El presidente del Constitucional defiende a ultranza la España de las autonomías

El pleno del Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la declaración soberanista de Cataluña, pero su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, ya ha abordado el asunto en dos ocasiones, y en la misma dirección: ensalzando el modelo de Estado autonómico que recoge la Constitución, reclamando abstinencia sobre “decisiones o actos que perjudiquen el interés general” y advirtiendo de que el tribunal ya ha aplacado tanto “intentos de minimización como de desbordamiento del proyecto de descentralización política”.

El presidente pidió este miércoles, aprovechando la toma de posesión de un nuevo magistrado, lealtad, como “soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico” y, reprochando los intentos de profundizar en él, expuso cómo la Constitución ha “consentido” a diferentes partidos desarrollar sus programas de gobierno hasta llegar a un grado de descentralización “perfectamente comparable al de los Estados federales”. Abundó en la defensa de la norma con un tono rotundo: “Es preciso repetir la verdad”, dijo. Y expuso cómo la Constitución ampara “incluso a quienes no participan de sus valores y querrían sustituirlos por otros”. Además, alegó que “garantiza a las nacionalidades y regiones un nivel de autogobierno del que nunca antes habían gozado”.

Pérez de los Cobos, no obstante, no descartó la posibilidad de un cambio en el modelo, pero “siempre y cuando la reforma se plantee desde el respeto a las reglas que la propia Constitución establece”. Así, exigió a “todos los poderes públicos” que se abstengan de “adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen el interés general y tengan en cuenta, por el contrario, la comunidad de intereses que les vincula entre sí, que no puede resultar disgregada o menoscabada como consecuencia de una gestión insolidaria de los propios intereses”.

El pleno del Constitucional ha tratado en, al menos, dos ocasiones la impugnación del Gobierno a la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento catalán en enero de 2013. Pese a que la resolución del recurso aún no se ha incluido en el orden del día de ningún pleno, en ambos posicionamientos informales se ha plasmado una clara división.

La mayoría conservadora aboga por declararla inconstitucional, mientras que la progresista sostiene que no tiene valor jurídico y que, por tanto, no debería admitirse la impugnación. El debate podría retomarse la próxima semana.