Gallardón indultó a siete cargos públicos o funcionarios por delitos de corrupción

Corrupción: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Corromper: “Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera”. Apoyado en estas dos definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó el miércoles —y reiteró hoy jueves— que no ha concedido ningún indulto en casos de corrupción, y que no lo hará nunca. En realidad, su ministerio ha concedido en estos dos años media docena de indultos a cargos públicos o funcionarios municipales condenados por delitos de malversación de fondos o prevaricación urbanística. Pero Gallardón sostiene que eso no es estrictamente “corrupción”, porque los condenados no se llevaron el dinero a su bolsillo.

“Este Gobierno no ha concedido un solo indulto en casos de corrupción. Es más, mientras yo sea ministro de Justicia, no lo va a hacer”, dijo el ministro a última hora del miércoles, durante una conferencia ante estudiantes de Derecho de la escuela superior Esade, en Barcelona. Hoy, a media mañana, varios partidos de la oposición (PSOE, IU, ERC, UPyD, Compromís) y la asociación Jueces para la Democracia lo habían tachado ya de mentiroso, señalando que Justicia sí ha concedido indultos en casos de corrupción.

El propio ministerio, a través de un portavoz oficial, admitió más tarde que, entre los 691 indultos concedidos en 2012 y 2013, hubo diez en casos catalogados como “delitos contra la administración pública”; de ellos, siete están relacionados con malversación o prevaricación (el resto son delitos de otro tipo pero vinculados con el trabajo público). Aun así, Gallardón sostuvo que él no había mentido, porque la malversación y la prevaricación no siempre implican, dijo, corrupción.

“La corrupción no es un delito jurídico que esté como tal delimitado en el Código Penal”, afirmó el ministro. “Lo que me preguntaron ayer [en la conferencia en Barcelona] es si los políticos que se llevan el dinero a su bolsillo habían sido o iban a ser indultados. Y la respuesta es que no: ni lo han sido ni lo van a ser”, añadió. Esa respuesta de Gallardón el miércoles se entendió como un anuncio de que no indultará al exministro y expresidente de Baleares Jaume Matas, condenado a prisión por tráfico de influencias.

De los siete indultos concedidos por malversación o prevaricación en estos dos años, el más claro es el de Josep María Servitje, miembro de Uniò Democràtica y ex número dos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, que evitó la cárcel tras ser condenado —en el llamado caso Treball— a cuatro años y medio de prisión por prevaricación y malversación en la adjudicación de informes a varias empresas. Hay también tres ediles y un exalcalde del PP de un municipio malagueño indultados tras ser condenados por conceder licencias de obra sin proyecto arquitectónico. Y otros dos casos de malversación menor (ver cuadro). Además, el Gobierno indultó a un cargo de la subdelegación del Gobierno en Cáceres que había estafado a inmigrantes cobrándoles dinero por falsos permisos de residencia (este último caso no está incluido en los diez catalogados como "delitos contra la administración pública" por el ministerio).

El portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, acusó a Gallardón de faltar a la verdad porque ha concedido, dijo, “bastantes” indultos en casos de corrupción, y abogó por una reforma legal que los prohíba en esos casos. Gaspar Llamazares, de IU, y Joan Tardà, de ERC, afirmaron directamente que “el ministro miente”. Y Rosa Díez, de UPyD, registró esta pregunta parlamentaria al Gobierno: “¿No considera el Gobierno el delito de malversación como un delito asociado a la corrupción?”. También la asociación Jueces para la Democracia emitió un comunicado en el que arremete contra el ministro por no decir “la verdad” y reclama una reforma de la ley de indulto.