La “chapuza” de cinco ministerios con la justicia universal revuelve la judicatura

La orden de detención del expresidente chino Jiang Zemin, de 87 años, y el ex primer ministro Li Peng, de 86, miembros de la cúpula del Partido Comunista Chino (PCCh), por el genocidio en el Tíbet fue el detonante para que el Gobierno de Mariano Rajoy reformara la ley de justicia universal. La orden fue dictada por la sección cuarta de la Audiencia Nacional en un precipitado auto cuando esta se enfrentaba a una inspección del Consejo General del Poder Judicial por el retraso en la resolución de recursos, según fuentes judiciales conocedoras de esta situación. Fue en noviembre de 2013, con una resolución sin motivar y pese a que el juez se había opuesto.

Nada ocurrió hasta que en febrero de 2014 el juez Ismael Moreno ejecutó esta decisión. 30 días después de la orden de detención, el BOE publicó la reforma de la ley de justicia universal para evitar que los jueces siguieran adelante con sus causas, entre ellas la del Tíbet. La nueva Ley fue aprobada con los únicos votos del PP y con un trámite exprés, que ha provocado un revuelo en la judicatura y, de momento, la excarcelación de 43 narcos. En esos 30 días, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, recibió las quejas de China y aceleró la reforma legal urgente para calmar al Gobierno chino y así proteger intereses comerciales, económicos y financieros de España relacionados con el país asiático. Tanto jueces, fiscales como dirigentes del Gobierno mantienen y admiten que el único objetivo del cambio legislativo era apaciguar a los chinos.

El Ministerio de Justicia elaboró un borrador que, en cuestión de días, retocaron hasta cinco ministerios: Interior, Defensa, Economía, Exteriores y Presidencia. Pese a que fue el PP el partido que presentó la propuesta, fue el mismo grupo el que planteó enmiendas. El resultado, “una chapuza”, tal como la tildó uno de los jueces instructores de la Audiencia, Fernando Andreu. Los magistrados consultados coinciden en la calificación, aunque reconocen que nunca la hubieran utilizado en público.

La respuesta de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, en la que se tramitan los casos a los que afectaba la modificación legislativa, fue unánime. Sin embargo, los consultados aseguran que no medió ninguna reunión en la que marcaran una unidad de criterio. Las consecuencias fueron dos: por una parte, optaron por no archivar los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra —tal como reclama la reforma—, apelando a los tratados internacionales; por otro, decidieron archivar las actuaciones contra los narcotraficantes detenidos por Vigilancia Aduanera en aguas internacionales, alegando que el cambio supone la pérdida de competencia para perseguirlos e imposibilita seguir tramitando estos casos.

El pleno de la sala de lo Penal aún no se ha pronunciado sobre las causas de genocidios o crímenes contra la humanidad que siguen abiertas. La primera causa que tratará, y que ya se encuentra en deliberación, es la del cámara José Couso, muerto en la guerra de Irak. Después llegará la del Tíbet, que ya está elevada a la sala. El resultado de la votación de los 16 magistrados es un misterio. Los consultados señalan que las fuerzas a favor y en contra de seguir con los sumarios por genocidios, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra están muy divididas. Incluso, que el resultado del examen de cada una de las causas puede no ser el mismo

Sobre el segundo efecto práctico de la reforma, el de la excarcelación de las tripulaciones de los narcobarcos, la sala sí se ha pronunciado y por 13 votos contra tres decidió avalar la tesis de los instructores sobre la imposibilidad, tras el cambio normativo, de seguir con los procesamientos. Así, la sala dictó ya en ese caso el archivo definitivo “por falta de jurisdicción sobrevenida”. Y la fiscalía anunció su recurso ante el Tribunal Supremo, donde el Gobierno cree la batalla ganada. No obstante, públicamente, el Ejecutivo ha defendido la reforma alegando que España no tiene por qué ser “el gendarme del mar”, aunque la fiscalía entiende que los narcobarcos sí pueden ser perseguidos, lo que contradice la postura del Gobierno.

En sus autos y en sus declaraciones, la mayoría de los magistrados denuncian la supuesta inconstitucionalidad de la ley por saltarse los tratados internacionales que reconoce la Constitución. Rechazan que sus decisiones sean consecuencia de un rebote o una rebelión por otras decisiones del Ejecutivo y niegan que se trate de una cuestión de egos por tener que desprenderse de casos que suponen una proyección internacional. Los consultados defienden el valor de la jurisdicción universal y el derecho a la reparación de las víctimas. Algunos de los discrepantes admiten la mala redacción de la reforma, pero sostienen que, con voluntad, el narcotráfico marino podría seguir persiguiéndose.

Uno de los mayores expertos en Derecho Internacional comparado, Antonio Pigrau, catedrático de la Universidad Rovira i Virgili, sostiene que España tenía peculiaridades que la distinguían en la defensa de los derechos humanos. La reforma, según indica, imposibilita una comparativa por la complejidad y especificidad de los actuales criterios. Aun así, apunta que ha pasado a ser una de las más restrictivas de Europa.