Margallo justifica el envío a las embajadas de instrucciones sobre la ‘ley Fernández’

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha justificado este miércoles en el Congreso el envío a las embajadas españolas ante los organismos multilaterales de un argumentario sobre el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley Fernández, alegando que se trataba de responder a una “petición de información”.

En respuesta a una pregunta del diputado socialista Alex Sáez, Margallo ha asegurado que el pasado 30 de noviembre, un día después de que el Consejo de Ministros diese luz verde al texto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos remitió a su departamento una solicitud de información.

Según su explicación, Exteriores trasladó la petición al Ministerio del Interior, que le facilitó el argumentario, y el primero decidió distribuirlo también a las embajadas ante la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Consejo de Europa.

Margallo ha defendido el derecho del Gobierno a instruir a los embajadores sobre temas de política nacional (como el reto soberanista catalán), mientras que Sáez ha criticado que se implique a funcionarios que representan los intereses del Estado en polémicas de cariz partidista. En el caso de la ley de Seguridad Ciudadana, que ni siquiera ha sido aprobada aún por las Cortes, el argumentario incluía críticas al anterior Gobierno del PSOE.

Por otra parte, el jefe de la diplomacia española ha revelado esta mañana, en declaraciones a la cadena Cope, las aspiraciones de España en el reparto de cargos en las instituciones europeas, que deben renovarse tras las elecciones al Parlamento europeo del 25 de mayo. Según Margallo, España aspira a ocupar la comisaría de Asuntos Económicos o Monetarios o la de Comercio Internacional, ambas entre las de primer nivel, así como la presidencia del Eurogrupo, si pasa a ser un puesto de dedicación exclusiva --al que aspira el ministro de Economía, Luis de Guindos-- y la presidencia del Grupo Popular Europeo, así como de la propia Eurocámara, durante la mitad de la legislatura.

No obstante, ha reconocido que es “muy prematuro” hablar del reparto de cargos, ya que los demás países tienen también aspiraciones y habrá que hacer un “cambio de cromos”, pero ha señalado que todas las posibilidades están abiertas y se ha mostrado partidario de “apurar al máximo” la negociación.

También ha criticado el anteproyecto de la Ley de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, que fija un plazo de 18 meses para la retirada de símbolos franquistas. “No creo que tenga excesiva utilidad revisar los acontecimientos menos brillantes de nuestra historia”, ha dicho.