El Gobierno exige a la Audiencia que aplique el fin de la justicia universal

El pulso entre el Gobierno y los magistrados más relevantes de la Audiencia Nacional sigue creciendo. Después de que cinco de los seis jueces centrales de instrucción criticaran con dureza la reforma de la justicia universal, que ha provocado ya la excarcelación de 43 narcos, el Ejecutivo contestó de forma tajante conminando a los magistrados a aplicar esta norma y recordándoles que si tienen alguna duda deben recurrir al Tribunal Constitucional.

“En un sistema como el nuestro de división de poderes, el Parlamento aprueba las leyes y el Gobierno tiene la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir, y los jueces de aplicarlas”, aseguró con firmeza este viernes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. “Los procedimientos para el caso de que se estime que una ley es contraria a la Constitución están ahí. Debemos respetar las decisiones que adoptan otros, este es un asunto entre el poder legislativo y el judicial. Nadie puede considerarse al margen de la división de poderes”, aseguró la vicepresidenta. Y lo hizo después de que los jueces acusaran al legislador de haberse saltado esa división de poderes al ordenar, como señala la ley, que se archiven los casos.

Santamaría recordó a los jueces que si nos les gusta la ley, deben seguir el procedimiento y recurrirla

El Gobierno, según fuentes del Ejecutivo y parlamentarias, no tiene de momento intenciones de hacer ningún cambio en la norma para frenar la sangría de excarcelaciones. Alegan el convencimiento de que la ley está redactada correctamente y puede ser interpretada de otra manera por los jueces, pese a que 13 de los 16 magistrados de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que se han pronunciado opinen que otra interpretación no es posible.

Además, en los círculos del PP se ha extendido la idea de que se está produciendo un pulso entre los jueces y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Los magistrados, según esta versión instalada en el PP, están molestos no solo por esta reforma, sino por otras como la que marca que todas las instrucciones de la Audiencia Nacional deberán ser colegiadas, instruidas por tres jueces y no uno como hasta ahora.

En cualquier caso, no está encima de la mesa, ni en el Ejecutivo ni en el grupo parlamentario del PP, una modificación legislativa. Aún así, el asunto va a seguir tomando peso político y la semana que viene el PSOE apostará por él con sendas preguntas de la oposición a la vicepresidenta y al ministro de Justicia, que tiene mucha presión para buscar una solución.

Públicamente, el Gobierno no admite ningún fallo en la reforma que ha provocado ya la excarcelación de esos 43 narcos implicados en causas de droga aprehendida en barcos en aguas internacionales. Preguntada en dos ocasiones sobre la cuestión y sobre las acusaciones de los jueces de la Audiencia Nacional, la vicepresidenta trasladó toda la responsabilidad al Parlamento: “Este Gobierno, como poder ejecutivo, tiene que respetar las leyes que decide el poder legislativo, en este caso las Cámaras”.

Efectivamente, fue el Parlamento el que aprobó esta reforma. Pero lo hizo con los únicos votos del PP y por el procedimiento de urgencia, sin contar con los informes del Poder Judicial y del Consejo Fiscal que conlleva un trámite normal. No participó nadie más que el PP que, en este tipo de casos, sigue las órdenes del Gobierno. La reforma se promovió, según admiten fuentes del Ejecutivo, para resolver un problema con el Gobierno chino, que amenazaba con bloquear acciones económicas —China es una de las grandes apuestas inversoras para salir de la crisis— si no se frenaba el proceso contra la anterior cúpula por presunto genocidio en el Tíbet. Distintos ministerios, en especial Exteriores y Justicia, estuvieron detrás de esta reforma, pero el Gobierno elude ahora cualquier responsabilidad.

Santamaría explicó la norma y los problemas: “El objetivo fue que los delitos de persecución universal quedaran vinculados a que la víctima fuera española, o el culpable español. O, en el caso del narcotráfico, que el destino del cargamento fuera España. Las dificultades se plantean en juicios con barcos capturados en aguas internacionales y sin bandera ni tripulación españolas”. “Eso no quiere decir que estos delitos tengan por qué quedar impunes. Las autoridades españolas pueden denunciarlo ante la autoridad del país competente”, añadió. Esto es, que los excarcelados deberían ser juzgados en sus países de origen.

Santamaría recordó que el Gobierno del PSOE ya reformó la justicia universal en 2009, entonces por otro conflicto diplomático, para dar satisfacción al Gobierno de Israel. “No es la única reforma de la justicia universal. A lo largo de distintas legislaturas el principio de justicia universal ha generado problemas en su aplicación”, manifestó la vicepresidenta.