Cuatro Parlamentos del PP y el de Canarias, los menos transparentes

La transparencia sigue siendo una asignatura pendiente, también para los Parlamentos autonómicos. Los más opacos son los de Murcia, Canarias, Baleares, Madrid y Valencia, todos ellos presididos por el PP, excepto el canario. Solo uno de ellos, el de Cantabria, que también está presidido por el PP, ha obtenido un sobresaliente, según el análisis realizado por Transparencia Internacional, tras analizar los resultados de 80 indicadores. La nota media es de 64 sobre 100.

En la evaluación, el Índice de Transparencia de los Parlamentos ha añadido también la del Congreso y el Senado. La Cámara baja se encuentra justo en la mitad de la tabla y saca las peores notas en la información que facilita sobre las contrataciones de servicios y en el cumplimiento de los indicadores de la nueva Ley de Transparencia, en los que apenas obtiene un aprobado. El Senado se ubica en la parte más alta de la tabla, en tercera posición, después de Cantabria y Navarra. No obstante, tal como desveló ayer el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, la Cámara alta comenzó el proceso de evaluación, en diciembre, con un índice de 30, pero durante los meses en los que se ha evaluado la información que facilita ha subido su nota hasta cerca de un 84. De hecho, la puntuación media inicial de los 19 Parlamentos analizados fue de solo 25,6 y la definitiva alcanzó los 64,1 puntos.

El índice analiza la información sobre la institución, su funcionamiento y actividad, las relaciones con los ciudadanos, la transparencia económico-financiera y la transparencia en contrataciones de servicios, obras y suministros. Las peores notas son las registradas en el ámbito de la transparencia económico-financiera, que tiene en cuenta la información facilitada sobre créditos extraordinarios, gastos de los grupos parlamentarios o las condiciones laborales de su personal. La media en este apartado es de suspenso y solo Cantabria obtiene un 100. Nueve Parlamentos no llegan al cuatro y Baleares destaca porque solo suma 11 puntos de los 100 posibles.

Otro de los índices más llamativos es el referente a los indicadores sobre los requisitos que exige la Ley de Transparencia aprobada en noviembre. Esta exige, por ejemplo, la publicación de todos los contratos, incluso los menores, y la identidad de los ofertantes y los adjudicatarios. Además de que la media baja hasta el 58,6 respecto a la valoración global, el Congreso obtiene un aprobado justo y hasta seis Parlamentos autonómicos no cumplen con los mínimos de cumplimiento de la nueva ley. En cualquier caso, las Cámaras disponen aún de más de un año para adaptarse a la normativa.

En el punto opuesto, la información sobre el Parlamento y la información sobre el funcionamiento y la actividad de la actividad parlamentaria, son las áreas en las que las Cámaras puntúan más alto, ya que la media es de 81,4 puntos.

Pese a los resultados mejorables, el abogado Antonio Garrigues Walker, miembro del comité ejecutivo de Transparencia Internacional, no considera que exista una “voluntad de ocultación” en ningún Parlamento y se mostró convencido de que las puntuaciones irán mejorando en las próximas ediciones del informe, porque son conscientes de que “en España hay un deseo de transparencia”.

Por su parte, la catedrática de derecho penal y también miembro del comité ejecutivo Silvina Bacigalupo señaló la importancia de la transparencia en la prevención de la corrupción y añadió que, si bien se suele entender la corrupción como el aprovechamiento de un cargo público en beneficio de un interés privado, el sector privado es, a menudo, la otra cara de la moneda, motivo por el que entre los indicadores se tiene en cuenta la información que se facilita sobre transparencia en la contratación.