La corrupción entra en campaña

Después de que el 1 de agosto de 2013 Mariano Rajoy se viera forzado a explicar en un pleno en el Senado su relación con Luis Bárcenas antes y después de que conocieran sus cuentas en Suiza, el PP decretó una orden que sus dirigentes han cumplido a rajatabla: ni una palabra más sobre el caso Bárcenas. Con cada informe policial, cada auto judicial, cada revelación, la respuesta ha sido la misma: respetamos a la justicia y esperaremos a la sentencia para opinar. El PP ha logrado con esa estrategia que el caso pierda mucha fuerza política. Apenas ha tenido espacio en la campaña. Pero este jueves ha cambiado.

Un nuevo auto del juez Pablo Ruz, aún más claro, en el que considera “parcialmente contrastado” el pago de sobresueldos en b y la financiación ilegal, dictado en plena campaña, ha devuelto este jueves el asunto al primer plano aunque después la estrategia de los socialistas les llevó a no sacarlo en el único debate entre los candidatos del PP y del PSOE.

Los socialistas no han querido centrar en ningún momento el debate público en el asunto de la corrupción. De hecho, muchos criticaron que en 2011, en el único debate electoral entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy, la corrupción estuvo completamente ausente. Y anoche volvió a pasar en el cruce de Miguel Arias Cañete y Elena Valenciano. Los estrategas del PP y del PSOE coinciden en privado en que la pelea en los debates sobre estos asuntos de corrupción es perjudicial para ambos. Uno saca el caso Gürtel, el otro saca el escándalo de los ERE andaluces, y la sensación que se lleva el espectador es la de que todos son iguales. Es un choque que desmoviliza y aleja de la política, según el análisis más extendido entre los gurús de ambos partidos.

A los socialistas les perjudica especialmente la idea del “todos son iguales”. Por eso el PSOE, hasta este jueves, no había centrado la campaña en esto, aunque siempre lanza algún mensaje, sobre todo los dirigentes de nivel medio, que suelen responder desde el PP con los ERE. Sin embargo, han cambiado las cosas ante las novedades de Ruz y en un día especial para la campaña, con muy pocos actos, ninguno de Rajoy, aunque sí uno de Rubalcaba en Oviedo, y los dos candidatos concentrados con sus equipos, dirigidos por Pedro Arriola en el caso del PP y por Ignacio Varela en el PSOE, preparando el debate televisivo.

El PSOE desplegó una clara ofensiva. La portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, compareció expresamente para atacar al PP con el auto de Ruz y exigir explicaciones. “Cañete tiene una cita importante con los ciudadanos y hay una pregunta clara que merece una respuesta clara: él es candidato de esta campaña y tiene que decirnos si no se está financiando de forma ilegal como se han financiado otras”, ha afirmado.

La portavoz ha asegurado que ya sabemos que el candidato cobró sobresueldos del PP además de su sueldo de parlamentario, como toda la cúpula, pero ahora además él “debería explicar el origen de esos sobresueldos”. La portavoz ha recordado que Arias Cañete la había amenazado con acciones legales por decir en el Congreso algo que el auto del juez Ruz da por probado en su auto y le ha retado a presentar esa querella que nunca llegó. Además, ha interpelado a Rajoy. “Esto es un clamor. ¿Qué más tiene que suceder? ¿Qué más tenemos que conocer? Con lo que conocemos, el silencio de Rajoy y del PP es un silencio culpable”, le ha reprochado.

Desde Izquierda Unida, Gaspar Llamazares reclamó que el asunto de la corrupción entrara con fuerza en ese debate a dos que él rechaza como formato porque deja fuera a las otras formaciones. “El juez dice que no solamente había caja b, sino que había sobres, todo lo contrario de lo que ha dicho el PP y el señor Rajoy. Por eso sigue teniendo que dar explicaciones y tomar medidas”, ha dicho Llamazares. El diputado ha criticado que el procedimiento judicial en España “facilita la impunidad de los delitos de cuello blanco”. Y en vez de mejorarlo, el Gobierno, ha explicado, lo que ha hecho es “dificultar el trabajo de la policía judicial, dificultar también el trabajo de la fiscalía y de los jueces recortando sus presupuestos”.

Mientras, desde el PP, Alfonso Alonso, su portavoz parlamentario, ha seguido la línea oficial. Ha pedido que la instrucción acabe cuanto antes, ha mostrado su respeto a la justicia y ha asegurado que cuando concluya la investigación quedará “acreditado” que el PP tiene “contabilidad oficial” y “financiación regular y correcta”. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha seguido la línea oficial del Gobierno, que consiste en asegurar que no se hará ningún tipo de valoración hasta que llegue una sentencia, para la que pueden quedar años.

Ajeno por completo a esta polémica que no le interesa poner en primer plano, el Gobierno ha utilizado este jueves su capacidad de marcar la agenda para introducir en campaña otro asunto. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda pero también hombre de partido que estos días recorre España para hacer campaña electoral, ha lanzado desde Málaga algunos detalles sobre la reforma fiscal, como la reducción de tramos del IRPF de siete a cinco. En el PP muchos esperaban que el Gobierno, y en especial Rajoy, aprovechara la campaña para lanzar alguna promesa fiscal —algo habitual en todos los Ejecutivos cuando se acercan las elecciones— que marcara la agenda. El Gobierno ha dejado para junio la presentación del contenido final de esa reforma fiscal, donde se verán los detalles, que sin duda serán polémicos, pero de momento va lanzando mensajes positivos sobre bajada de impuestos a sus votantes, muy molestos porque el PP rompió su promesa y ha subido los impuestos más que ningún otro Gobierno.