El Gobierno se enzarza con Mas en un debate de malentendidos

El Gobierno y la Generalitat de Cataluña llevan dos días enzarzándose en un debate lleno de malentendidos en el que todos parecen quedarse con solo una parte de los mensajes cruzados mientras Artur Mas mantiene su pulso soberanista. En primer lugar, el Ejecutivo de Mariano Rajoy rechaza la concesión de un concierto económico a esa comunidad y, a pesar de que CiU recuperara el jueves la idea de un pacto fiscal, en el Gobierno aseguran que nada ha cambiado en su hoja de ruta para la reforma del sistema de financiación.

No habrá trato específico para Cataluña con respecto a otras autonomías y, en cualquier caso, la revisión del sistema no es inminente, puesto que se abordará después de la reforma fiscal, que, como asegura el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está vinculada a ella. La número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, fue tajante. Esto es, el procedimiento para establecer el nuevo modelo de financiación no varía y seguirá centrándose en dos ideas fuerza: la evaluación de cómo ha funcionado el sistema actual y el proceso de negociación para reformarlo.

Estos trámites serán multilaterales y, aunque haya contactos bilaterales, el objetivo primordial de la revisión chocaría con la hipótesis de un concierto económico catalán. “Queremos construir el nuevo sistema con un objetivo básico y fundamental: mejorar la financiación de los servicios públicos de todos los españoles”, destacó Santamaría, quien, tras la reunión del Consejo de Ministros, pidió a los dirigentes de CiU y al propio presidente de la Generalitat que aclaren su posición.

Todo empezó el jueves en el Congreso de los Diputados, cuando el portavoz adjunto de CiU en esa Cámara, Josep Sánchez Llibre, aprovechó la celebración del debate sobre la renovación del concierto vasco —un principio que se establece en la Constitución— para solicitar al Gobierno un trato fiscal parecido al del Euskadi. El sistema de concierto implantado en el País Vasco y en Navarra consiste en recaudar todos los impuestos y establecer un cupo de reintegro al resto del Estado. Mas ya se lo reclamó a Mariano Rajoy en septiembre de 2012. En aquel momento el presidente del Gobierno le recibió en La Moncloa con una negativa. Y el jueves, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ni siquiera mostró públicamente interés por la petición de CiU.

Pero volvieron a surgir las preguntas habituales. ¿Estaría Mas dispuesto a renunciar a su desafío soberanista a cambio de un tratamiento de favor? La Generalitat de Cataluña lo niega. ¿Estaría el Gobierno dispuesto a alcanzar ese pacto fiscal? Tampoco.

“La consulta soberanista no es intercambiable por nada. No estamos dispuestos a cambiar democracia por cuatro duros”, mantuvo este jueves Francesc Homs. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Mas advirtió además al Ejecutivo de que supondría “una estrategia absurda” pensar que se podría desactivar el proceso impulsado por el presidente catalán empleando un modelo de financiación favorable para Cataluña. Si esta es la postura de la Generalitat, tal vez se haya llegado a ella pasando por algunos malentendidos en la escenificación pública de postura.

De hecho, este viernes fue la propia Santamaría quien vino a preguntar a Mas y a CiU dónde se hallan. “Creo que debiera ser el grupo catalán, CiU, quien en este momento explicara en qué posición se encuentra, porque el 8 de abril lo que se debate en el Congreso es una proposición de ley del Parlamento catalán y proposiciones presentadas por esos grupos con una determinada posición”, sostuvo Santamaría, en relación con la petición de solicitar la transferencia de la competencia para celebrar un referéndum de autodeterminación a la Generalitat. La vicepresidenta también consideró que Mas debería explicar por qué razón ese día no tiene previsto acudir al Congreso de los Diputados para defender una propuesta que apuntala los planteamientos que “ellos consideran sus grandes proyectos políticos”. La posición del Ejecutivo del PP estará expresada “con claridad” en ese debate, aseguró Santamaría, aunque evitó aclarar si será el propio Mariano Rajoy quien defienda la postura del Gobierno desde la tribuna.

Esta situación de malentendidos, una comedia de equivocaciones trasladada a un terreno político extremadamente delicado, es en realidad el reflejo de las relaciones reales entre La Moncloa y el Ejecutivo de Mas. La falta de diálogo real ha provocado una polémica sin salida con vistas al debate del 8 de abril y en vísperas de un acto de la vicepresidenta en Cataluña en el marco de la precampaña europea del PP. El domingo, Santamaría viajará Barcelona para participar en la convención del PP catalán. Esta visita se produce, además, tan solo cuatro días después de la decisión del Tribunal Constitucional de anular por unanimidad la declaración aprobada en el Parlamento catalán en enero de 2013 que definía a Cataluña como “sujeto jurídico y político soberano”. La propia Santamaría destacó que el fallo del tribunal fue unánime y subrayó que “deja sentadas cuestiones que son importantes”, como que “nadie puede declararse sujeto político soberano más allá del pueblo soberano en su conjunto”. Recordó además que “no cabe [en la Constitución] la convocatoria unilateral” de un referéndum de autodeterminación y, en línea con el discurso habitual de Rajoy, defendió que las “aspiraciones políticas” de CiU deben plantearse con arreglo a la ley y al texto constitucional.