El Gobierno prepara un consejo extraordinario para frenar la consulta

El Gobierno prepara un Consejo de Ministros extraordinario para este mismo fin de semana por si la Generalitat convoca la consulta independentista el viernes, inmediatamente después de que el Parlamento catalán apruebe la ley de consultas. El Ejecutivo tiene todo listo a la espera de que se mueva el president Artur Mas. Si este cambia sus planes y retrasa algo la convocatoria del referéndum, el Ejecutivo actuará en consecuencia.

En La Moncloa, como sucede siempre en la crisis catalana, sujeta a muchas incógnitas y con poca información de lo que se mueve en el mundo de Mas —a Rajoy le sorprendió el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum en diciembre de 2013— se han preparado varios escenarios, pero en todos ellos hay una decisión política de fondo: la respuesta será inmediata, todo lo rápida que dejen los plazos, para transmitir el mensaje —no solo dentro de España sino también fuera, en Europa— de que el Ejecutivo controla la situación. El Gobierno quiere lograr que el referéndum independentista, el primero que se convoca en la historia democrática de España, tenga una vida de apenas unos días, incluso horas.

Los plazos más rápidos que se manejan en La Moncloa, el Ministerio de Justicia y la Abogacía del Estado, los principales implicados en esta operación, pasan por una convocatoria exprés de la consulta en Cataluña, que estaría publicada en el boletín oficial, de forma electrónica, incluso el mismo viernes o el sábado. Entonces se convocaría un Consejo de Ministros extraordinario, presidido por Mariano Rajoy, para aprobar uno o dos recursos —esta última es la opción más probable— el sábado o el domingo.

Los textos están ya preparados a la espera de los últimos flecos en función de lo que pueda aprobar el Parlamento catalán y la Generalitat, pero el trabajo de la Abogacía del Estado está prácticamente culminado, según el Gobierno.

Si el ‘president’ firma el decreto el viernes, Rajoy lo impugnará el sábado

A partir de ahí, y también a toda velocidad, el recurso se enviaría al Consejo de Estado, como es preceptivo, para que se pronuncie, si es posible, ese mismo lunes. El objetivo sería que el Tribunal Constitucional pudiera estudiar los recursos en su pleno de la próxima semana, que comienza el martes. Si los admitiera a trámite en ese pleno, como espera el Ejecutivo, la consulta habría tenido una vida jurídica de unos pocos días, porque quedaría automáticamente suspendida. En principio, es posible hacerlo, pero todo depende de los movimientos de la Generalitat y también del propio Consejo de Estado y del Constitucional, organismos en los que el Ejecutivo no espera encontrar ninguna resistencia ni siquiera a los plazos rápidos que desea.

Si la ley de consultas entra en vigor el viernes o el sábado y la Generalitat decide retrasar la convocatoria formal de la consulta al lunes o martes, la duda en el Gobierno está en si realizar igualmente un Consejo de Ministros extraordinario solo para recurrir la ley, y tal vez otro más unos días después para la consulta. No hay decisiones tomadas y todo está a la espera de los movimientos de Mas, pero tampoco se descarta este último escenario. La decisión política de fondo es ofrecer una imagen de firmeza y de seguridad jurídica, de “país serio”, un término que usa mucho Rajoy.

Si Mas decide retrasar mínimamente sus planes, en esta jugada de ajedrez entre los dos Gobiernos, el Ejecutivo tendría que adaptarse con una dificultad política añadida: Rajoy viaja el martes por la noche a China, y no volverá a España hasta el sábado. Es un viaje de contenido sobre todo económico varias veces retrasado por motivos políticos —el proceso de la Audiencia Nacional contra la anterior cúpula del régimen chino por genocidio en el Tibet, que llevó al Ejecutivo a cambiar la legislación sobre justicia universal, lo que provocó su archivo— y que el presidente no quiere ni puede anular.

El PP intenta que el referéndum tenga una vida jurídica de apenas unos días

Rajoy no estará pues en el Consejo de Ministros del viernes, y para La Moncloa es importante que el presidente esté, aunque sea de forma simbólica, cuando se tome esta decisión clave de la legislatura.

En cualquier caso, si se aceleran mucho los trámites, el presidente estará muy probablemente fuera de España cuando el Constitucional tome la decisión clave y la Generalitat reaccione. Ese es el momento decisivo que espera el Ejecutivo. Todo está prácticamente escrito, con una diferencia de días, hasta el momento en que el Constitucional suspenda la consulta. A partidir de ahí, todo son incógnitas. El Ejecutivo sigue convencido de que Mas no sacará las urnas a la calle, aunque aún tiene dudas porque la presión de ERC es muy fuerte, con el caso Pujol y una posible comisión de investigación de fondo.

Mientras, el Gobierno catalán mantiene un hermetismo absoluto sobre el calendario a seguir tras la aprobación de la ley de consultas no refrendarias. El Parlamento convocó formalmente ayer un pleno extraordinario para el próximo viernes a partir de las 16,30 horas con ese único punto en el orden del día.

La sesión no se espera que se prolongue más allá de dos horas, pues los grupos parlamentarios únicamente han de explicar su posicionamiento y votar las enmiendas del PSC y la CUP que serán rechazadas con toda probabilidad.

A partir de la aprobación de la ley, Mas ya puede firmar el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre en cualquier momento.

El escenario más probable es que esa rúbrica se produzca el mismo viernes por la tarde y que la ley y el decreto se publiquen en una edición digital del Diario Oficial de la Generalitat en la tarde-noche del día 19. Eso permitiría al Gobierno de Rajoy reunirse durante el fin de semana para acordar formalmente la interposición de los recursos pertinentes: contra la ley y contra el decreto.

La presidencia de la Generalitat guarda un celo escrupuloso sobre cuándo se producirá la firma del decreto y en los últimos días se ha especulado que podría demorarse hasta el próximo lunes, pero la fecha más probable que se maneja es la del viernes, lo que coincidiría con los plantes previstos por La Moncloa.

A partir de ahí, los servicios jurídicos de la Generalitat consideran que habrá dos recursos del Gobierno. El que se interponga ante el Tribunal Constitucional será contra la ley emanada del Parlamento catalán y su admisión tiene efectos suspensivos de la norma. Después queda el otro recurso contra el decreto de convocatoria de la consulta.