El Consejo de Estado cuestiona la constitucionalidad de la ley municipal

La reforma local aprobada en enero, que en la práctica resta competencias a los Ayuntamientos, está tocada y podría ser hundida en breve tras el nuevo varapalo del Consejo de Estado. El Tribunal Constitucional ya ha admitido nueve recursos presentados por los Gobiernos de Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias, así como por los parlamentos de Extremadura, Cataluña, Andalucía, Navarra y por 130 diputados de distintas fuerzas. La norma, que incrementa el poder de las diputaciones sobre los municipios de menos de 20.000 habitantes y supedita muchas decisiones de los alcaldes al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, fue aprobada en el Congreso con los únicos votos del PP y PNV y de un diputado de UPN.

El conflicto por la defensa de la autonomía local también lo han planteado ante el Constitucional unos 2.000 municipios españoles que aglutinan una población de unos 15 millones de personas. A raíz de este último recurso, el Consejo de Estado acaba de emitir un segundo dictamen sobre la ley —el primero, durante la tramitación parlamentaria, obligó al PP a cambiar aspectos fundamentales del texto— que cuestiona la constitucionalidad de puntos esenciales.

“Existen fundamentos jurídicos suficientes”, dice el Consejo de Estado, “para que los afectados planteen conflicto en defensa de la autonomía local”, en relación a dos artículos. El primero es el que se refiere a que las diputaciones podrán “coordinar”, la prestación de servicios básicos —como basuras, agua, limpieza, pavimentación de calles o alumbrado— en los Ayuntamientos pequeños si éstos no justifican que pueden hacerlo a un coste más bajo que la entidad provincial. El cálculo de ese coste al que se presta un determinado servicio viene regulado por otro artículo de la norma que supone una suerte de “derecho de veto”, por parte de las diputaciones, que según el dictamen “priva a los municipios de cualquier capacidad de decisión”.

Otro de los puntos polémicos, la posibilidad de que la Junta de Gobierno Local adopte las decisiones fundamentales de un municipio privando al Pleno de todo margen de maniobra, también es censurada por el Consejo de Estado presidido por el popular José Manuel Romay Beccaría. Tras el jarro de agua fría Gaspar Zarrías, coordinador de política local en el PSOE, ha anunciado que exigirá al Gobierno que suspenda su aplicación bajo la premisa que la ley es un camino para “privar a la ciudadanía de servicios fundamentales”.

En España hay 8.117 municipios, casi el 80% tiene menos de 20.000 habitantes. Y la mayoría prestan servicios sociales que a partir de ahora deberán de afrontar las comunidades autónomas sin más financiación para ello. En cambio, la reducción del número de Ayuntamientos, uno de los objetivos que el PP perseguía con su reforma estrella, se ha quedado en nada, ya que las fusiones serán voluntarias si así lo desea una “mayoría simple de cada uno de los plenos”[...].

Aunque la primera bronca que planteó la ley, que entró en vigor el pasado 2 de enero, no tuvo nada que ver con los servicios: fue a causa del tope salarial impuesto a alcaldes y concejales. Durante su desarrollo parlamentario los grupos pactaron varias subidas de ese máximo y ya con la ley aprobada, la presión de los alcaldes obligó al Gobierno a aclarar que los sueldos se establecerían sobre una escala decreciente de 100.000 euros anuales y no de 71.000 euros, como entendía el colegio de Secretarios e Interventores.

Tras esa primera polémica varias comunidades gobernadas por el PP, como Galicia o Castilla y León, legislaron para evitar aplicar la reforma.