Una gestión polémica en el Ministerio de Justicia con un legado inacabado

Alberto Ruiz-Gallardón es de esos políticos que deja huella en los cargos. Siempre va más allá de los programas y llena de contenido y casi siempre de polémicas su gestión.

Ahora con su dimisión deja tras de sí un reguero de decisiones y leyes polémicas en las que ha logrado pocos apoyos. Esta es una parte de su legado:

- Consejo General del Poder Judicial. Al inicio de la legislatura aseguró que era inconstitucional la elección parlamentaria de todo el Consejo General del Poder Judicial. A mitad de legislatura cambió de criterio y pactó con los partidos una renovación con elección parlamentaria de todos sus miembros sin volver a mencionar la supuesta inconstitucionalidad.

Lo que sí hizo fue cambiar la ley para quitar competencias a ese órgano y establecer vocales de primera y de segunda, es decir, unos con dedicación exclusiva y otros no. En la práctica eso ha provocado problemas y el propio Consejo ha modulado esa regulación para liberar de parte de su trabajo a los vocales sin dedicación exclusiva.

La reforma fue aprobada sin más apoyos que el del PP y está recurrida en el Tribunal Constitucional.

- LOPJ. Gallardón ha impulsado un anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, rechazada por todos los sectores de la Justicia, con una reorganización de la administración de Justicia. Por ejemplo, introduce la posibilidad de que tres jueces instruyan casos importantes. Este texto está parado en el Consejo de Ministros y es difícil que pueda salir en esta legislatura por falta de tiempo para la tramitación parlamentaria. Los informes consultivos fueron negativos.

- Código Penal. Hace un año remitió al Congreso un nuevo Código Penal con algunas polémicas como la prisión permanente revisable, equivalente a una cadena perpetua revisable. Tiene rechazo de la mayoría de la oposición. Lleva un año en el Congreso con sucesivas ampliaciones de plazos de enmiendas que hacen difícil su aprobación esta legislatura. Los expertos que han comparecido en el Congreso han criticado la mayoría de sus preceptos.

- Tasas. La casualidad ha querido que Gallardón se vaya mientras se discute y vota en el Congreso una iniciativa del PSOE para eliminar las tasas judiciales que implantó en el inicio de la legislatura. Solo los votos del PP aprobaron esta medida y ahora han rechazado en el Congreso la derogación. La medida fue aprobada en el inicio de la legislatura y está recurrida en el Tribunal Constitucional. Supone extender a todas las jurisdicciones, salvo la penal, las tasas para recursos. Gallardón asegura que las tasas han sido compensadas con la ley de Justicia gratuita.

- Ley de Enjuiciamiento. El ministro de Justicia constituyó un comité de expertos para hacer una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, necesaria para cambiar el proceso penal. El PP admitía por primera vez la posibilidad de que los fiscales instruyan procesos. Fue aparcada y tampoco saldrá esta legislatura.

- Registros. Una de las medidas más polémicas ha sido la cesión a los registradores mercantiles la gestión de los registros civiles. Está en vigor desde agosto un decreto que modifica la ley de registros que aprobó el último gobierno del PSOE y que no llegó a entrar en vigor. Algunos colectivos y partidos hablan de privatización de los registros.

- Aforados. En agosto el ministro anunció en EL PAÍS que los aforados se reducirían a 22, aunque eso supusiera cambiar la Constitución y los Estatutos de autonomía. Luego el Gobierno ha ido matizando y quedó en la posibilidad de eliminar el aforamiento de jueces y fiscales. Sin embargo, está pendiente del futuro pacto de regeneración con el PSOE y de una reforma legal que peligra por el final de la legislatura.

- Colectivos judiciales. Las carreras de fiscales y jueces, pese a ser mayoritariamente conservadoras, están enfrentadas con el ministro de Justicia por medidas como la eliminación de sustitutos lo que implica pérdida de calidad en el trabajo. En esa batalla están hasta las asociaciones conservadoras y organismo como el Consejo Fiscal con mayoría conservadora.

- Aborto. Es el anteproyecto de ley que ha acabado con Gallardón. Fue defendida por él con ardor y anunció en varias ocasiones que sería aprobado. Sin embargo, el Gobierno lo hizo suyo al pasar el 20 de diciembre de 2013 por el Consejo de Ministros y recibir apoyo expreso y público de Rajoy en forma de reiteradas declaraciones públicas.

La prueba evidente de este relato de su gestión es que ninguna asociación ni colectivo vinculado con la Justicia ha lamentado la dimisión. Más bien al contrario.