Interior expedienta a un comisario por hablar del 11-M para EL PAÍS

La Dirección General de la Policía ha abierto un expediente disciplinario al comisario principal Telesforo Rubio, máximo responsable de la Comisaría General de Información (CGI) de junio de 2004 a septiembre de 2006, por una entrevista concedida a EL PAÍS sobre el 11-M con motivo del décimo aniversario de los atentados de Madrid. El expediente ha sido abierto a instancias del director del cuerpo, Ignacio Cosidó, quien el mismo día de la trágica efeméride, a las 13.14, envió un correo a la Subdirección de Recursos Humanos para preguntar quién había dado permiso a Rubio para hacer las declaraciones, según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), al que ha causado algo más que extrañeza este proceder.

Telesforo Rubio se convirtió desde prácticamente los primeros días de gestión del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en la pieza a batir en la que se fijó el PP dentro de su estrategia para sembrar de sospechas la investigación del peor atentado en la historia de España. El PP incluso arrojó sospechas sobre su participación en el llamado chivatazo a ETA del bar Faisán.

El expediente por falta leve, al que ha tenido acceso este diario, ha sido abierto por haber dado la entrevista sin permiso de sus superiores y por haber facilitado, dice, datos de los que tuvo conocimiento como jefe de la inteligencia policial. Pero Rubio dio datos conocidos durante la instrucción, el juicio y la comisión de investigación del 11-M o difundidos por Interior. En la entrevista, el comisario negaba que antes o después de los atentados de los trenes se hubiese encontrado “ni un hilo que vinculase el 11-M con ETA”.

Antonio, ¿quién autorizó esta entrevista?”, inquirió Ignacio Cosidó

La entrevista fue publicada el 10 de marzo. Al día siguiente, Cosidó envió un correo (con copia de la entrevista) a Antonio Rodríguez Martín, subdirector general de Recursos Humanos, con este texto: “Antonio, ¿quién autorizó esta entrevista?”. La cuestión acabó recayendo en Roberto Nuevo, jefe de Régimen Disciplinario, quien hizo el primer escrito sobre el asunto. “En relación con las declaraciones realizada por el comisario principal don Telesforo Rubio sobre los atentados del 11-M de 2004 y su relación con ETA, se informa [de] que en su contenido no se aprecian manifestaciones que ofrezcan indicios de responsabilidad disciplinaria”, arrancaba.

La ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía solo considera que constituyen faltas muy graves “la publicación o la utilización indebida de secretos oficiales, declarados así con arreglo a la legislación específica en la materia” o “la violación del secreto profesional cuando perjudique el desarrollo de la labor policial, a cualquier ciudadano o a las entidades con personalidad jurídica”.

Las fuentes consultadas explican que el 11-M es “un hecho histórico” y “cosa juzgada”, por lo que las declaraciones de Telesforo Rubio no cabe incardinarlas en ninguno de los preceptos de falta muy grave. Y añaden que el excomisario general de Información “no facilitó ningún dato que no fuera conocido de los atentados” que hubiera conocido en razón de su cargo. Por lo tanto, sostienen que habló como “un ciudadano más en el ejercicio de su libertad de expresión”. La inexistencia de relación entre el 11-M y ETA, además de figurar en la sentencia de los atentados, fue objeto de debates, interrogatorios e informes tanto en el juicio por los atentados como en la comisión de investigación parlamentaria. Y los datos sobre detenciones de etarras que facilitó Rubio figuran en las estadísticas que Interior difunde en su página web.

La policía se remite a una circular de 1994 para el proceso sancionador

Sin embargo, los responsables policiales buscaron un resquicio para proceder contra Rubio, único comisario principal exresponsable de Información y exsubdirector del cuerpo que sigue activo al que no se le ha dado un puesto en el Consejo de la Policía: el no pedir autorización para hablar.

Para ello, el expediente se remite a la circular número 85 de la DGP, de 28 de marzo de 1994, elaborada durante el Gobierno de Felipe González y con Margarita Robles como viceministra de Interior. Dicho documento, que firma el entonces director general de la Policía, Carlos Conde Duque, se refiere a la necesidad de autorización para que los policías participen en medios de comunicación, aunque de su lectura se infiere que dicho texto se refiere a casos aún abiertos o recién resueltos. El catálogo de 13 faltas leves del régimen disciplinario no incluye nada sobre la falta de autorización. De hecho, en el expediente no se identifica la frase o dato que facilitó el comisario principal que pudiera haber obtenido solo por el ejercicio de su cargo en la CGI.

Rubio, funcionario de nivel 30 con 39 años de servicio efectivo, está citado a declarar el día 25 de este mes, pero al ser vocal de la ejecutiva de la Federación de Comisarios del SUP, su caso puede aún tener más vericuetos. De ser sancionado, como máximo le impondrían la suspensión de funciones de uno a cuatro días, que no supondrá la pérdida de antigüedad ni implicará la inmovilización en el escalafón, o un apercibimiento. Rubio tiene otros dos expedientes abiertos relacionados con su separación matrimonial y tramitados por Asuntos Internos, lo que también ha causado extrañeza en fuentes del cuerpo.