El Tribunal de Cuentas dio plaza fija de informático a siete de sus secretarias

Las últimas oposiciones que convocó el Tribunal de Cuentas, cuya lista de aprobados fue publicada el 21 de marzo de 2011, permitió a siete secretarias eventuales de altos cargos y a la hija del entonces secretario general hacerse con una plaza fija en el organismo. Es decir, coparon el 57% de las 14 plazas de “auxiliar de grabación” (departamento de informática: 2.264,20 euros mensuales de salario) que se convocaron. Entre las secretarias que aprobaron los cuatro ejercicios se hallaban dos del expresidente Manuel Núñez y las de otros consejeros de este organismo, tanto del PP como del PSOE. Este tribunal se encarga de fiscalizar las cuentas de todas las Administraciones. Algunos de esos consejeros acababan sus mandatos de nueve años y el cese de estos significaba la salida del tribunal de sus secretarias.

A estas 14 plazas aspiraron 256 personas. Las tres primeras plazas fueron para la secretaria del expresidente Núñez (primer puesto: 52,49 puntos), para la de una consejera saliente (50, 71) y para una hija del entonces, y durante 16 años, secretario general del organismo José Antonio Pajares. Su hija obtuvo 50,1 puntos. Un ingeniero informático quedó en cuarta posición (48,47 puntos). Bastaba tener el bachiller para presentarse y pagar una tasa de 10,57 euros. El examen, enfocado hacia el área de informática, se componía de cuatro ejercicios. Preguntas tipo test; conocimientos sobre la Constitución y estructuras del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas; conocimientos muy básicos de informática; y una entrevista. Los exámenes se celebraron cuando el mandato de los 12 consejeros (los que gobiernan el tribunal) ya había expirado y faltaban meses para la renovación.

Los consejeros del Tribunal (que son elegidos por las Cortes Generales por un periodo, renovable, de nueve años, y a propuesta de los partidos políticos) son la élite de la institución: aparte de chófer, ahora, tras la crisis, tienen un sueldo de 4.700 euros netos. Una empleada de limpieza gana en este tribunal 1, 730 euros; el jefe de salud laboral, 5.966, también brutos. Los consejeros tienen derecho a elegir a dos secretarias de su confianza. El tribunal les hace un contrato de eventual durante la legislatura. Pero si cesa el consejero, ellas también. Aparte de la secretaria de Núñez, también ganaron la plaza las secretarias de dos consejeros propuestos por el PSOE y la del actual presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, entre otras.

En una nota remitida a EL PAÍS, un portavoz del Tribunal señala que a estas oposiciones “concurrió un elevado número de personal eventual del tribunal, aunque no todos los que se hallaban en esa situación laboral”. Y añade que tampoco aprobaron todos las que se presentaron, aunque tuvieron”, explica este organismo, “un porcentaje de éxito elevado debido a que el Tribunal de Cuentas, en el marco del plan de formación, organizó un curso de preparación para las pruebas selectivas que fue impartido por funcionarios del tribunal fuera de la jornada laboral para todos los empleados que lo solicitaron”. Tras ese curso, y con vistas a los exámenes, las secretarias debían acreditar que sabían hacer “tratamiento de textos, grabar datos y algún conocimiento en sistemas operativos”. Se convirtieron así en personal fijo laboral en la plantilla del Tribunal de Cuentas (cerca de 200 personas de las 700 que emplea). En este tribunal, los funcionarios son mayoría (el resto hasta algo más de 700).

Este periódico destapó el pasado 24 de junio que más de un centenar de empleados del Tribunal de Cuentas tienen lazos familiares entre ellos y/o con altos cargos del tribunal, y también con los dos últimos presidentes del Comité de Empresa (ambos de UGT) del órgano que tiene la misión de velar porque las administraciones desvíen a un fin legal el dinero de las arcas públicas. El personal laboral está sujeto al Estatuto de los Trabajadores, que permite a sindicatos y responsables del tribunal negociar un convenio colectivo que regula el acceso a la plantilla del tribunal y que faculta a los sindicatos a intervenir en las pruebas selectivas. Solo los dos últimos presidentes del comité de empresa, Julio Ronda y Ángel Otero, acumulan a 16 familiares o allegados en el tribunal entre primos, hermanos, cuñados, primera y segunda esposa y nueras...

La composición del tribunal examinador de las citadas 14 plazas de auxiliar de grabación la aprobó la Comisión de Gobierno del Tribunal, principal núcleo de decisión tras el pleno, que entonces presidía Núñez. Según fuentes del Tribunal, el procedimiento habitual es que el secretario eleve junto con el presidente a la Comisión los nombres de los miembros del tribunal examinador, para que aquella los avale (o no).

El exsecretario Pajares, que aparte de a su hija tiene también a un yerno en el tribunal, está ahora adscrito a la Sección de Fiscalización, al frente de la cual está Javier Medina, el segundo hombre con más poder dentro del Tribunal. Medina y Pajares escriben artículos conjuntos sobre derecho y fiscalización en revistas especializadas. Medina tiene en el tribunal a su esposa, a una hermana y a su hermano Enrique. Durante estos exámenes, el presidente del jurado opositor fue su hermano Enrique, que entonces era el gerente del Tribunal. También era jurado en la oposición el expresidente del Comité de Empresa Julio Ronda, que tiene dentro una de las sagas familiares más voluminosas: sin salir de sus dependencias, puede encontrase en el pasillo con su primera esposa, con un hijo que tuvo con ella, con su segunda esposa, con su nuera, con sobrinos… Y también integraban el jurado un miembro del cuerpo de gestión informática y un técnico auditor. Un jefe de informática del Tribunal se ha quejado en un informe de la ineficiencia de los empleados de su departamento para desarrollar programas que permitan agilizar la actividad de la institución. De una plantilla de 60 informáticos, solo cinco están capacitados para ello.

El actual presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, comparecerá mañana en el Congreso para explicar el abultado número de familiares que acoge este organismo. Se lo pidió el PSOE; y el PP, el partido que lo propuso, se lo recomendó. Solo lleva dos años en la presidencia, desde que en julio de 2012 se renovó el tribunal, que supuso que varios consejeros saliesen, otros llegaran y otros fueran renovados en sus cargos. Muchos de los parientes que hay en el tribunal franquearon las oposiciones hace varios lustros, y por eso Álvarez de Miranda no se siente responsable de la llamativa cifra de lazos familiares (casi un 10% de la plantilla) que cohabita en la institución.

Ya ha tomado algunas medidas: los jurados opositores (hay previstas 15 nuevas plazas este año de personal laboral) serán configurados restando protagonismo a los altos cargos del tribunal y a sindicalistas para diluir la sombra de enchufismo que gravita sobre la institución. Y anunciará más medidas, según fuentes de su entorno.

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