El enigma de la supuesta cuenta en Suiza del extesorero de CDC

La policía ha entregado a la Fiscalía Anticorrupción un documento que asegura que el extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osácar Escrig dispone de una cuenta en Suiza con 1,28 millones de euros. Osácar afronta una petición de siete años y medio de cárcel en el caso Palau por recibir, presuntamente, comisiones de Ferrovial a cambio de la adjudicación de grandes obras públicas durante el último gobierno de Jordi Pujol. Esta semana, Anticorrupción ha enviado el documento a uno de sus delegados en Barcelona, Emilio Sánchez Ulled —fiscal del caso Palau— que lo remitirá al juez que instruye la causa. El magistrado deberá decidir qué hace con esos datos.

La supuesta cuenta suiza del que fue responsable de finanzas del partido nacionalista entre 2005 y 2010 —cuando dimitió, forzado por el escándalo— ha sido localizada por la policía durante una investigación paralela a la del caso Palau gracias a los contactos entre policías de ambos países, según fuentes conocedoras de la investigación.

La información de la policía precisa el número de la cuenta, subraya que fue abierta en 2002 en el Credit Suisse de Zúrich, donde ha permanecido viva de manera ininterrumpida, y que el saldo que contenía al cierre del año pasado era de 1.285.655 euros. La investigación no aclara, sin embargo, ni el origen de ese dinero ni cómo se efectuaron los ingresos. El dossier tampoco incluye documentos bancarios que acrediten la información ni explica cómo la propia policía ha obtenido los datos. Fuentes policiales aseguran que fueron facilitados por “un confidente”.

El extesorero de CDC habría abierto la cuenta en 2002, precisamente cuando las salidas de dinero de Ferrovial a Convergència (6,6 millones en total) fueron más intensas. Ese año, en pleno ocaso de la etapa Pujol, llegaron a las arcas del partido 1,5 millones de euros, casi el triple que en cualquier otro ejercicio y cuando el “acuerdo criminal” entre la constructora y el partido —según el fiscal— llevaba ya tres años en marcha. Osácar, de 78 años, es uno de los 17 acusados del caso Palau, pero siempre ha negado haberse enriquecido con las mordidas de Ferrovial.

Osácar niega tajantemente ser titular de una cuenta en el país helvético. Fuentes cercanas al extesorero recuerdan que en 2002 no tenía responsabilidad sobre las cuentas del partido —de hecho, no ostentaba cargos de relevancia en CDC— y que fue nombrado tras la muerte de su antecesor, Carles Torrent, por su experiencia en el mundo empresarial: durante años, fue apoderado de la empresa Natur System. La defensa de Osácar ha solicitado al Credit Suisse una certificación negativa para demostrar que Osácar “no es, ni ha sido”, titular “de una cuenta en esa ni en ninguna otra entidad”, según su entorno.

Por ahora, nadie investiga oficialmente la cuenta de Osácar. El documento remitido a Anticorrupción —cuatro páginas de un informe con datos sobre Osácar y otras 30 con recortes de prensa— se ha convertido en oficial con su entrada en la fiscalía. Pero para que la información que contiene sea confirmada debe ser aún judicializada, y el juez del caso debe enviar (y recibir) una comisión rogatoria. Nada de eso ha ocurrido aún. Es decir: la policía y la fiscalía tienen datos de una supuesta cuenta opaca del extesorero de CDC, pero nadie lo investiga ni se ha tomado la decisión de hacerlo.

El informe, además, ha permanecido prácticamente un mes en la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. Según la policía, el papel fue entregado a principios de enero por Marcelino Martín Blas, responsable de Asuntos Internos, que firmó un escrito de remisión. Durante el último mes, fuentes de Anticorrupción negaron que la policía hubiese tramitado o “denunciado” nada sobre Osácar. La entrega del documento causó cierta parálisis en Anticorrupción, y el conocimiento de su existencia ha provocado extrañeza en la fiscalía de Cataluña. Anticorrupción insiste en que la entrega se ha registrado esta misma semana.

Anticorrupción teme —de ahí las suspicacias— que la supuesta cuenta de Osácar tenga el mismo pedigrí que el “borrador pendiente de registrar” de la UDEF sobre el posible cobro de comisiones ilegales de obras públicas por parte del presidente Artur Mas y del expresidente Jordi Pujol, que habrían ingresado parte de ese dinero en cuentas suizas. El juez que ha investigado el saqueo del Palau de la Música, Josep Maria Pijuan (ahora jubilado), negó validez a ese supuesto borrador, que emborronó la última campaña de las elecciones autonómicas catalanas de 2012. La propia UDEF se lavó las manos y se desligó de la autoría del informe fantasma y ya anónimo.

El comisario Martín Blas ya mantuvo en las fechas previas al comienzo de la campaña catalana una reunión con Sánchez Ulled. En ella, el exjefe de la UDEF, José Luis Oliveras, nombrado jefe del Centro de Inteligencia del Crimen Organizado (CICO), se ofreció sin matices a encargarse de la investigación del Palau y a obtener resultados.

Todas estas circunstancias mantienen a los fiscales con la mosca detrás de la oreja, pese a la insistencia policial de que la información “es buena” y solo hay que confirmarla oficialmente.

Daniel Osácar está acusado por Anticorrupción de tráfico de influencias y blanqueo, por lo que además de la pena de prisión se le pide que pague una multa de 20 millones en el marco del caso Palau. En los documentos, el extesorero aparece citado como “Daniel”, y ha sido señalado por Hacienda y la fiscalía como el receptor de las comisiones que supuestamente pagaba Ferrovial a CDC, camufladas como donaciones al Palau. Los investigadores, además, han hallado indicios de que Osácar dispondría presuntamente de otra cuenta en Gibraltar, aunque las fuentes consultadas no lo han confirmado.