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Con la piqueta a las puertas

La promotora de Marina de Valdecañas, sentenciada por el Supremo, se declara en preconcurso de acreedores

La urbanización Marina de Valdecañas (Cáceres), a orillas del Tajo.
La urbanización Marina de Valdecañas (Cáceres), a orillas del Tajo.

Unos veteranos golfistas franceses acaban de jugar y van al vestíbulo del hotel a tomarse l’apéritif. Uno pide un whisky y otro un gin tonic. El camarero atiende en un correcto francés, fruto de años en la hostelería en Benidorm. Se recuestan en los sillones con vistas al lago y disfrutan de la puesta de sol. Al lado, la tienda de golf vende jerséis de cachemira de la marca Alan Paine con el emblema del lugar por 89 euros. La escena no transcurre en Sotogrande, sino en un embalse en el Tajo a la altura de El Gordo (Cáceres), en la conocida como Marina de Valdecañas. Pero, bajo la exclusiva escena, un terremoto jurídico, ambiental y mercantil amenaza a la primera urbanización que quiso trasladar al interior el modelo de golf y lujo del litoral.

Desde el 6 de febrero Marina de Valdecañas no solo es ilegal —lo confirmó el Tribunal Supremo por estar construida en una zona protegida por la UE sin que la Junta de Extremadura motivara por qué le daba los permisos—, sino que, tres semanas después, la promotora Marina Isla de Valdecañas presentó un preconcurso de acreedores que señala que "se encuentra en situación de insolvencia actual" y negocia con los acreedores una refinanciación.

La empresa es propiedad de José María Gea, un promotor sevillano que hizo fortuna en la costa de Huelva con proyectos similares, como la Marina de Islantilla, y que no ha querido hablar para este reportaje. En Cáceres encontró el apoyo entusiasta del Gobierno regional del PSOE y de la oposición popular, que veía cómo la burbuja inmobiliaria esquivaba su comunidad. Consiguió en 2007 un Proyecto de Interés Regional para construir 185 viviendas, hoteles, campo de golf, club náutico... en una isla en el Tajo. A solo hora y media de Madrid, la idea era “tener una masa social muy Puerta de Hierro y La Moraleja”, según Jesús Ibáñez, el paisajista del proyecto, que antes había diseñado resorts parecidos en Punta Cana (República Dominicana). “Buscamos un entorno natural, con mucha planta autóctona. Los ecologistas critican el proyecto, pero, antes de que llegáramos, la isla no era fea, era lo siguiente: estaba llena de eucaliptos”.

Con el primer fallo en contra, la promotora firmó una "escritura de garantías" que le obliga a recomprar las casas

A pesar de la crisis, Valdecañas ha vendido las casas. Hay más de 180 propietarios. El exjugador de baloncesto Fran Murcia dirige la zona deportiva. “Tenemos 150 niños y un ambiente muy bueno. Es un paraíso”.

Una lista de apellidos ilustres —o simplemente pijos— emerge siempre que se habla de Valdecañas: Gómez Acebo y Aznar son algunos de ellos. “Sé que Carlos Baute compró, pero no sé si aún la tiene. Son directivos y abogados que trabajan 12 horas diarias. ¿Es que Beltrán Gómez Acebo o el hijo de Aznar no trabajan?”, se pregunta Murcia. Según el diario económico Expansión, allí paran “directivos de Banco Santander, Rothschild, Telefónica, Julius Baer, Bank of America, Pitctet, Credit Suisse, UBS, PwC, CBRE y Johns Lang Lasalle”.

El alcalde de El Gordo, el popular Elías Correas, se hace el interesante: “Por oídas sí sé que hay gente importante. Cuando pasan por el pueblo con el coche los vecinos comentan, ‘ese es fulano y ese zutano”. El edil es un firme defensor de la urbanización: “Está funcionando bien, y lo más importante es que da puestos de trabajo”. Murcia coincide: “Se ha paralizado todo por una incompatibilidad entre justicia y política. Luego nos quejaremos de que no haya inversión extranjera en España. Si a gente que tiene su licencia y su hipoteca se le declara ilegal la casa...”.

Las villas costaban aproximadamente medio millón de euros. Pese a que las calles son públicas, una valla y un guarda de seguridad impiden el paso. Si alguien quiere curiosear, debe decir que va a tomar algo al hotel, que recibió una subvención europea de más de un millón de euros para desarrollo de zonas deprimidas.

Cuando algunas de las casas fueron vendidas, la sombra de la ilegalización ya sobrevolaba la urbanización: en marzo de 2011 el Tribunal Superior de Extremadura dictó la primera sentencia que daba la razón a Ecologistas en Acción y a Aedenex, y ordenaba “la reposición de los terrenos [...] a la situación anterior a la aprobación de dicho proyecto”.

Pero los compradores creían estar cubiertos.

No solo recibieron las licencias de ocupación y los permisos autonómicos, sino que, tras el primer fallo, la promotora firmó con ellos una “escritura de garantías” para calmarlos. En ella, Gea les daba su palabra de que no habría problemas. “En el caso de que como consecuencia de cualesquiera circunstancias urbanísticas o ambientales derivadas de requisitos anteriores a la firma de la presente escritura se ordene con carácter ejecutivo restituir el terreno a su estado anterior con la consiguiente demolición de la vivienda [...] Marina Isla de Valdecañas se obliga, con carácter previo a la ejecución de dicha obligación, a recomprar a los compradores que lo soliciten [...] asumiendo íntegramente cualquier coste que se derive de la ejecución”.

Sin embargo, con la empresa en preconcurso de acreedores, algunos propietarios comienzan a dudar de que puedan recuperar su dinero, según fuentes jurídicas, que añaden que un grupo de ellos pleitea con la promotora. Son los que dieron una señal y luego la pidieron de vuelta tras el fallo del Supremo.

Aunque la sentencia del Supremo es firme y la semana próxima cumple el plazo para ejecutarla voluntariamente, la Junta de Extremadura (ahora en manos del PP con apoyo de IU) va a intentar que la urbanización siga en pie.

El presidente extremeño, José Antonio Monago, busca una última bala para salvar el desarrollo: “¿Derribarlo? Bueno, hay que ser respetuoso con la sentencia, pero todavía caben acciones de recurso, que en estos momentos están encima de la mesa. Y vamos a ver cómo se resuelve ese asunto, porque es una inversión muy importante. Hay una pretensión legítima de los pueblos afectados, ya que contribuye positivamente a su desarrollo económico; y, por otro lado, hay una pretensión de los ecologistas, que además tienen ya la sentencia. Por tanto, intentaremos actuar conforme al interés general. Espero que sea así”, declaró a este diario hace dos semanas.

En realidad no caben recursos, sino alegar ante el Supremo que el daño para el medio ambiente es mayor derribando que salvando la urbanización, e intentar un cambio legal que sirva ante el Supremo como coartada. Paco Segura, de Ecologistas en Acción, confía en que la piqueta finalmente entre en Valdecañas y siente, al fin, un precedente: “Hay sensación de impunidad porque al final se legaliza todo”. El abogado de la ONG, José María Trillo, parece resignado a la posibilidad de que se abra un largo procedimiento para ejecutar una sentencia firme, y un cruce de litigios para resolver quién paga un eventual derribo y si hay que indemnizar a los compradores o a la empresa: “Ya lo dijo Galeano: ‘La justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos”. Y en la Marina de Valdecañas hay Audis, BMW y Mercedes. Pero descalzos, pocos.