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El juez Castro tras la pista de una maqueta de Calatrava

El instructor del ‘caso Palma Arena’ concluye otra causa penal con Matas como único imputado

El arquitecto Santiago Calatrava, en el complejo de la Ciudad de las Artes de Valencia en una imagen de archivo.
El arquitecto Santiago Calatrava, en el complejo de la Ciudad de las Artes de Valencia en una imagen de archivo.

El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha ordenado a la Policía Nacional que investigue y localice el almacén de Palma donde fue depositada una maqueta del proyecto de la ópera acuática, sobre la bahía de Palma. Santiago Calatrava cobró 1,2 millones del Gobierno de Baleares de Jaume Matas (2003-2007), del PP, por la idea de este teatro lírico non nato, una obra que debía costar 100 millones. Matas figura ahora como único imputado en el caso de este escándalo, por supuesta malversación, fraude y prevaricación, tras exonerar el juez al polémico constructor valenciano de edificios espectaculares. Calatrava, que declaró como imputado en el juzgado en febrero de 2011 por esta pieza separada, reclamó el retorno de su miniatura.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach consideró, en 2011, que existen indicios de criminalidad en esta iniciativa oficial frustrada. Matas perdió el poder en 2007 y, antes, la Junta Electoral le prohibió presentar la maqueta de la ópera flotante, por vulnerar la obligada neutralidad partidista desde el Gobierno durante la campaña para los comicios. El Gobierno de Matas gastó además unos 100.000 euros en la abortada presentación y Calatrava plantó una escultura gigante sobre la muralla de Palma, en el museo Es Baluard.

El fiscal Horrach consideró ilegal el proceso de encargo, adjudicación y pago de una miniatura de la ópera y un vídeo. El fiscal acusó a Matas de “un montaje meramente electoral” y "un irrealizable proyecto" para beneficiar "sus intereses propios como candidato". El juez fijó contra el exlíder una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros.

Matas, está preso desde julio de 2014 en Segovia con una condena de nueve meses por tráfico de influencias, declaró al juez que adoptó “una decisión política y plenamente legítima” para “adquirir una calatrava”. El juez mantiene que simuló negociaciones, trámites y plazos para "beneficiar de forma arbitraria e injustificada a un particular".

Castro, además de ordenar seguir el rastro de la maqueta del teatro ópera, ha citado a 17 testigos, para dos días: el 6 y 7 de octubre. Todos los emplazados están ligados al proceso de presunta contratación a dedo a Calatrava. Uno de los testigos es el diplomático y político del PP, Fernando Villalonga, que fue director de la oficina de Calatrava y después responsable de las Artes del Ayuntamiento de Madrid.

El juez quiere interrogar, además, a los empresarios de seis compañías de publicidad, diseño, relaciones públicas y montajes, que percibieron más de 100.000 euros en contratos menores fragmentados, por la teórica preparación de la presentación (no realizada) del calatrava de Matas.

Asimismo, entre los citados a explicar el proceso de contratación directa de Calatrava están ex altos cargos del PP y funcionarios. Matas tramitó el pago de la maqueta de la ópera a través del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec) y su máximo responsable, el antiguo consejero de Educación y Cultura, Francisco Fiol, estuvo imputado. Fiol quedó al margen de la causa en junio de 2014, al mismo tiempo que fue desimputado Santiago Calatrava.

El instructor José Castro concluyó su dilatada investigación del caso Urdangarin, asunto que ahora está a expensas de que la Audiencia de Palma resuelva los recursos y defina el listado de imputados, en especial si debe sentarse en el banquillo de los acusados, en el juicio, la Infanta Cristina, esposa de Urdangarin y hermana del Rey Felipe VI.