Una reforma penal liberará a decenas de presos españoles en Ecuador

Lo delataron sus labios secos. La tarde del 11 de septiembre de 2011 Fernando García acababa de pasar con éxito el escáner, el detector de metales y el control de pasaportes del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil (Ecuador), pero este frutero barcelonés no podía evitar el nerviosismo. Temía, además, que los demás lo notaran. Se acababa de sentar, impaciente, a esperar su vuelo de la aerolínea chilena LAN con destino Madrid cuando se le acercaron dos policías. Tras revisar de nuevo su documentación se lo llevaron a la máquina body scan, esa que generó tanta polémica en Europa por hacer una radiografía de los pasajeros. En su intestino descubrieron 43 preservativos rellenos de cocaína. Jamás tomó ese avión.

De nada le sirvió su justificación. Que estaba buscando trabajo y que los narcos que lo captaron le prometieron que le ayudarían a encontrarlo. Que quien le contactó en Ecuador, un colombiano, le había engañado y le había mantenido secuestrado hasta que se tragó toda su carga, 1.560 gramos de cocaína ya procesada. Dio igual que los policías que lo detuvieron lo creyeran o que el tribunal no tuviera ninguna duda de que, efectivamente, había sido utilizado. Lo condenaron a ocho años de prisión en una penitenciaría con condiciones de cumplimiento infames comparadas con las de las cárceles españolas. A miles de kilómetros de su casa, de su familia, de su país...

Fernando, que aparece con nombre ficticio en esta información, es uno de los 85 presos españoles que cumplen condena en Ecuador por delitos de narcotráfico, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. En su inmensa mayoría no se trata de grandes delincuentes con antecedentes, ni capos de las organizaciones de narcos. Son simples mulas. Personas en muchos casos en situación económica desesperada que ceden a las promesas de dinero fácil de las bandas de traficantes. Ahora, gracias a una reforma penal aprobada por el gobierno de Rafael Correa, decenas de ellos podrían salir de la cárcel.

Hasta el pasado agosto, la ley ecuatoriana de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ahora derogada, condenaba con una pena de entre 8 y 12 años a quienes efectuaran “corretaje o intermediación” en la venta de drogas. Daba igual que el procesado intentara sacar del país un gramo o 20 kilos de coca, la pena oscilaba siempre entre esos dos límites. Sin embargo, el núevo Código Orgánico Integral Penal —aprobado en febrero pero en vigor desde el 10 de agosto— modula el castigo en función de la cantidad interceptada lo que, en el caso de la mayoría de las mulas —que no suelen portar cantidades superiores a dos kilos— supone una importante reducción de condena.

Ahora, por cantidades de menos de 50 gramos el castigo queda reducido a entre dos y seis meses; entre uno y tres años si se portan menos de dos kilos; y hasta siete años (menos de la pena mínima prevista con la anterior legislación) si la cantidad incautada está entre los dos y los cinco kilos. La pena máxima, de entre 10 y 13 años, solo queda reservada para los traficantes que el código denomina “a gran escala”, los que superan los cinco kilos.

El mecanismo jurídico que permite esta rebaja del castigo es la retroactividad de las disposiciones penales más favorables, un derecho fundamental que obliga a revisar las penas de los condenados a la baja en caso de que las leyes criminales aprobadas con posterioridad a sus sentencias las reduzcan. En el caso de Fernando, que se había tragado 1.560 gramos cuando fue detenido, la pena de ocho años podría quedar reducida, como máximo a tres. Como fue detenido el 11 de septiembre de 2011, ya habría cumplido su condena con lo que tendría que ser excarcelado.

Las reducciones de condena y excarcelaciones no solo afectan a los 85 españoles prisioneros en Ecuador. También a los 24 que se encuentran en cárceles españolas gracias al convenio sobre el traslado de personas condenadas firmado entre los dos países, a los que se sumarían los que estén ya en libertad condicional, según fuentes de la Audiencia Nacional.

“El que quiera beneficiarse de esta reducción de condena debe solicitarlo designando a un abogado ecuatoriano. Es ese defensor el que tendrá que solicitar la revisión del caso al juez. Este convocará una vista en la que se escucharán los argumentos tanto del letrado del condenado como del fiscal antes de tomar una decisión”, explica Gerardo Esteva, abogado miembro de Atención al Detenido en el Extranjero (ADE), un despacho de Motril (Granada) que se encarga de coordinar a abogados ecuatorianos que defienden a estos presos así como de intentar mejorar su vida en prisión y apoyar a sus familias en España. “Si el preso ya ha conseguido su traslado a España, tras la audiencia en Ecuador, deberá presentar la resolución de ese país en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la que se encarga de los asuntos penitenciarios. Ese tribunal es el que confirmará la reducción de la condena o la salida de prisión si es el caso”, añade.

La primera de estas audiencias ante la justicia ecuatoriana solicitada por un preso español ya está fijada para el próximo 23 de septiembre. El condenado, una mula más, como Fernando, fue detenido en el aeropuerto en octubre de 2013 con 1.970 gramos de cocaína encima. Espera que el proceso de revisión de su condena se la reduzca a un año. Si lo consigue, podría dejar la cárcel y volver a España en breve. El mes que viene.