Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Díaz pasa su primer curso

La presidenta de la Junta de Andalucía enmienda la política de sus antecesores sobre el control de los fondos públicos en su año de mandato y presume de estabilidad

Susana Díaz se dirige al aeropuerto de Sevilla en su coche oficial en enero.
Susana Díaz se dirige al aeropuerto de Sevilla en su coche oficial en enero.

Uno de los aspectos más notables del PSOE de Andalucía, desde que ganó las primeras elecciones autonómicas en 1982, es su capacidad de reinventarse, de inocularse vacunas antiedad cuando huele que su ciclo electoral está agotándose. Es una regla que no se enseña pero que se transmite de modo genético en todas las agrupaciones socialistas en esta comunidad. Susana Díaz Pacheco (Sevilla, 1974) cumple hoy 365 días desde que tomó posesión como presidenta de la Junta y ha aplicado esta norma desde el primer día. En un año, su gestión ha supuesto una especie de enmienda a la totalidad a lo hecho por otros gobiernos socialistas sin provocar rupturas, ni crisis ni enfrentamientos internos, pero poniendo los cimientos para cegar los portillos administrativos por los que se colaron casos de corrupción como el de los ERE o el fraude en los cursos de formación, investigado también en diferentes juzgados.

En su investidura, Díaz situó la lucha contra la corrupción como su primera prioridad y se comprometió a combatirla “en todos los frentes” y “sin descanso”, por encima incluso del paro. Este objetivo le llevó a adoptar una serie de medidas como la de incrementar los controles sobre las transferencias de financiación y la fiscalización previa de las subvenciones. O la de promover un cambio en la ley de formación profesional por la que todas las convocatorias de subvenciones se hagan con concurrencia y se eliminen las exoneraciones de justificar las ayudas. La presidenta andaluza ha construido en torno a ella un muro de contención que le separe de cualquier irregularidad cometida en etapas pasadas, ha aprobado una ley de Transparencia, muy similar a la estatal, y ha hecho gestos como el de publicar las declaraciones de renta de todos los consejeros del Ejecutivo Gobierno de coalición de PSOE e IU y de sus cónyuges.

Los socialistas atribuyen todas estas iniciativas al empeño de su líder, aunque Izquierda Unida discrepa de plano y se anota en su casillero la construcción de estos cortafuegos, diseñados par impedir nuevos escándalos en el futuro. “Eso no lo hace ella, como si fuera la fundadora del peronismo, sino el Gobierno en su conjunto”, advierten un dirigente de Izquierda Unida.

Por el contrario, en el PSOE subrayan que desde que Díaz sustituyó hace un año a José Antonio Griñán, “las líneas del Gobierno ya no las marca IU”. Estas opiniones denotan la tensión contenida entre los socios del Gobierno autonómico, que vivieron en abril pasado una fuerte crisis a cuenta del realojo de 17 familias que ocuparon la corrala La Utopía y que apunto estuvo de provocar la ruptura del pacto de coalición.

La salud del acuerdo se someterá a una nueva prueba de resistencia con la elaboración del presupuesto andaluz para 2015, que deberá elaborarse con 600 millones de euros menos, según los datos de la Consejería de Hacienda. Es otro recorte más que se suma al del ejercicio actual de 1.200 millones y a otro anterior de 2.500, por la obligación legal de cumplir con el objetivo de déficit. Díaz y el coordinador de IU, Antonio Maíllo, hablaron este martes de las cuentas del año que viene y la música no desafina, aseguran fuentes de ambas formaciones, pero aún no se ha bajado al terreno de los números. La posibilidad de un adelanto electoral si no hay Presupuesto no la niega ni PSOE ni IU. “Eso es una obviedad”, dice el consejero de la Presidencia, el socialista Manuel Jiménez Barrios, quien a renglón seguido afirma que Díaz apuesta por la “estabilidad política con horizonte de futuro”. Hay acuerdo sobre dos compromisos adquiridos públicamente como los de restaurar los complementos de las pagas extra a los funcionarios (que supone entre 320 y 350 millones) y restituir la jornada laboral y el salario a los profesionales sanitarios. Los recortes presupuestarios se han notado sobre todo en la sanidad andaluza, algo que Díaz en sus visitas no oficiales y como usuaria a los hospitales ha comprobado con sus propios ojos.

La estabilidad de un gobierno social-comunista, como suele decir el PP, es lo que la presidenta de la Junta ha ensalzado ante el mundo empresarial. Los patrones de las principales empresas y bancos del país (Santander, Telefónica, Iberdrola, La Caixa, Endesa, BBVA) han firmado convenios con Díaz para becas, financiación de pymes y de la propia Administración. El poder económico ve a Díaz con una innegable proyección de futuro dentro del PSOE, aunque tampoco olvidan que en Andalucía viven 8,4 millones de personas y es la tercera economía del país en cifras absolutas.

Díaz renunció al liderazgo federal del PSOE cuando Alfredo Pérez Rubalcaba abandonó la secretaría general, pese a las muchas peticiones que recibió de los más poderosos de los ámbitos político, social y económico del país para que diera el paso. Pero los suyos en Andalucía —“mi gente”, los llama ella— eran muy contrarios al salto a la política nacional. Advertían que el PSOE andaluz no está débil, pero carece de la musculatura de otros años, y que Díaz antes de pasarse a otro carril debe aprobar la asignatura de ganar unas elecciones como candidata a la Junta de Andalucía.

Ni los acuerdos con las grandes empresas ni todos los recursos públicos de la Junta en programas específicos de empleo, estimados en 900 millones de euros, han logrado que se baje del millón de parados en Andalucía, otra de las obsesiones del Gobierno andaluz. Los planes autonómicos están ligados a convenios con los Ayuntamientos y, según Jiménez Barrios, “ahora darán su fruto”.

El presidente del PP andaluz desde marzo pasado, Juan Manuel Moreno Bonilla, admite que la llegada de Díaz supuso un “cambio generacional que hacía falta en el PSOE”, pero un año después “no hay proyectos ni ideas, ni iniciativas ni reformas”. También opina que actúa de manera “tibia” frente a la corrupción. “Toda su acción esta volcada en una política de gestos, reuniones y fotos, pero nada de gestión”, asegura.

“Profundizar en la democracia y destinar 900 millones a crear empleo es gestión”, replica Jiménez Barrios.

Más información