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La juez desactiva la querella del supuesto pelotazo de 28,8 millones de Menorca

No ve motivos delictivos por supuesta estafa procesal y falsedad

En tres días la juez de instrucción Piedad Marín ha desactivado la querella que formuló la Fiscalía Anticorrupción de Baleares contra el dueño de la empresa hotelero-inmobiliaria Cesgarden, Miguel Ramis y el arquitecto Miguel Barca, por supuesta falsedad documental y estafa procesal. Por la recalificación a la baja de sus derechos urbanísticos de un terreno en Son Bou (Menorca), el hotelero Ramis logró en los tribunales una indemnización de 28,8 millones de euros que paga, a plazos, el Consell de Menorca.

La juez Marín, que es una instructora experimentada en casos por corrupción en la Administración pública, no admite a trámite la querella al entender que los hechos relatados no constituyen un ilícito penal. En el relato de la acción penal frustrada se aludía al supuesto uso de documentos de compraventa que no se correspondían a la realidad en el trámite de demanda ante los tribunales.

Según el fiscal, Ramis adquirió una propiedad después de la recalificación, pero simuló haber adquirido el terreno con anterioridad. Desde 1999, Ramis quiere alzar un hotel de litoral de 728 plazas en la costa de Son Bou. En el Plan Territorial de Menorca, de 2003, solo permitió levantar un complejo de 600 camas y lejos de la costa.

La empresa de Ramis, Cesgarden, aseguró haber pagado por aquellos terrenos 10 millones de euros, pero no llegó a mover un ladrillo y logró que los tribunales dictaran una compensación que sumará 28,8 millones por los perjuicios que le causaron los recortes.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach atendió la denuncia que se le formuló, con documentación e informes jurídicos desde el Consell de Menorca, de mayoría del PP. El organismo político prefirió no protagonizar la querella, un caso que documentó el abogado del Consell Fernando Mateas.