ETA se prepara ya para un desarme gradual y supervisado internacionalmente

ETA prepara el terreno para un próximo inicio de su proceso de desarme, que será gradual y supervisado internacionalmente ante el rechazo del Gobierno de Mariano Rajoy a participar en él. Fuentes abertzales aseguran que ese es el sentido del comunicado publicado por la banda terrorista el sábado en el diario Gara en el que anunciaba “aportaciones significativas para alimentar el proceso de paz sin tardar”. Con este comunicado, ETA trata de justificar ante sus seguidores el paso trascendental que dará en el proceso del final del terrorismo. Se aferra como justificación a la multitudinaria manifestación del 11 de enero en la que la izquierda abertzale acompañó al PNV por las calles de Bilbao bajo el lema “derechos humanos, resolución y paz” y a la declaración del colectivo de presos de ETA, del 28 de diciembre, en la que asumió la legalidad penitenciaria.

ETA estaba retrasando mucho el inicio del proceso de desarme. El Foro Social —la organización pacifista Lokarri y expertos internacionales en resolución de conflictos— así como la izquierda abertzale le solicitaron el desarme la pasada primavera, tras ratificar que el Gobierno de Rajoy no iba a negociar con la banda un acuerdo de paz por presos.

Finalmente, estaba previsto que lo materializara a fines de 2013. Pero lo volvieron a postergar ante el cúmulo de dificultades que le acarrea llevarlo a cabo sin contar con la complicidad del Ejecutivo de Rajoy. A cambio, el 28 de diciembre el colectivo de presos de ETA (EPPK) anunció la asunción de la legalidad penitenciaria.

“Es muy difícil realizar una entrega de zulos, armas y pisos al margen del Gobierno”, señalan fuentes abertzales. Uno de esos problemas, y no el menor, es el temor de los dirigentes actuales de ETA a ser detenidos por unas Fuerzas de Seguridad del Estado que les tienen muy acorralados. En esas condiciones, tampoco le está resultando fácil a ETA preparar la verificación internacional del desarme y sus condiciones de validación. No obstante, las fuentes consultadas aseguran que “ese proceso empezará muy pronto” y que “su primera escenificación será significativa para dar credibilidad al proceso gradual que se inicia”.

Esta fue una de las cuestiones que el lehendakari, Iñigo Urkullu, planteó al presidente Rajoy en su encuentro del martes por la noche en La Moncloa. Urkullu fue prudente con Rajoy y le trasladó que la clave del desarme de ETA estaría en su contundencia. En el caso contrario, si ETA mareara con una nueva sucesión de pasos, la principal perjudicada sería la banda terrorista porque la sociedad ya está cansada de la dilatación de este proceso.

Urkullu insistió a Rajoy en que, aunque su Gobierno no envíe a las Fuerzas de Seguridad a supervisar el desarme de ETA, al menos no lo menosprecie, en el caso de que sea efectivo, como un paso hacia su final definitivo. Y le demandó que la exigencia legítima del Gobierno de Rajoy, igual que la del Ejecutivo vasco y de los partidos democráticos, de reclamar a ETA su disolución, no conlleve el desprecio a los pasos intermedios que de la banda si son contundentes.

Ese planteamiento le hizo Urkullu a Rajoy al referirse al otro gran asunto del final definitivo de ETA, el de los presos de la banda. También en un breve plazo, los presos de ETA van a iniciar individualmente su proceso de reinserción social. En línea con lo anunciado en su comunicado del 28 de diciembre, cada preso de ETA, empezando por los mayores de 70 años y los enfermos graves, alegará individualmente ante la Junta de tratamiento carcelario su rechazo a la violencia, su reconocimiento del daño causado a las víctimas del terrorismo y su pretensión de resarcirlas económicamente para poderse acoger a los beneficios penitenciarios que reconoce la ley.

Urkullu le destacó a Rajoy, en la cita del pasado martes, la importancia del paso dado por los presos de ETA al renunciar a la amnistía y a la negociación, sus reivindicaciones históricas, y asumir la legalidad penitenciara. O lo que es lo mismo, la asunción de la llamada vía Nanclares de reinserción, iniciada con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior, aunque ahora no se denominará seguramente de ese modo.

En la reunión, Urkullu instó a Rajoy a que se limite a cumplir la ley y a que su Gobierno no obstaculice ese proceso de asunción de la legalidad por parte de los presos de ETA por temor a los sectores más duros de su partido o de las víctimas. En ningún momento, Urkullu planteó a Rajoy movimientos penitenciarios extraordinarios, como excarcelaciones masivas, ni incidió en el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles vascas, como han señalado quienes tratan de desestabilizar el proceso del final definitivo de ETA.

El lehendakari no ofreció al presidente del Gobierno el planteamiento de paz por presos, que caracterizó a los procesos de diálogo en tiempos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Urkullu mantuvo una actitud pragmática para facilitar a Rajoy la gestión del final de ETA. Y trató de reforzarla al sugerir una mayor coordinación de iniciativas y de discursos entre los gobiernos central y vasco así como entre los principales partidos -PP, PSOE y PNV- en lo relacionado con el final de ETA. Urkullu contaba para ello con el asentimiento previo de Rubalcaba.