Bloqueo navarro
El principio de subsidiariedad que subyace al sistema foral (que lo que pueda gestionar la Administración más cercana no lo gestione la más lejana) tiene ventajas y un inconveniente, al menos en el terreno de la fiscalidad: que el exceso de cercanía entre recaudador y contribuyente suscite complicidades y pérdidas de neutralidad del gestor público para las que no resulta difícil encontrar razones de interés territorial. Sobre todo en tiempos de crisis. El problema se agrava cuando hay gestores públicos que lo han sido antes de intereses de particulares influyentes, y volverán a serlo cuando finalice su mandato. Como parece ser el caso de la crisis actual de Navarra.
Este mismo mes ha entrado en prisión un antiguo jefe de inspección de la Hacienda foral de Bizkaia condenado a cuatro años y medio por beneficiar a 209 contribuyentes. Pero el proceso ha durado casi 12 años. Probar la denuncia de la exdirectora de Hacienda de Navarra contra la vicepresidenta y consejera de Economía de esa comunidad en una comisión parlamentaria de investigación, y en el plazo de 10 días, no será fácil. Pero sin ese paso no pueden darse los siguientes (moción de censura, elecciones anticipadas) planteados por los socialistas navarros como vía de salida de la crisis.
Barcina espera que antes de las elecciones el PSN evidencie un acuerdo con Bildu
Una crisis que viene de lejos. En Navarra ningún partido ha alcanzado nunca la mayoría absoluta, por lo que los Gobiernos han dependido de pactos más o menos estables. El ejecutivo actual es débil e inestable desde la ruptura, en junio de 2012, del acuerdo con los socialistas. Yolanda Barcina gobierna con el único apoyo de sus 19 diputados en un Parlamento de 50. Pero la oposición es impotente para plantear una alternativa. Lo intentó en la anterior legislatura, mediante un pacto de los socialistas con los nacionalistas de Na-Bai, pero la operación fue vetada por la dirección del PSOE porque ETA acababa de romper la tregua de 2006 y el PP acusaba a Zapatero de haber vendido Navarra al vasquismo en sus negociaciones con la banda.
Los nacionalistas acusaron al PSN de haberse sometido a la “imposición centralista”, pero es lógico que la política de alianzas, eje esencial de la estrategia de todo partido, sea competencia de sus órganos centrales. Con más razón ahora, cuando para que prosperase la moción tendría que votarla Bildu, formación heredera de Batasuna. No es lo mismo coincidir con ella en una votación municipal o parlamentaria que llegar a un pacto de Gobierno, incluso si fuera con límite temporal.
No solo porque tendría un alto coste electoral para el conjunto del PSOE, sino porque sería incoherente con su política respecto al fin de ETA, que incluye no favorecer el acceso de los herederos de su brazo político a posiciones de poder donde no tengan mayoría absoluta. Es cierto que en teoría el PSN podría presentar la moción sin pacto previo, y que Bildu la votase. Pero al presentarla ya está indicando que espera su voto y adelantando su alternativa para después de las elecciones. De ahí que Barcina, que podría convocarlas ya, desafíe a los socialistas a presentar antes la moción de censura: para poder acusarles en la ulterior campaña electoral de contubernio con Bildu.
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