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La oposición reclama al Defensor que alce más la voz por los desprotegidos

Soledad Becerril insta al Gobierno a que cuide más las solicitudes de asilo

La defensora del Pueblo pide al Ejecutivo más actuaciones en inmigración y desahucios

La Defensora del Pueblo, este jueves en el pleno del Congreso. Ampliar foto
La Defensora del Pueblo, este jueves en el pleno del Congreso. EFE

En el fondo, los grupos políticos de la oposición reconocen que la institución del Defensor del Pueblo a cuyo frente está Soledad Becerril ejerce una actividad mucho más intensa y comprometida que en etapas anteriores. Aun así, este jueves, cuando ha presentado ante el pleno del Congreso su informe de 2013 no ha recibido vítores ni aplausos; sino la petición de que alce más la voz en favor de los desprotegidos. Se lo han pedido Cesar Luena, portavoz del Grupo Socialista, y Caridad García, de Izquierda Plural. Otras críticas, como del PNV y CiU, le han venido por "inmiscuirse" en asuntos que no son suyos, sino de las autonomías —denunciado por el PNV— y porque su actuación debe ser "más imparcial".

No es suficiente para la oposición, pero la actual defensora del Pueblo "ha pisado muchos charcos en su año y medio de actuación", señalan sus colaboradores. La realidad así lo dice, aunque a la institución solo se le permite hacer recomendaciones y en casos de presuntos delitos instar al Fiscal para que actúe. Otra de sus facultades es presentar recursos de inconstitucionalidad a las leyes que aprueba el Gobierno. No lo ha hecho a pesar de que los sindicatos y algún partido político sin representación para hacerlo —se necesitan 50 diputados— se lo han pedido reiteradamente. Su respuesta siempre ha sido que, en todos los casos para los que se solicitaba su intervención, ya había algún grupo político que lo iba a hacer; es decir, el PSOE, único grupo de la Cámara en la oposición con representación para hacerlo.

Sí ha ejercido la defensora esta facultad a petición de Izquierda Plural —a través del diputado Alberto Garzón— ante un decreto del Gobierno que ella considera inconstitucional, que otorga al alcalde de un Ayuntamiento sin mayoría la capacidad de imponer una medida en materia presupuestaria.

No ha presentado más recursos de inconstitucionalidad pero sí ha investigado y propuesto medidas al Gobierno en los asuntos más trascendentes de la legislatura. Lo ha hecho sobre el engaño de las preferentes, la ley antidesahucios y la pobreza infantil. Y en los últimos tiempos ha tenido una dedicación especial a la situación de los inmigrantes ilegales, como ya expuso en el trámite anterior en la comisión parlamentaria del Defensor del Pueblo.

Con las preferentes se ha engañado a decenas de miles de personas

Soledad Becerril, defensora del Pueblo

Este jueves en el pleno ha denunciado que el número de peticiones de asilo que se tramitan en España es muy bajo si se compara con la media de la Unión Europea. También son bajas las que se aceptan, por lo que pide una mayor colaboración de España con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ceuta y Melilla para que se diferencie a los inmigrantes económicos de los que podrían ser refugiados. "Estamos muy vigilantes", ha dicho la Defensora, tras destacar que los funcionarios que trabajan en las dos ciudades autónomas relacionadas con la inmigración lo hacen de forma "muy correcta", a pesar de la "sobreocupación" de los centros. Las Fuerzas de Seguridad tienen todo su "respeto", aunque cuando se analizaron los hechos del 6 de febrero con la muerte de 15 inmigrantes consideró inadecuado el lanzamiento de pelotas de goma.

En materia de inmigración, uno de los reproches del socialista Cesar Luena es que no haya habido la suficiente presión como para que el Gobierno devuelva la asistencia sanitaria general —y no solo para urgencia— a los inmigrantes sin papeles.

Un cambio sustancial del estatuto del Defensor haría posible que los mandatos de la institución fueran de obligado cumplimiento; y una mayor garantía de "imparcialidad", ha sido demandado por la portavoz de CiU, Carme Sayòs. La elección del Defensor del Pueblo siempre ha sido fruto de un pacto entre los partidos mayoritarios, PP y PSOE, siendo el Gobierno quien tenga la facultad de proponerlo, quedando el Adjunto primero para el partido de la oposición mayoritaria y el adjunto segundo habitualmente a iniciativa de CiU.

Así ha sido en esta ocasión. Becerril ha sido alcaldesa de Sevilla por el PP y diputada de ese partido, aunque su carrera política procede de las filas de UCD de Adolfo Suárez dentro de la familia liberal. Junto a ella está el socialista Francisco Fernández Marugán que es su mano derecha real por su talante y por el amplio conocimiento de los temas económicos y sociales. Ambos se conocen de muchos años atrás. Junto a ellos está la adjunta segunda, Concepció Ferrer, dirigente de CiU. El lenguaje que se emplea en esta institución no ha sido habitual en años anteriores. Por ejemplo, la manera en la que Becerril se ha referido este jueves a la venta de preferentes por entidades bancarias, sobre todo, cajas de ahorro: "Se ha engañado a decenas de miles de personas". Pero la oposición le pide más.