudiéramos conocer su agenda de trabajo: con qué cargos públicos se reúnen, qué presupuestos manejan..."

Esteban Arribas y Elena Herrero, también investigadores del estudio, pusieron algunos ejemplos prácticos de "malas prácticas o prácticas no éticas" debido a la acción de lobbies, como el cierre de la central nuclear de Garoña, la concesión de licencias de TDT, la ley de propiedad intelectual, las cajas de ahorro o el caso Bankia.

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