El PP quiere que los militares de carrera presten servicio en toda la Administración

Por la puerta de atrás, con una enmienda presentada en el Congreso de los Diputados en el marco del Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público que este miércoles comienza su tramitación parlamentaria, el PP quiere modificar el Estatuto Básico del Empleado Público para abrir la puerta al personal militar de carrera a la administración civil. Según el Boletín Estadístico del Ministerio de Hacienda, 122.344 personas trabajan como funcionarios en las Fuerzas Armadas.

En una disposición adicional a la Ley 7/2007, el PP abre la posibilidad de que los militares de carrera (no afectaría a la tropa) ocupen "aquellos puestos de trabajo en los que se especifique esta posibilidad" en cualquier administración. Aunque no detalla a qué puestos podrán acceder, sí que las condiciones serán "de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, previa participación en la correspondiente convocatoria pública para la provisión de dichos puestos, y previo cumplimiento de los requisitos que, en su caso, se puedan establecer para este fin por el Ministerio de Defensa".

Si la enmienda sale adelante, al personal militar que pase a ocupar plazas en la administración civil (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos o la Administración del Estado) "le será de aplicación la normativa propia" en materia de jornada, vacaciones, permisos y licencias, "si bien la sanción de separación del servicio sólo podrá imponerse por el ministro de Defensa". A los militares no les podrán aplicar "lo previsto para promoción interna, carrera administrativa, situaciones administrativas y movilidad", sin perjuicio de que podrían participar en procedimientos de provisión de otros puestos "abiertos a este personal en la administración civil".

El PP argumenta que esta medida fomentará "la movilidad", entre los funcionarios de las administraciones, pero los sindicatos lo califican de "despropósito". Un portavoz del Ministerio de Defensa indicó que la principal novedad de la reforma consiste en que los militares podrán trabajar en otras administraciones públicas sin abandonar el servicio activo, mientras que hasta ahora debían pedir la excedencia o pasar a servicios especiales, aunque esto último sólo en casos excepcionales. Su condición militar quedará en suspenso, ya que no estarán sujetos al régimen laboral o disciplinario de las Fuerzas Armadas, pero el Ministerio de Defensa se reserva la potestad de sancionarlos con la pérdida de su carrera.

El mismo portavoz aseguró que no se producirá un trasvase masivo de militares a la Administración civil, ya que tendrá que aprobarse “caso por caso” tanto por el Ministerio de Defensa como por Administraciones Públicas. La medida, concluyó, pretende facilitar la conciliación familiar de aquellos militares que se encuentran al final de su carrera y que, de continuar en Defensa, se verían obligados a cambiar de localidad de residencia, con los perjuicios que ello supone.

A la central CSIF, que no entra a valorar la "legítima reivindicación", de que el personal militar opte a puestos civiles, no le parece lógico que "medidas de este calado se adopten de manera unilateral, sin negociar con los representantes de los trabajadores". Su responsable de Administración General, Francisco Camarillo, cree que este movimiento del PP suscita muchas dudas en su aplicación práctica y teme que pueda debilitar la oferta de empleo.

CC OO cree una "barbaridad", la modificación legislativa. Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical, sostiene que podría ser un primer paso para la "militarización de la administración" que además podría provocar serios problemas porque "ese personal seguiría sujeto a legislación militar". Juan Antonio Gilabert, secretario de acción sindical de UGT, cree, en la misma línea, que el PP está dando un portazo a la negociación: "Le hemos mandado una carta al secretario de Estado pidiendo una mesa negociación Administraciones Públicas. La falta de diálogo es permanente. Nos parece perfecto que los militares desarrollen su carrera profesional en otra administración pero no que se haga de esta manera. Es una locura". UGT apuesta por "un ejército más especializado", en la línea opuesta a lo que interpreta de la enmienda popular. "Son medidas fruto de la improvisación. Si algo necesitamos es mejores militares".

Desde el colectivo de militares la opinión es bien distinta. Mariano Casado, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), mayoritaria en las Fuerzas Armadas, estima que la reforma “puede ser positiva si el proceso se da en condiciones de igualdad y en puestos [de la Administración Civil] en los que su experiencia [de los militares] pueda contribuir a una mayor eficacia del servicio público”. No obstante, casado reconoce tener dudas, ya que “se discrimina a los militares profesionales que no son de carrera [tropa y marinería y oficiales de complemento], precisamente los mayores perjudicados por el proceso de transformación [de las Fuerzas Armadas] que se avecina”. En cualquier caso, advierte, la nueva norma debería haber sido analizada por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, donde están representadas las asociaciones militares, y demuestra la urgencia de proceder a la reforma de la Ley de la Carrera Militar, que ha sufrido sucesivos retrasos en el Congreso.

El proyecto que inicia este miércoles sus trabajos en la Comisión de Hacienda y Administraciones Pública podrá incorporar otras propuestas del PP que, para el CSIF, "apuestan por la figura del personal interino, en vez de apostar por el empleo fijo y de calidad". Otra de las modificaciones servirá para facilitar la movilidad del personal de libre designación.