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La Fiscalía quiere que Mas testifique en la Audiencia por el asedio al Parlament

El ministerio público considera que el presidente catalán acudió a la cámara como diputado el día del asalto y que no está aforado para declarar por escrito

Fernando J. Pérez
Miles de indignados, ante el Parlamento catalán en junio de 2011.
Miles de indignados, ante el Parlamento catalán en junio de 2011.Gianluca Battista

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, declare por escrito o por videoconferencia en el juicio por el asedio al Parlamento de Cataluña, que se celebrará en Madrid los próximos 2 y 3 de abril. El ministerio público reclama a la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia que Mas, al igual que la presidenta del Parlament, Nuria de Gispert, y el resto de diputados autonómicos que han sido citados como testigos en la causa, declaren en persona en la vista oral.

La fiscalía argumenta que el privilegio de declarar por escrito en el juicio oral, previsto entre otras personalidades para presidentes autonómicos y presidentes de parlamentos regionales, se limita a hechos de los que estos hayan tenido conocimiento "por razón de su cargo". En el caso del asedio al Parlament, ocurrido el 15 de junio de 2011, Mas, De Gispert y el resto de diputados a los que se trató de impedir el acceso a la cámara autonomica son "víctimas o agraviados". Y en el caso de Mas, el fiscal añade que el presidente catalán acudió a la Cámara catalana ese día "en condición de diputado que se dirigía a una votación, en este caso la de los presupuestos regionales, "por lo que no puede aplicársele el privilegio que solicita", señala la fiscalía.

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Además, considera el fiscal, si se permite el testimonio por escrito "se vulneraría uno de los derechos fundamentales de todo acusado, el de interrogar al testigo directo y someter a contradicción su testimonio". Los fiscales que firman el escrito, Teresa Sandoval y José Perals, recuerdan que el expresidente del Gobierno Felipe González prestó declaración como testigo en persona en el juicio por el secuestro de Segundo Marey, pese a que hubiera podido hacerlo por escrito al haber conocido aquellos hechos por razón de su cargo.

En el caso de Núria de Gispert, la Ley de Enjuiciamiento Criminal no contempla que los presidentes de parlamentos autonómicos puedan declarar por escrito. Respecto al resto de testigos -dos consejeros autonómicos, 30 diputados catalanes y la delegada del Gobierno en esa comunidad- también se rechaza su pretensión de declarar por videoconferencia.

Según la fiscalía, no se dan razones que justifiquen este privilegio. "Ni la distancia geográfica entre el lugar de residencia y el de celebración de juicio permite considerar gravoso el desplazamiento a la sede del Tribunal; ni su estado o circunstancias personales avalan que pueda ser perjudicial la asistencia a la sede del juicio, ni parece razonable que su presencia física en el juicio pueda suponer riesgo alguno para su seguridad". Tampoco considera creíble la fiscalía la posibilidad de que la Cámara autonómica se quede sin quorum si se hace ir a Madrid a todos los parlamentarios: "En la página web del Parlament de Cataluña se comprueba que los días 2 y 3 de abril de 2014 no está convocado ni previsto pleno del Parlamento".

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El 15 de junio de 2011, alrededor de un millar de personas ocuparon todas las entradas del Parlament de Cataluña con el objetivo de evitar que fueran franqueadas por los diputados que tenían que aprobar los Presupuestos autonómicos para ese año. Las cargas policiales para despejar y desbloquear el recinto parlamentario en torno al Parque de la Ciutadella de Barcelona se saldaron con 45 heridos y seis detenidos por atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad.

Una decena de parlamentarios fueron rodeados, increpados e incluso golpeados por los manifestantes cuando trataban de acceder a pie a la cámara autonómica. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert, que no pudieron acceder al recinto en coche oficial y tuvieron que ser trasladados en helicóptero, al igual que otros 30 parlamentarios. La sesión tuvo que suspenderse durante media hora, mientras en la calle proseguían los disturbios.

Entre los diputados que sufrieron un mayor acoso figuran la secretaria segunda del Parlament, la socialista Montserrat Tura, a quien un manifestante pintó una cruz con aerosol negro en la gabardina y el bolso; el independentista Alfons López Tena, al que un manifestante golpeó y empujó repetidamente y otro le sustrajo del bolsillo las llaves de su casa; o la convergente Ana Isabel Marcos, a la que arrojaron por encima “gran cantidad de una sustancia líquida”. Otro caso es el del convergente Josep Maria Llop, que al ser invidente iba al Parlament con su perro guía y del brazo del también diputado Jordi Turull. Gran número de manifestantes “les increparon y acorralaron mediante amenazas e insultos” para evitar que entraran al edificio.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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