El exconsejero Ojeda captó fondos estatales cuando ya era investigado

La operación policial sobre un supuesto fraude en cursos de formación de la Junta de Andalucía que desembocó el pasado lunes en la detención del exconsejero de Hacienda de ese Gobierno entre 1987 y 1990, Ángel Ojeda, sigue abierta, con nuevos arrestos y registros en marcha. Los agentes detuvieron ayer a otra persona vinculada al dirigente socialista y realizó nuevas inspecciones. El excargo público socialista seguía anoche en la comisaría de Sanlúcar de Barrameda (donde pasaba las vacaciones cuando fue detenido) a la espera de declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Míguel Ángel López Marchena. De los nueve detenidos desde el lunes, cuatro han quedado en libertad, entre ellos, el hijo del exconsejero, Marcos Ojeda, quien había sido arrestado en Madrid también por sus vinculaciones a la empresa familiar receptora de las ayudas públicas. La Junta de Andalucía evitó este lunes cuantificar el monto total del supuesto fraude y aseguró que la revisión de los expedientes se demorará hasta finales de 2015, informa Manuel Planelles.

El entramado empresarial de Ojeda siguió recibiendo ayudas públicas incluso después de que la policía hubiese empezado a investigar la presunta captación ilegal de los fondos de formación. En noviembre de 2013 con las pesquisas en marcha sobre las subvenciones de la Junta de Andalucía, la red logró captar otros cinco millones de euros de dinero público estatal con idéntico fin.

La paradoja es que tal concesión se hizo a través de la Fundación Tripartita (en la que están representados el Gobierno, sindicatos y patronal) pese a que Comisiones Obreras denunció internamente prácticas similares a las que la policía envió por escrito en sus informes a la fiscalía Anticorrupción: “Lo que podemos ver es que los solicitantes de los cuatro expedientes están relacionados por más de un vínculo (propiedad, alquileres, cargos) y que se alquilan locales los unos a los otros. Así, por ejemplo, Ángel Ojeda aparece en varios expedientes como presidente del patronato de Forpe (expediente F130405), presidente de la Asociación de Empresas Aeronauticas (F130529AA), de la Agrupación de Empresas Aeronauticas de Andalucía (F130405AA), representante legal de Inteca (F130554AA) y presidente de Humanitas (F130534AA)".

La denuncia que entonces presentó CCOO contra Ojeda para impedir el cobro de tales fondos estatales era contundente: “Tanto Forpe [fundación integrada por varias firmas de Ojeda] como las asociaciones que las integran hay suficientes noticias sobre mal uso abuso de fondos públicos, incluso varios procedimientos abiertos en juzgados de lo penal e inspección de trabajo por impartir cursos de dudosa eficacia a los trabajadores de la extinguida factoría de Delphi, formadores no dados de alta en la seguridad social, facturas falsas, cursos supuestamente no realizados”.

Los reparos de este sindicato no fueron suficientes para impedir que los cursos fueran adjudicados por la Fundación Tripartita. CCOO afirmó que poseía pruebas de sus denuncias pero según las fuentes consultadas, nadie se las requirió. Pese a la oposición de CCOO; la fundación avaló la adjudicación de fondos a las firmas de Ojeda con los votos favorables de cinco representantes sindicales, cinco de la patronal y cinco del Ministerio de Trabajo. En un trámite posterior la directora general del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), Reyes Zatarain, del ministerio de Trabajo, lo ratificó. Fuentes del ministerio aclaran que para impedir tal concesión de fondos de formación a la presunta trama de Ojeda, a la que no se opusieron los servicios jurídicos de la Fundación Tripartita, habrían necesitado una orden judicial y destacan que no podían saber que tal trama estaba bajo investigación policial. Las pruebas de CCOO las consideraron insuficientes.

La denuncia del sindicato refuerza la credibilidad de la investigación policial que un mes después llegó a la misma conclusión: la trama de Ojeda se había especializado en difuminar su concurrencia bajo una apariencia de múltiples empresas distintas para copar fondos publicados destinados a formación.

El Gobierno del PP presentó un año antes una denuncia a través de la Seguridad Social sobre el fraude en la provincia de Málaga, que dio lugar a una investigación que después se extendió a otras provincias andaluzas y a la propia dirección regional de empleo.

Y en ese ámbito la policía destapó una absoluta falta de control de la Junta sobre los cursos que facilitó la presunta adjudicación irregular. Interrogó a decenas de alumnos a los que se prometió contratar. Los testimonios fueron redundantes. El relato de miserias vivido se agudiza cuando las empresas malagueñas concernidas por tales testimonios de jóvenes desempleados recibieron al menos siete millones de euros de la Junta.