El Tribunal de Cuentas cambiará la forma de contratar tras aflorar el nepotismo

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha comparecido esta mañana en el Congreso para explicar, entre otras cosas, el alto porcentaje de lazos familiares entre sí, con altos cargos y con representantes sindicales (casi un centenar) que existen en este organismo, el encargado de fiscalizar a todas las Administraciones públicas. Álvarez de Miranda ha anunciado una batería de medidas (siete) tendentes a aumentar “la transparencia” y mejorar los “procesos de selección” para los futuros aspirantes a la plantilla de esta institución.

El presidente ha señalado que toda la actuación del tribunal se ha ajustado en todo momento a la legalidad, pero que, aun así, y para eliminar cualquier sospecha de “discrecionalidad” en el acceso de opositores, “va a abordar una reforma de los procesos selectivos para el ingreso en los cuerpos superiores de letrados y de auditores”. “Uno de los problemas de que adolecen estos procesos en organizaciones de reducido tamaño como es la nuestra”, ha dicho, “es la falta de regularidad en las convocatorias”. Para incrementar esa concurrencia a los exámenes y, por extensión, el nivel de preparación de estos, ya “se están elaborando unas bases generales, que regirán el acceso a estos cuerpos en sucesivas ediciones”. Se trata de homologar las pruebas a las de otras administraciones para que los opositores concurran a sabiendas de que, si no aprueban, los estudios les pueden servir para otros exámenes.

La comparecencia de Álvarez de Miranda ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas tiene relación con informaciones que ha publicado este periódico sobre el supuesto troceo y adjudicación de obras menores a una misma empresa, sobre la existencia de un centenar de personas con lazos familiares, lo que han levantado sospechas de enchufismo, y, además, en relación con un informe del subdirector jefe de los servicios informáticos del tribunal que pone de relieve la nula eficiencia del personal de este departamento para afrontar los retos tecnológicos que debe implementar este tribunal para agilizar su actividad. También sobre las últimas oposiciones que realizó el Tribunal y que supusieron, en marzo de 2011, la incorporación de siete secretarias y de la hija del secretario general a l plantilla laboral del tribunal y, en concreto, al área de informática. Esta comparecencia había sido solicitada por casi todos los grupos de la oposición. En opinión de Álvarez de Miranda, las informaciones de EL PAÍS "afectan al buen nombre y al prestigio" del organismo sin "transmitir una imagen fiel" del trabajo que se está realizando y del proceso "modernizador" llevado a cabo en los últimos años.

La batería de propuestas de Álvarez de Miranda para “dotar de mayor transparencia" al organismo  pasan, ha señalado, por establecer nuevos "criterios de composición de los tribunales de selección con la finalidad de evitar cualquier apariencia de discrecionalidad, primando la participación de funcionarios de otros cuerpos que no presten servicio en el tribunal". En la actualidad, y sobre todo en la selección del personal laboral (unos 200 de los 700 empleados del organismo), la mayoría de los jurados son miembros del tribunal. La idea es modificar esa configuración y dar participación a jurados ajenos a la institución.

Asimismo, ha destacado otra novedosa medida: “Se va a estudiar", ha dicho, "someter toda la actuación del Tribunal a una revisión por un tercero externo mediante el instrumento de la revisión entre pares”. Es decir, acudir a un organismo internacional de rango superior o similar para que audite al Tribunal de Cuentas, que nunca lo ha sido antes al tratarse del órgano supremo de la fiscalización en España y no existir por encima un órgano facultado para realizar esta función. El tribunal dispone ahora de un interventor que controla la gestión y destino de los aproximadamente 60 millones de euros de presupuesto anual de que dispone esta institución, pero nunca se ha sometido a una auditoría externa como tal.

Otra medidas avanzadas por Álvarez de Miranda son que “se va a dotar de transparencia a todos los nombramientos, dando publicidad al currículo del adjudicatario” y que, en adelante, además, “se primará la designación por concurso frente a la libre designación”. Además, "se va a congelar” la contratación de “nuevo personal laboral”. Hay quejas en el seno del tribunal de que el personal laboral, donde recalan parte de los allegados de altos cargos y de sindicalistas que acceden al organismo, está muy sobredimensionado. Álvarez de Miranda ha puesto a disposición de la comisión mixta documentación sobre exámenes y procesos selectivos de los trabajadores de antiguas y recientes oposiciones.

En la actualidad, el Tribunal alberga a algo más de un centenar de familiares y/o allegados de altos cargos y de representantes sindicales (en especial, de UGT). En los exámenes de acceso, el convenio otorga en la actualidad a los sindicatos un importante papel. También a altos cargos del tribunal. Son exámenes públicos y de libre concurrencia, pero se hacen en el tribunal y los examinadores, en su mayoría, pertenecen también al tribunal. En la sede de este organismo se dan coincidencias tan llamativas como que el expresidente del Comité de Empresa del Tribunal Julio Ronda (de UGT) tenga como compañeros de trabajo a su exesposa, al hijo que tuvo con esta, a su segunda mujer, a sobrinos, cuñadas, una nuera… Y que, además, exaltos cargos del Tribunal de los departamentos donde se preparan las preguntas, también tengan familiares dentro. El exsecretario general tiene, por ejemplo, a su hija y a su yerno en la plantilla. Otro caso llamativo es el del presidente de la Sección de Fiscalización, Javier Medina, que tiene a su esposa, a una pariente de esta, a su hermana y a su hermano, quien, además, ha sido gerente del tribunal durante 16 años. Cesó hace dos, tras la renovación del mandato de nueve años que tienen los consejeros (los que gobiernan el tribunal, y que son propuestos por los partidos políticos).

Álvarez de Miranda admite que "sí hay parentescos" en el tribunal, pero sostiene que estos no son fruto de su relación con altos cargos. Sin citarlo pero en referencia a Javier Medina señaló, en abstracto, que sus parientes llegaron al tribunal antes de que este fuese consejero en 2001. Medina lleva desde finales de los años 70 como alto funcionario del tribunal y ascendió a consejero, a propuesta del PP, en 2001. Según Álvarez de Miranda, también propuesto por el PP, algunos de los trabajadores a los que aludió este periódico en su información se incorporaron a su puesto de trabajo “antes que su supuesto benefactor”. Se "meten todos los casos en el mismo saco” pese a que se trata de situaciones "heterogéneas", ha comentado Álvarez de Miranda. Del centenar de familiares descubiertos por EL PAÍS en este organismo, el presidente no ha hecho referencia a aquellos que sí han llegado al tribunal después de los “supuestos benefactores”. Y tampoco ha mencionado, entre otros muchos casos, a los dos parientes que tiene él mismo, una concuñada y un sobrino. Ni a los parientes del exsecretario general, ni a los múltiples allegados de los dos últimos expresidente del Comité de Empresa de este organismo.

Por otro lado, Álvarez de Miranda ha explicado que, a partir de ahora, se publicarán todos los contratos, aunque sean de obra menor, que realice el tribunal. Ha señalado que este tipo de obras, las menores, pueden ser adjudicadas de forma directa con tan solo la presentación de tres ofertas. Todo ello al margen de que el perfil del contratante, ha afirmado, se anuncia en la página web del tribunal. Tiene esto que ver con una información publicada en este periódico el pasado 6 de junio en la que se indicaba que el tribunal había troceado contratos para dárselos a la firma de Ángel Ortega, un empresario que, a su vez, realizaba arreglos en casas de altos cargos, entre ellos la del actual número dos del Tribunal, Javier Medina.Y también, según contó el contratista a EL PAÍS, en la de su hermano (y exgerente) Enrique Medina.

Álvarez de Miranda ha señalado que, de acuerdo con la ley, estas obras "no fueron troceadas" puesto que estaban por debajo de los 50.000 euros (el coste de ellas era de entre 500 y 15.000 euros). Y que la contratación se hizo así porque se trataba de arreglos aislados dentro del tribunal e  inferiores al límite legal. Álvarez de Miranda ha reconocido que el citado empresario ha prestado servicios para el Tribunal de Cuentas desde hace 30 años y añadió que son muchas las personas del tribunal que le han contratado para arreglos en sus casas.

A preguntas del portavoz socialista en la Comisión, Ciprià Ciscar, Álvarez de Miranda admitió que a este constructor (que llegó a tener a su disposición la llave de una habitación dentro del organismo) no se le contrata desde hace dos años, cuando él accedió a la presidencia. Altas fuentes del tribunal señalaron a este periódico que “el Tribunal de Cuentas debe dar ejemplo, y que no es de recibo que por sistema se den siempre las obras, por pequeñas que sean, a la misma persona y año tras año; y que hubo ejercicios en que las diferentes obras que se le otorgaron sí superaron, en conjunto, los 50.000 euros”.

Sobre los trabajadores del servicio de informática del tribunal, Álvarez de Miranda ha explicado que en ese grupo se ha incluido a personas que desempeñan funciones "de grabación de datos o tratamiento de textos", a los que no se exige la misma preparación que a un especialista. Este periódico, basándose en un informe elevado al pleno por el subdirector jefe de los servicios informáticos, publicó el pasado 26 de junio que “solo 5 de los 60 miembros del servicio de informática” del tribunal son especialistas en esta materia y que no estaban preparados, siempre según el subdirector jefe de ese departamento, para la necesaria adaptación del tribunal a las nuevas tecnologías.