El Gobierno cambia 26 leyes de una tacada y sin debate parlamentario

El Congreso convalidará el jueves, con los votos del PP, sin debate a fondo ni opción a enmienda, el Real Decreto-Ley de Medidas urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia. Este paquete de 47 medidas económicas, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que incluye bonificaciones a la contratación indefinida de jóvenes, supone la modificación de 26 leyes, entre ellas la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o la Ley de Empleo.

La fórmula de tramitación es la habitual para todos los reales decretos leyes. Pero el calado de las medidas adoptadas y la complejidad normativa del texto llevaron este martes a todos los grupos de la Cámara baja, salvo el PP, a plantarse y a acusar al Gobierno de “hurtar” el diálogo parlamentario justo cuando el Ejecutivo trata de iniciar conversaciones sobre regeneración democrática. Una circunstancia que, según la oposición, entorpece ese diálogo.

El debate será mínimo. El jueves cada portavoz dispondrá de 15 minutos para fijar su posición en el Pleno, y el decreto saldrá adelante con los votos de la mayoría absoluta del Grupo Popular. Tras una jornada de “rebelión parlamentaria”, en palabras del diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, el Gobierno se mostró finalmente dispuesto a tramitar el decreto como proyecto de ley una vez convalidado por el Parlamento. De esta forma, se abriría un plazo de enmiendas y se daría paso a un debate parlamentario más sosegado sobre el texto.

Pero el Ejecutivo dejó claro que, de momento, se procederá a la aprobación de estas medidas por decreto. En su opinión, no cabe esperar. Y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, será la encargada de defender los argumentos del Gobierno ante el Pleno de este jueves. “Los grupos que se han quejado de esta tramitación deberían preguntarle a los autónomos si no es urgente reducir sus cotizaciones”, enfatizó el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien además cargó contra la oposición. “Estamos ante un acto de cobardía parlamentaria en el que algunos grupos, para no tener que reconocer que muchas de esas medidas son buenas para la economía española, han decidido buscar problemas en la forma de tramitación”, afirmó.

El Grupo Socialista y la Izquierda Plural fueron los más beligerantes durante la reunión la Diputación Permanente. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, anunció primero la intención de su formación de recurrir ante el Tribunal Constitucional “ese engendro legislativo de 172 páginas”. Después de que el Gobierno se mostrara dispuesto a llevarlo de nuevo al Parlamento y someterlo a tramitación como proyecto de ley, Rodríguez se apuntó el tanto. “Lo más importante es que la acción política conjunta de todos los grupos parlamentarios ha hecho dar marcha atrás al Gobierno”, mantuvo.

El portavoz del Grupo de la Izquierda Plural, José Luis Centella, fue más allá en sus acusaciones y llegó a asegurar que su formación romperá el diálogo con el Ejecutivo sobre las medidas de regeneración democrática anunciadas por el PP. Para Centella, el Gobierno de Mariano Rajoy “burla al Parlamento e impone un estado de excepción a la democracia”.

UPyD también se opone sin matices. Aprobar ese real decreto esta semana supone para Martínez Gorriarán un ejemplo de cómo el Ejecutivo “impide al Parlamento desarrollar su tarea legislativa y debatir”. “Se están cargando la división de poderes. Por motivos incomprensibles han decidido ustedes hacer peor lo que ya de por sí funciona mal. Ahora ya no podemos ni debatir los trámites legislativos”, criticó el portavoz adjunto de UPyD.

Josep Sánchez Llibre, su homólogo de CiU, también arremetió contra el PP “por abusar del poder” y de su mayoría absoluta. Acusó al grupo mayoritario de “caciquismo” y de actuar “en dirección inversa" a la de la regeneración democrática”. Aitor Esteban, portavoz del PNV, calificó la tramitación de “auténtico abuso” y llegó a sopesar públicamente la posibilidad de no participar en el Pleno

La decisión del Gobierno solo recibió el apoyo de Ayllón y de los parlamentarios populares. Alfonso Alonso, portavoz PP en la Cámara baja, defendió la fórmula de tramitación porque el decreto contempla medidas destinadas a la reactivación económica. “Esto tiene que entrar en vigor ya”, zanjó. El real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros incluye “medidas de apoyo al emprendimiento y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo” como las bonificaciones a la contratación indefinida de jóvenes, unifica el impuesto sobre los depósitos bancarios y acomete la regulación de drones.

Alonso aprovechó, además, la ofensiva del PSOE para pedir diálogo al principal partido de la oposición. El dirigente popular manifestó su deseo de que, una vez finalizado el proceso de renovación en el que se halla el PSOE, los socialistas “muestren menos radicalidad y más disposición al diálogo”. El PP, en opinión de Alonso, está esperando al PSOE para iniciar este proceso de diálogo y llegar a un acuerdo contra la corrupción y sobre regeneración democrática. Pero los socialistas creen que decisiones como esta tramitación urgente solo contribuyen a entorpecer ese diálogo.