La oposición pretende forzar el debate sobre la corrupción en el Congreso

La oposición no se lo va a poner fácil al Gobierno en su interés de llegar a un pacto sobre la corrupción. El mismo día, el próximo miércoles 19 de marzo a las cinco de la tarde, en el que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha convocado por carta a los grupos parlamentarios para este asunto, el grupo de UPyD en el pleno del Congreso, por la mañana, interpela al Gobierno sobre la corrupción. Habrá, por tanto, un debate público a mediodía sobre la corrupción con carácter muy crítico con el Gobierno y, por la tarde otro, pero en privado, con las puertas cerradas.

Al tiempo, el PSOE ha presentado la petición urgente de comparecencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que explique a qué políticos condenados por comportamientos ilícitos ha indultado. El Ministerio ha reconocido que han sido siete altos cargos, pero la oposición quiere sacar punta a la afirmación del ministro de que no había firmado nunca indultos a corruptos.

Con la oposición encendida se producirá el miércoles la reunión con la vicepresidenta, pero antes el Gobierno tendrá que haber mantenido un debate público. “¿Cuáles son los propósitos del Gobierno en relación a las reformas legales necesarias a fin de combatir la corrupción política?”. Este es el título de la interpelación presentada por el partido que lidera Rosa Díez. Aún no se ha decidido si la respuesta la dará la propia vicepresidenta o el ministro de Justicia. Lo cierto es que la convocatoria de Soraya Sáenz de Santamaría no ha suscitado entusiasmo, por cuanto que invita a debatir en torno a dos leyes que ya ha presentado unilateralmente el Gobierno y están en el Congreso. “ ¿Para qué nos invitan a debatir si ya están en proceso de tramitación normal: pues con ellas con luz y taquígrafos”, ha replicado la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, que ha pedido a la vicepresidenta que precise si hay algo más de lo que hablar. Las leyes aludidas son sobre la actividad económica de los partidos y la regulación del ejercicio de los altos cargos.

Faltan materias que abordar, a criterio de la oposición, como se verá en la interpelación de Rosa Díez. Para empezar “medidas eficaces para acabar con la impunidad y castigar duramente los comportamientos que pervierten nuestra democracia”, señala la portavoz de UPyD. “La Ley ha de prohibir que las personas acusadas por delitos de corrupción política puedan ir en listas electorales, tipificar inmediatamente el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, perseguir el delito de enriquecimiento ilícito de todos los cargos públicos y poner coto a la discrecionalidad de los indultos otorgados por el Gobierno, especialmente en lo relativo a los delitos relacionados con la corrupción”, continúa.

Además de lo anterior, consideran imprescindible reforzar el régimen de responsabilidad de aquellos gestores públicos que, bien de forma dolosa o bien por negligencia grave, “hayan causado, por actos u omisiones contrarios a la Ley, daños patrimoniales a los bienes o al caudal público, incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo”. Así, a los políticos que ocupen cargos en sociedades o entes públicos, “muchos de las cuales están espléndidamente retribuidos, se les podría exigir responsabilidades personales y patrimoniales”, de forma análoga a la responsabilidad a la que están sometidos los administradores y consejeros de las sociedades mercantiles.

Pero la controversia sobre los indultos está en primer plano, lo que no ayudará al buen clima de la reunión con la vicepresidenta. Izquierda Plural ha pedido explicaciones por escrito y en las próximas horas habrá más preguntas para el ministro de Justicia.