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Mi casero es un fondo de inversión

En un año 5.093 viviendas públicas han pasado a manos de empresas privadas

Los inquilinos viven atemorizados por el cambio de condiciones y los desahucios

Vanesa Fernández ha pasado de tener un casero llamado Estado a uno que se llama Goldman Sachs. El primero era más permisivo y aplicaba reducciones en el alquiler para que esta mujer en paro y con un hijo pudiera seguir pagando. El segundo no ha cambiado los términos del contrato pero lo aplica a rajatabla, pues busca la rentabilidad. Y eso es lo que ha hecho que esta mujer esté con un pie en la calle.

En plena burbuja, comunidades y ayuntamientos compraron terreno a precio muy elevado y dedicaron parte a levantar vivienda protegida. Ahora, con el corsé impuesto por Hacienda que les obliga a dar beneficios, los han revendido a fondos de inversión.

Vanesa Fernández, de 35 años, tardó siete en lograr que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) le diera un piso protegido en régimen de alquiler. En 2012 se mudó al piso, un apartamento de 43 metros cuadrados en el Ensanche de Vallecas. Comparte la cama con su hijo de ocho años y viven también con ellos un jilguero y una siamesa que saluda dejando su orín en la funda del cámara. Le cobraban 409 euros. Meses después perdió su empleo como limpiadora. Pidió entonces a la Comunidad de Madrid una reducción de su cuota. Se la concedieron: durante dos años, prorrogables, solo tendría que pagar 81 euros al mes.

Pero las condiciones han cambiado. Desde octubre, su casero ya no es el Estado, sino Encasa Cibeles, la inmobiliaria de dos fondos de inversión: el estadounidense Goldman Sachs y el español Lazora, especializado en alquilar vivienda protegida, que tiene entre sus accionistas a la gestora de pensiones de Telefónica y del BBVA.

En situaciones similares se encuentran los residentes de 2.953 viviendas del Ivima, 1.860 pisos del Ayuntamiento de la capital y 298 del de Barcelona. Habrá más. La Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS), con un agujero de 25,8 millones, planea desprenderse de más vivienda protegida para cumplir con el corsé del Ministerio de Hacienda que le obliga a dar beneficios.

Los nuevos propietarios están forzados a mantener los contratos de la Comunidad o los Ayuntamientos. El problema es que estos incluían claúsulas que muchas veces se aplicaban de forma laxa en función de las condiciones económicas de los inquilinos. Ahora los nuevos dueños las aplican de forma estricta.

Sin la reducción al alquiler que le daba Madrid, Fernández no puede pagar

Vanesa Fernández, por ejemplo, tendrá que volver a pagar los 409 euros de alquiler que fijaba su contrato inicial (300 por el piso y 109 por una plaza de garaje que no usa pero que es ilegal alquilar). Pero no puede. Sus ingresos son 150 euros que le pasa su expareja por el niño y los 338 euros de la renta mínima de inserción. A veces saca 100 euros al mes limpiando, pero no siempre. La reducción del alquiler que le había concedido la comunidad era su única opción para poder acceder a una vivienda.

Pero la Comunidad de Madrid ya no se hace cargo. Y, cuando Vanesa comunicó a Encasa Cibeles que en agosto tenía que renovar la reducción de su alquiler, le informaron de que ya no vivía en suelo público, y de que una vez caducada dejaba de tener derecho a esa ayuda (al igual que otras 500 familias). Vive desde entonces atemorizada. “Cuando deje de poder pagar, ¿me desahuciarán?”, se pregunta. “¿Dónde viviremos?”. Ha añadido un cerrojo a la puerta porque teme que alguien intente ocuparla. La mitad de las viviendas de su planta lo están.

El mismo miedo que siente Vanesa se ha apoderado de Margarita Ponsa, de 63 años. En 2012 la realojaron de la casita baja en la que vivía en un piso del Ivima. Un día Margarita vio cómo cuatro todoterrenos se paraban en la puerta de su vivienda, con vistas a las cuatro torres, y salían de ellos varios ejecutivos que clavaban los ojos en su edificio. Días después recibía una llamada supuestamente del Ivima en la que le pedían información de muchos de sus vecinos, lo que la terminó de preocupar. Días después se extendió el rumor de que el edificio había pasado a manos de un fondo de inversión. Anda desde entonces atemorizada. Solo cobra 426 euros al mes y no le da para pagar su alquiler. Con su reducción actual, del 60%, se le queda en 100 euros. Lo que no sabía Margarita, es que la subasta de su edificio quedó desierta. Por el momento puede respirar tranquila: su vivienda sigue estando en manos públicas.

Enrique Villalobos, de la Asociación de Vecinos del Ensanche de Vallecas, explica otros problemas que han descubierto los vecinos afectados: “Aunque el contrato incluía el pago del IBI por parte de los inquilinos, la Comunidad de Madrid no lo cobraba. Pero Encasa Cibeles ha empezado a hacerlo. Además, están subiendo los gastos de comunidad un 15%”. La mayoría de los casos eran contratos de alquiler con opción de compra y los inquilinos están comprobando que, a diferencia de lo que esperaban de la Comunidad de Madrid, los fondos de inversión están fijando el mayor precio de mercado que permite el contrato para la compra-venta.

Los que eran inquilinos del Ayuntamiento de Madrid también se quejan. En Carabanchel, los vecinos de una promoción municipal ven que se acerca agosto y no van a poder comprar la casa como algunos deseaban. El contrato de un tercio de los pisos dice que la Empresa Municipal de la Vivienda “facultativamente” se lo ofertará, pero el negocio de los nuevos dueños —Blackstone y Magic Real Estate— es alquilar y no abren esa posibilidad. Muchos vecinos han invertido en las casas y se sienten indefensos.

Magic Real Estate afirma que solo va a realizar un desahucio

Miguel Oñate, de Magic Real Estate, afirma que las condiciones de alquiler se mantienen en todos los casos. Oñate asegura que están dispuestos a bajar el precio hasta un 25% a quienes contaban con una ayuda social y a llegar a acuerdos con quienes no pueden cumplir. Trescientos vecinos no pagaban; hoy son 50. Tienen 15 okupas y cuatro desahucios pendientes: uno se va a ejecutar pues el inquilino se niega a pagar. Los otros tres los han paralizado mientras el Ayuntamiento busca otro piso a las familias.

Uno de los desahucios paralizados es el de Mari, de 51 años, su marido y su hija enferma. En 2012 la familia dejó de pagar los casi mil euros de piso (que incluye los gastos de agua y luz) porque él, albañil, se quedó en 2009 sin empleo y ella, asistenta, no puede trabajar por problemas de fibromialgia, diabetes y un glaucoma. Ella entiende el desalojo ante el impago, pero no que no se haya rebajado el alquiler de su vivienda social en función de su renta, que es de 420 euros mensuales, o que no le hayan cambiado, como pidió, a un piso más pequeño. “Vivo aquí desde 2006. Nadie me ha regalado nada. Tengo fotos con la concejala que subió a mi casa a hacerse fotos para la prensa”, cuenta por teléfono Mari, que quiere preservar el anonimato mientras busca un nuevo piso. En diciembre se enteró de que su caso llegaba a los juzgados y se acercó a Magic Real Estate para negociar. “Nos preguntaron de dónde éramos. Y nos dijeron que por qué no íbamos pensando en mudarnos a Burgos que es más barato”, cuenta pasmada. La gestora no ha pedido que ejecuten su desahucio.

En Barcelona, 298 viviendas municipales han pasado a manos de Azora Gestión, dueña también de Lazora. Josep Ortiz, representante de los vecinos, explica que, aunque los alquileres se mantienen, los gastos de mantenimiento han subido un 50% y les obligan a alquilar una plaza de garaje. Le preocupa la “indefensión” ante “especuladores que no garantizan que con nuestro dinero se mantenga vivienda protegida”.

Muchos vecinos del Ivima están empezando a recibir órdenes de desahucio. Por ellos intermedia la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. “Le pasamos a la Consejería los desahucios que nos llegan”, dice Villalobos. “Su compromiso es estudiarlos. Hasta ahora se están parando. A algunos les presentan un plan de pagos y a otros les ofrecen vivir en barrios o localidades donde la gente no quiere”. El Ivima sostiene que no se ha “desvinculado” y hace de “mediador” para evitar desahucios. Encasa Cibeles declina responder pero asegura que hacen “un gran esfuerzo para ofrecer soluciones a quienes lo necesiten, en colaboración con trabajadores sociales y la Administración Pública”. Hoy Goldman Sachs negocia con empresarios chinos vender sus casas en Leganés.

El Defensor del Pueblo, que ha pedido más información al Ivima, sostiene que los afectados debían haber tenido la consideración de interesados en la venta de sus viviendas. Estos han creado una asociación para unirse a la querella del PSOE contra la directora del Ivima, Ana Gomendia, a la que acusan de vender a un precio irrisorio los pisos y de prevaricación y malversación. Han contratado a los abogados que ganó la causa de la Sanidad pública contra las privatizaciones de Lasquetty, el bufete Liria. Sus honorarios, 30.000 euros, esperan recaudarlos mediante micromecenazgo. “Podríamos incluso lograr la paralización y retrotraer la venta si el juez la considera fraudulenta”, dice Juan Carlos Antón, abogado del bufete.

Tras la nueva compra, Lazora gestiona más de 8.400 viviendas protegidas en alquiler en 13 ciudades. Muchos de sus inquilinos no están pudiendo pagar. Carmen, aragonesa, les debe tres meses. Su cuota es de 447 euros. “El alquiler es demasiado alto, no deberíamos pagar tanto de comunidad ni de IBI. Cuando tenemos un problema la chica en Zaragoza dice: ‘lo hablaré con Madrid”. Loli Cuenca, 38 años, de Alicante, aporta otra queja: “Cuando no quieren comunicarse, desaparecen”. Lo vivió tras dejar tres meses impagados al morir su padre, con cuya pensión pagaban el alquiler. “Quisimos pagar pero no hubo forma. Lazora cortó la conversación”. Días después recibieron su orden de desahucio.

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