La austeridad pasa cuentas

Los profesores asociados de la Universidad de Barcelona empezaron la semana pasada con una asamblea reivindicativa. “Las universidades llevan años incumpliendo la ley, hay muchos falsos asociados que debían haber sido contratados como lectores, profesores agregados o ayudantes de investigación”, explica por teléfono Clara Camps, profesora asociada de Sociología. La figura del asociado, creada para profesionales de fuera de la Universidad, se transformó en el primer escalón de entrada al profesorado universitario. Y con los recortes, la cadena se rompió por el eslabón más precario. O no se renuevan contratos, o pasan a dar las horas de profesores titulares que se jubilan a un coste menor. “Tenemos sueldos muy bajos, entre 90 y 500 euros al mes”, añade Camps.

Las universidades públicas españolas han perdido 1.200 millones de presupuesto y 6.000 docentes en estos años de austeridad forzosa. Es sólo un botón de muestra de las profundas consecuencias del mayor ajuste en los 35 años de democracia.

La austeridad ha sido santo y seña de la última legislatura europea, en la que la prioridad ha sido contrarrestar los desfases presupuestarios originados por la crisis, aún a costa del Estado de bienestar. Una espiral que engulló a España: sólo Grecia ha hecho un esfuerzo mayor entre 2009 y 2013. En lo que Bruselas identifica como balance estructural, sin contar la factura de los intereses de la deuda, el ajuste ronda los 82.500 millones en cuatro años.

Los presupuestos son libros que permiten seguir el rastro a los efectos de la austeridad. El primer capítulo cuenta qué ha pasado con el gasto de personal. “La pérdida de poder adquisitivo comenzó con el recorte del 5% en verano de 2010, luego han venido cuatro años de congelación salarial, y la supresión de la paga extra de Navidad en 2012”, narra Miguel Borras, presidente del sindicato CSI-F. Con todo, no es la peor de las historias. “Se han perdido unos 400.000 empleos públicos”.

La falta de empleados se cuadra con menos días libres para los que quedan trabajando, con un mayor ratio de alumnos por clase en los colegios, con el cierre de camas y mayores listas de espera en los hospitales, sin sustituir las bajas por enfermedad... “El deterioro de la calidad del servicio público es evidente”, dice Borras.

En el siguiente capítulo, la historia más llamativa es la del gasto en medicamentos. Para acortarlo, se han retirado 400 fármacos de la financiación pública o se ha aumentado el copago farmacéutico, al que se incorporó por primera vez a los pensionistas. El gasto cayó de 12.000 a 9.000 millones anuales. Pero no sin consecuencias: según un estudio, hasta el 18% de los jubilados renuncia a las medicinas cuando les hace pagar. “En algunos casos, la elección es entre comer o seguir con el tratamiento”, afirma Luis Martín, presidente de Unión Democrática de Pensionistas (UDP).

El gasto en pensiones (125.000 millones al año) es la partida más abultada en el capítulo de las transferencias corrientes. Aquí no hay recorte, pero sí más pérdida de poder adquisitivo. Que la última reforma del Gobierno del PP va a prolongar, con una subida anual del 0,25% los próximos cuatro años. “Son medidas injustas y antisociales”, señala Martín, que recuerda que “el 60% de los mayores ayuda a sus familiares”. Aún dentro de este capítulo, el hachazo presupuestario ha herido de gravedad a otras políticas, como la Ley de Dependencia o la cooperación internacional.

“La inversión pública se lleva la medalla de oro de los recortes”, sostiene Julián Núñez, presidente de Seopan, asociación de grandes constructoras. El tijeretazo es de 25.000 millones en cuatros años. “Lo que tiene menos coste político es retrasar obras”, asume, “pero nos hemos pasado de frenada”.

El capítulo que recoge el dinero que la Administración da a otros para que inviertan, las llamadas transferencias de capital, incluye a otro de los paganos de la austeridad, la financiación de proyectos de investigación. “Los laboratorios se han vaciado”, sintetiza Carlos Andradas, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España, que estima que los presupuestos del Estado destinados a I+D+i han caído un 42% en términos reales.

“Hay personas que llevan dos o tres años descolgadas de la investigación. En muchos casos, la solución que han encontrado ha sido irse”, señala Andradas. En 2014 hay un ligero repunte, pero el presidente de las sociedades científicas es escéptico: “A este ritmo, tardaremos 15 años en volver al nivel de 2009”.

“La Comisión Europea y algunos Gobiernos creen que todavía se necesita más austeridad. Así que la recuperación se retrasará y millones de personas seguirán desempleadas. Pero los verdaderos creyentes no cuestionan el sacrificio”, ironiza Charles Wyplosz, del Graduate Institute en Ginebra (Suiza). El economista Philippe Legrain, exasesor de Jose Manuel Durão Barroso en la Comisión, atribuye a la prometida intervención del BCE la calma en los mercados, no a la austeridad que, sostiene, debería haberse retrasado. “Hay informes de la propia Comisión que apuntan que España perdió un 10% del PIB entre 2011 y 2013 por los ajustes. A nadie se le ha exigido responsabilidades por eso”, recalca. En sus recién publicadas memorias, el secretario del Tesoro de EE UU durante la crisis, Timothy Geithner, abunda en esa opinión —“En Europa ha habido mucho sufrimiento inútil”—, que va camino de convertirse en dolorosa lección histórica.