Ruanda nombra embajador en China a un genocida buscado por la Audiencia

Las causas de justicia universal que siguen llevando en la Audiencia Nacional se han convertido en mucho casos en una carrera en la que los Estados se dedican a poner obstáculos a los magistrados. El último se ha conocido hoy mismo: el Gobierno de Ruanda ha nombrado embajador en China al exjefe del Estado Mayor de su Ejército de Tierra, Charles Kayonga, procesado por genocidio por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu desde el año 2008. Con su nombramiento, Kayonga, considerado “responsable directo” de “masacres sistemáticas” de refugiados de la etnia hutu ruandeses y población civil congoleña, entre otros crímenes de lesa humanidad, obtendría la inmunidad diplomática que le otorga la Convención de Viena. Kayonga había sido detectado a principios de enero en Londres, donde supuestamente se estaba sometiendo a un tratamiento médico. El pasado 2 de enero, el juez Andreu había solicitado su detención a través de Interpol, pero las autoridades británicas ni siquiera comunicaron un arresto provisional, según fuentes jurídicas.

Kayonga ha sido designado para instalarse en la legación ruandesa en Pekin, y la agencia estatal del gigante asiático, Xinhua, ya ha informado de su nombramiento. Sin embargo, el teniente general no ha recibido el placet y las credenciales diplomáticas por lo que aún no goza del estatuto de embajador. Precisamente, esta maniobra del pequeño estado africano, presidido por Paul Kagame, acusado también de genocidio, se apoya en un país, China, cuyo Gobierno está ejerciendo una fuerte presión diplomática sobre España para acabar con la llamada justicia universal, después de que la Audiencia Nacional haya imputado a varios miembros de su cúpula política y militar, entre ellos los expresidentes Jiang Zemin y Hu Jintao, por el genocidio en el Tíbet.

Sin embargo, la huída de Kayonga también ha sido posible gracias a que las autoridades del Reino Unido han dilatado los plazos y el procedimiento para su arresto después de que fuera solicitado por el juez Andreu, según fuentes jurídicas. Las organizaciones que interpusieron la querella que dio pie al procesamiento de Kayonga y de otros 39 altos cargos del Gobierno de Paul Kagame, informaron al magistrado de la presencia del jefe militar en una clínica de Londres. El magistrado tramitó la orden de arresto inmediatamente a través de Interpol. Sin embargo, las autoridades británicas reclamaron a la Audiencia Nacional un certificado complementario sobre la validez de la petición, que también fue remitido por Andreu.

Además, según las mismas fuentes, el magistrado elevó la petición de arresto a Londres a través del magistrado español de enlace en el Reino Unido y notificó la presencia de Kayonga a la Agencia Nacional contra el Crimen británica. Los firmantes de la querella sostienen que como el teniente general aún no ha recibido las cartas credenciales del Gobierno chino, todavía no goza del amparo de la convención de Viena y puede ser detenido, aunque ya ignoran su paradero.

La causa abierta en la Audiencia Nacional investiga el genocidio de la etnia hutu perpetrado en Ruanda y Congo entre los años 1994 y 2000 por una estructura paralela al Estado ruandés, dominado por elementos de la minoría tutsi. Esta investigación que, junto a otra emprendida en Francia, ha convertido al presidente ruandés, Paul Kagame, en una presencia incómoda en foros internacionales, es distinta de la que lleva el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, centrada en el genocidio –con 800.000 muertos- llevado a cabo por la mayoría hutu contra los tutsis en 1994.

No es la primera vez que un tercer país facilita la huída de la justicia española de uno de los 40 querellados. En junio de 2010, Sudáfrica concedió asilo a Kayumba Nyamwasa, procesado en España por la muerte del religioso catalán Joaquim Vallmajó en 1994 y la de los miembros de Médicos del Mundo Flors Sirera, Manuel Madrazo y Luis Valtueña tres años después.