El fiscal pide elevar la pena a Carlos Fabra por su “conducta ‘dilatante’ y dilatoria”

El fiscal ha pedido esta mañana elevar de cuatro a ocho los años de cárcel impuestos al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, por fraude fiscal. El representante del ministerio público ha expuesto cómo el condenado por la Audiencia de Castellón tuvo una "actitud dilatante y dilatoria" durante el procedimiento, que se prolongó durante más de diez años.

El tribunal provincial tuvo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas para fijar la pena en solo cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales, muy alejados tanto de la petición del fiscal como de la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria para tratar de recuperar los 693.000 euros defraudados entre 1999 y 2003.

"Las sentencias deben ser percibidas como justas por la sociedad", ha señalado el fiscal que entiende que “el caso clama” que la pena se eleve a seis años. Además, ha destacado la actitud de inculpados, que presentaron más de 20 recursos contra las decisiones del instructor, así como la recusación de los peritos, que eran inspectores de Hacienda, que investigaron los 17.000 movimientos bancarios de las 65 cuentas en las que Fabra y su ahora exesposa operaban.

"No ha habido inacción, no existe", ha reiterado el fiscal para insistir en que los diez años de proceso se han debido, además de por la actitud del acusado, por la complejidad de la causa.

Por su parte, el Abogado del Estado, ha reclamado a la sala segunda del Supremo, a la que corresponde resolver los recursos, que no premie "al delincuente más listo, al que trata de ocultar el delito que ha cometido y que menos colabora".

La defensa de Fabra ha mostrado, por el contrario, a una persona indefensa ante una “engrosada mediática y artificialmente causa” en la que el paso del tiempo provocó, según ha planteado, la pérdida de prueba. Es decir, a la acusación de falta de colaboración del exdirigente del PP, su letrado apeló a que este no tuvo capacidad de conseguir pruebas para su defensa porque los bancos las habían destruido.

El letrado ha vuelto a poner en entredicho a los peritos de la Agencia Tributaria que destaparon el agujero de euros cuya procedencia Fabra no pudo justificar. Además, ha contestado al hecho de que no haya devuelto la cantidad defraudada alegando que la inspección de hacienda, al margen del proceso judicial, concluyó que el fraude no alcanzaba la cantidad necesaria para ser considerada delito. “Dio por buena la explicación alternativa”, ha expuesto en referencia a la tesis utilizada por Fabra para justificar decenas de ingresos, troceados y en un mismo día. “Sacaba de una cuenta para meterla en otra”, dijo.