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Las empresas no podrán donar a los partidos pero sí a sus fundaciones

El Gobierno prohíbe que los bancos perdonen las deudas de las formaciones políticas

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Ampliar foto
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. REUTERS

Dos años de grandilocuentes anuncios sobre medidas contra la corrupción no han impedido que el asunto se haya convertido en una de las mayores preocupaciones de los españoles (en el último sondeo del CIS, publicado en enero, creció seis puntos). El PP, que sufre un enorme deterioro de imagen por el caso Bárcenas pero ha renunciado a dar explicaciones sobre él, ha optado por otra vía para tapar el agujero: acaba de aprobar un paquete de medidas, muchas ya adelantadas, para endurecer el control de la actividad económico-financiera de los partidos. El proyecto de ley orgánica que el Ejecutivo remitirá a las Cortes establece la prohibición de las donaciones de empresas a los partidos, que estarán obligados a publicar en sus páginas web “el balance, la cuenta de resultados y, en particular, la cuantía de los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el importe pagado, el tipo de interés y el plazo de amortización”.

Las formaciones ya no podrán aceptar que la banca perdone sus deudas, ni siquiera los intereses, lo que hasta ahora se tomaba como una forma de financiación indirecta para saltarse la ley. Tampoco podrán renegociar créditos pendientes por un tipo de interés que esté por debajo de lo que marca el mercado. Y estarán obligados a hacer pública en su web la identidad de los donantes particulares que en un año abonen más de 50.000 euros (el tope por persona es de 100.000 euros). Los que estén por debajo de esa cantidad no serán anónimos —ya no existen ese tipo de donaciones—, pero solo conocerá su identidad el Tribunal de Cuentas. Aún así, fuentes del Gobierno señalan que esos 50.000 euros se podrían rebajar en la negociación parlamentaria.

El PP ha sido siempre el principal beneficiario de las donaciones de empresas, con gran diferencia sobre el segundo partido, que es Unió Democràtica. En 2011, último año hecho público por el Tribunal de Cuentas, el PP declaró haber recibido 1,3 millones de euros por esta vía, Unió 600.000 y el PSOE 350.000. Pese a ello, el coste político que está sufriendo por el caso Bárcenas ha hecho que el partido conservador adopte estas medidas como ejemplo de “regeneración democrática”.

Aunque el anuncio no tapa del todo el coladero de la financiación, que tiene otros cauces a través de las fundaciones de los partidos, que sí pueden recibir y reciben donaciones de empresas. Los últimos cambios introducidos en la regulación durante el Gobierno del PSOE eliminaron los límites que regían hasta el 2011 para los donantes (161.706 euros) de estos entes paralelos. Con ello se dejó abierto el flujo de financiación procedente del sector privado hacia la política, el que supuestamente quiere atajar el Ejecutivo con el proyecto de ley aprobado ayer. Sobre este tema la vicepresidenta señaló que se reforzará el control de las subvenciones públicas que reciben las fundaciones, pero no dijo nada de las donaciones. El Ejecutivo señala que tendrán más exigencias de transparencia y más control del Tribunal de Cuentas.

De lo que sí habló Sáenz de Santamaría fue de la necesidad de reforzar y apoyar el papel del Tribunal de Cuentas, donde ahora una veintena de funcionarios se dedican en exclusiva a fiscalizar la actividad de 31 partidos, 26 fundaciones, 8.117 Ayuntamientos, las Diputaciones y todos los procesos electorales. Aunque parezca escaso, el equipo era hasta mediados de 2013 de solo siete personas.

Otra de las novedades de la reforma anunciada ayer es que obligará a los 4.097 partidos registrados en el Ministerio del Interior a presentar sus cuentas ante el TC. El Gobierno trata así de eliminar del censo a los que ya no tienen actividad, que podrían superar los 2.000.

La ley también regulará la figura del responsable de la gestión económica del partido, que comparecerá ante el Parlamento cuando el Tribunal de Cuentas emita sus dictámenes. Ese responsable tendrá que seguir un procedimiento común de contratación para todas las formaciones.

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