El Tribunal de Cuentas investiga un sobrecoste del 230% en el AVE barcelonés

El Tribunal de Cuentas, tras concluir en abril de 2013 su informe de fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea AVE Madrid-Barcelona (desarrolladas entre 2002 y 2009), detectó unas anomalías tan graves, con incrementos del precio de hasta el 230% y unos desembolsos injustificados de 415 millones de euros, que abrió una investigación interna que aún no ha concluido.

Las irregularidades detectadas por dicho organismo supervisor en las obras del AVE Madrid-Barcelona son distintas de las que investiga la Fiscalía Anticorrupción y que han propiciado ya una decena de detenciones. Se resumen en los dos siguientes aspectos.

Por un lado, se detectó un incremento en el precio del contrato para la construcción de la Plataforma en el tramo Hospitalet-La Torrassa de 247 millones de euros, lo que representa un incremento del 230% del precio de adjudicación del contrato.

En segundo lugar, so pretexto de que se detectaran deficiencias en el proyecto para la construcción de tres tramos (Castellbisbal-Papiol, Hospitalet-Can Tunis y La Torrassa-Sants), se modificaron los contratos primitivos firmados con la Administración. Estos añadidos o modificados supusieron unos gastos adicionales de 18,2 millones en el primer tramo, 23,7 millones en el segundo y 126 millones en el tercero. El Tribunal de Cuentas no logró acreditar que la Administración, la empresa Adif dependiente de Fomento, hubiera exigido responsabilidad alguna a ninguno de los contratistas.

Ante la envergadura de este malgasto y descontrol en el pago de las obras, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. En la actualidad, un año después de abrirse las pesquisas, el asunto está aún en fase de investigación para determinar las circunstancias en las que se produjeron los sobrecostes, la identidad de sus presuntos responsables y el importe de los perjuicios que pudieran haber sufrido los caudales públicos. Estos datos son el paso previo para poder ejercitar acciones y exigir su restitución a las arcas públicas.

Si, por añadidura, se advirtiera algún indicio penal en el curso de esta investigación interna del Tribunal de Cuentas, se pondría en manos de la justicia ordinaria. Pero la naturaleza de la documentación que maneja suele generar que este escenario no se produzca. Los datos que obran en poder del Tribunal de Cuentas solo permiten detectar que la Administración no ejerce los controles exigibles, que no justifica los contratos o alzas que abona, pero no puede adentrarse en las marañas que frecuentemente esconden tales mecanismos: el supuesto regalo de dinero público, una parte del cual luego presuntamente devuelven las constructoras con cohechos. Y este campo es el que investiga la Fiscalía Anticorrupción.