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Réquiem por la octava legislatura en Navarra

La polémica gestión de la presidenta Barcina acaba con 30 años de acuerdos

Yolanda Barcina (en el centro; a su derecha Lourdes Goicoechea) escucha al líder del PSOE, Roberto Jiménez.
Yolanda Barcina (en el centro; a su derecha Lourdes Goicoechea) escucha al líder del PSOE, Roberto Jiménez. efe

Yolanda Barcina, presidenta de Navarra (UPN), ha definido la actual legislatura como “la más difícil de la democracia”. Un análisis de la historia política navarra revelaría que pocas fueron fáciles, pero esta, la octava, puede ser la más breve y aquella en la que ha estallado el mecanismo por el cual UPN y PSN se han alternado en el gobierno y apoyado desde 1984. Los partidos trabajan en el escenario de unas elecciones anticipadas para el próximo 25 de mayo, a las que se llega un año antes de lo previsto y por un cúmulo de factores en el que convergen diferencias políticas y personales en un Parlamento fragmentado en siete grupos para una comunidad de 643.000 habitantes.

El anterior presidente, Miguel Sanz (UPN), describió el escenario político como el de los “quesitos” del Trivial, las fichas de un conocido juego de mesa en el que se deben sumar seis porciones para ganar. Nunca un partido ha logrado la mayoría absoluta y la combinación de “quesitos” preferida de Sanz era la de regionalistas y socialistas para evitar la influencia en el poder de los distintos partidos nacionalistas vascos, que rondan el 30% del apoyo.

UPN y PSN pactaron un Gabinete de coalición en 2011 y, a los tres meses, Barcina acordó presentarse conjuntamente con el PP a las generales de noviembre. Ganó Rajoy, y los socialistas, en el Gobierno foral, sufrieron más incluso que UPN el desgaste de aplicar en Navarra los recortes de presupuesto. La tormentosa relación personal entre la presidenta y el líder socialista y entonces vicepresidente, Roberto Jiménez, terminó la noche del 14 de junio de 2012 cuando, con una llamada de teléfono, Barcina expulsó a Jiménez y al PSN del Ejecutivo.

Desde entonces, Barcina se encasquilló en un Gabinete en minoría con 19 de los 50 escaños del Parlamento. Tras superar el escándalo de las dietas de Caja Navarra, que le dejó al borde de la imputación judicial, todo apuntaba a un tranquilo final de legislatura hasta 2015, debido al veto que la dirección federal del PSOE había impuesto para un relevo en la presidencia que dependiera de los votos de Bildu.

Pero las acusaciones de tráfico de influencias en Hacienda que realizó el pasado martes la exdirectora de este departamento, Idoia Nieves, contra la vicepresidenta, Lourdes Goicoechea, sirvieron al PSN para levantar el veto de Ferraz y romper el plan de resistencia de Barcina hasta 2015. El líder socialista, Roberto Jiménez, que se alineó claramente con Carme Chacón en el congreso de 2012, ha logrado, con este último caso, que el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba le deje presentar una moción de censura contra Barcina, pese a que su éxito depende de los 13 escaños de la coalición EH-Bildu (Bildu y Aralar).

La estrategia socialista se centra ahora en intentar demostrar, en una comisión de investigación de 15 días, que las acusaciones de Nieves son ciertas. Y, a partir de ahí, lo más complicado: hacer digerible en un contexto nacional la foto de Roberto Jiménez tomando posesión de la presidencia con los votos abertzales.

El resto de partidos de la oposición trata ahora de que el líder socialista no patrimonialice la caída de Barcina, a la que se ha resistido durante año y medio. La confianza entre nacionalistas, Izquierda Unida y socialistas está resentida desde 2007, cuando Ferraz abortó un intento de gobierno tripartito. Entonces, Jiménez, que ocupaba el puesto número nueve en la lista, se convirtió en el portavoz encargado de defender ese veto. Y, en 2011, en vicepresidente del Gobierno de Barcina. También se sentó en órganos con cuantiosas dietas de Caja Navarra, aunque no en la Permanente objeto de investigación judicial. Recelosos de Jiménez, EH Bildu, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra tratan de que sea otro parlamentario el que encabece la moción de censura. El calendario es apretado; la normativa foral marca el 31 de marzo como el último día para disolver el Parlamento, puesto que no se pueden adelantar las elecciones el último año de legislatura.

Todos preparan a contrarreloj la campaña para el 25-M. Geroa Bai (que aúna a PNV y a nacionalistas sin afiliación) tiene claro que será su diputada en el Congreso, Uxue Barkos, la que encabece la lista, y se ven con posibilidades de disputar el liderazgo de la alternativa a UPN.
Los socialistas, mientras, evitarán previsiblemente las primarias abiertas que habían anunciado para proclamar a Roberto Jiménez como candidato. En EH-Bildu se espera el regreso al Parlamento de viejos conocidos de la izquierda abertzale y reservan para EA y Aralar dos puestos para cada uno en las primeras casillas. Barcina, mientras, y tras encerrarse el miércoles con su círculo de confianza, ha optado por seguir adelante. Su entorno reconoce que se crece en los momentos adversos y en UPN se da por seguro que optará de nuevo a la presidencia. Ella aseguró ayer a EL PAÍS que el debate sobre su liderazgo está zanjado, tras un dividido congreso hace un año. Si bien su imagen está desgastada por tres años de convulso gobierno, no existe ningún nombre alternativo para disputarle el cartel. Según Barcina, el empeño por demostrar la inocencia de Goicoechea ha unido al partido y, para escenificarlo, reunió ayer a todos los cargos regionalistas en un hotel de Tafalla.

Cada uno de los “quesitos” descritos por Sanz toma posiciones ahora ante la posibilidad de unas elecciones a las que se llega con los puentes derrumbados entre UPN y PSN tras 30 años de alianzas. Y habrá que ver cómo encajan esta vez las fichas.