El Consejo de Estado avisa al Gobierno para que no suprima organismos sociales

El voluntarioso esfuerzo de la Vicepresidencia del Gobierno por reorganizar la administración y eliminar burocracia se ha encontrado con una piedra en el camino. El Consejo de Estado advierte, en un dictamen sobre el Proyecto de Ley de racionalización del sector público, que la reforma puede dirigir mal el tiro. “Se aprecia una concentración de medidas de supresión de órganos entre aquellos llamados a actuar en el ámbito de las políticas sociales. Resulta conveniente velar porque tales reformas no comporten una minoración del cumplimiento de los fines atribuidos a los órganos suprimidos”, dice el análisis del organismo presidido por José Manuel Romay Beccaría.

El Gobierno ha modificado varias leyes para suprimir entes como el consejo para la eliminación de la Discriminación Racial, los observatorios de prevención de tabaquismo, salud de la mujer o cambio climático. También suprime órganos vinculados al Plan Nacional sobre Drogas. Los cambios, presentados en consejo de ministros el 20 de septiembre, y ratificados el pasado 17 de enero, reorganizan o extinguen 67 organismos menores, como la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén o el organismo autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, que será asumido por la secretaría técnica de Defensa. Se elimina la Gerencia del Sector de la Construcción Naval, que pasa a integrarse en el Ministerio de Industria con todo su personal y otras fundaciones, como la de colegios mayores, el vidrio o la artesanía.

El documento del Consejo de Estado valora que el anteproyecto es “fruto de un trabajo detenido en el que las normas contempladas son oportunas”, aunque realiza otras puntualizaciones a lo largo de 18 folios. Empezando por el nombre que se le ha dado: “El título de la norma parece un tanto excesivo dado que, desde la perspectiva subjetiva, se refiere solo a la Administración del Estado, y desde una perspectiva objetiva, su alcance material no es tan amplio como la voz racionalización evoca”, reza el dictamen. El Consejo sugiere que se cambie el título para adaptarlo a “su verdadero contenido”, con una referencia al menos “al sector público estatal”. De hecho, uno de los talones de Aquiles del proyecto es que su éxito depende de lo que hagan voluntariamente las comunidades autónomas. Las que no están gobernadas por el PP se resisten o se niegan abiertamente a seguir el dictado del Ejecutivo en cuestiones como la reorganización de la administración paralela. Tampoco están de acuerdo todas, incluidas algunas populares, en suprimir organismos como los Consejos Autonómicos de Cuentas, que realizan una labor fiscalizadora y de control sobre el dinero público bajo la supervisión del Consejo de Cuentas.

La Comisión creada por la Vicepresidencia del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, va más allá del anteproyecto de ley que ha valorado el Consejo de Estado. El Gobierno ha puesto a la venta 15.000 inmuebles, entre ellos una decena de edificios singulares, y ha lanzado 217 medidas para reducir el peso de la administración. Según el Ejecutivo supondrán un ahorro de 6.500 millones de euros. En este paquete se contabiliza el ahorro derivado de la destrucción de empleo público.

El sindicato CSIF cree que el Gobierno debería atender el toque de atención del Consejo de Estado: “Estamos vigilando que no suponga una pérdida de empleo y que no se vean mermadas las políticas sociales”, ha dicho un portavoz. “La reforma es muy poco ambiciosa, pensamos que tiene que tener mucho más calado, lo que plantea en este proyecto de ley afecta a pocos organismos que además tienen un papel muy limitado”.

El próximo lunes, el presidente Mariano Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría presentarán a varios Gobiernos europeos este plan.