La policía recomienda que la Infanta baje en coche la rampa de los juzgados

La policía no quiere, por “estrictos motivos de seguridad”, que la Infanta llegue caminando desde la calle hasta la puerta trasera de los juzgados de Palma de Mallorca. El plan de intervención elaborado por el Ministerio del Interior para la declaración como imputada de la hija del Rey, prevista para el 8 de febrero, dictamina que doña Cristina debe llegar hasta la misma entrada del edificio protegida, en un automóvil. La decisión final corresponde al juez decano, Francisco Martínez Espinosa, pero la Infanta puede optar a última hora por hacer el llamado paseíllo por la cuesta del juzgado y llegar caminando. Así lo hizo su esposo, Iñaki Urdangarin, en dos ocasiones, antes de acudir, también, a contestar al juez José Castro como imputado. Entonces como ahora, el decano observó circunstancias excepcionales y, con el fin de evitar el riesgo de posibles incidentes, concedió al yerno del Rey el privilegio de poder llegar en coche hasta la puerta del recinto judicial. Pero él lo descartó.

Son 50 pasos cuesta abajo los necesarios para recorrer la rampa del callejón del patio cerrado del edificio judicial, en el antiguo colegio de La Salle. Al ser sábado, la entrada principal está cerrada y se habilita un único acceso secundario, posterior. El callejón lo usan diariamente los coches policiales que trasladan ante el juez a detenidos preventivos o a presos que son conducidos desde la cárcel. El calabozo queda a cuatro metros de la entrada, enfrente de la puerta posterior.

La cuesta de los juzgados de Palma la popularizó Urdangarin, en 2012 y 2013, cuando tuvo que declarar por sus supuestas responsabilidades en el escándalo que lleva su nombre (caso Urdangarin o caso Nóos) por supuesta malversación de seis millones de euros públicos a través de sus negocios con el Instituto Nóos. Para amparar al esposo de la Infanta, la policía reclamó, como ha hecho ahora, las máximas medidas de prevención. Si se entra en automóvil se evita quedar a la vista, durante un minuto, de los objetivos de las cámaras de los medios de comunicación y, además, se queda fuera de las miradas y las voces de las personas que en la calle o desde los balcones pueden querer expresar su protesta.

Los jefes y mandos policiales aluden para argumentar su decisión a la notoriedad de la histórica declaración judicial de un miembro de la Familia Real a la enorme difusión que el hecho tiene (hay 250 periodistas acreditados para ese día). Se ha evaluado el riesgo de episodios incontrolados en las concentraciones ciudadanas críticas, así como de la manifestación callejera prevista para ese sábado, que auna el rechazo a la corrupción y la militancia republicana. Las experiencias ruidosas de las dos anteriores concentraciones por la presencia de Iñaki Urdangarin se saldaron sin incidencias y con una reducida asistencia.

El plan elaborado por el Ministerio de Interior ha sido, de nuevo, pactado por representantes de la Casa Real, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local, que han celebrado encuentros y consultas en Palma. Las fuerzas de Seguridad cerrarán a la circulación las dos calles cercanas a la cuesta de los juzgados. Habrá controles a los vecinos y los negocios del barrio verán mermada su actividad sabatina. En lo alto de los edificios próximos se desplegarán policías expertos en vigilancia a distancia. Las alcantarillas del subsuelo ya han sido revisadas. Una unidad de las UIP (antidisturbios y control de masas) se desplegará en los alrededores de los juzgados. Para las dos declaraciones de Urdangarin llegaron a Mallorca policías de esta misma unidad desde la Península.

Por otra parte, el juez José Castro aceptó este jueves la personación como acusación popular de la asociación Frente Cívico Somos Mayoría, promovida en 2012 por el exdirigente del PCE y de IU Julio Anguita. Entre las acusaciones, además de la fiscalía anticorrupción y las abogacías del Estado y de Baleares, están el pseudo sindicato ultra Manos Limpias y el Partido Socialista del País Valencià-PSOE.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado esta mañana en Valencia, donde pronunciaba una conferencia, que el juez Castro "nunca va a estar solo desde el punto de vista de la fiscalía". Torres-Dulce ha añadido que, "pese a la discrepancia", "siempre" han acatado "respetuosamente sus decisiones y tendrá siempre lógicamente el apoyo de quien defiende la legalidad, que es la fiscalía", informa Europa Press. Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Galladón, sea citado a declarar como testigo en el caso Nóos tal como había solicitado el exsocio de Urdangarin, Diego Torres.    

Los abogados que defienden a doña Cristina, procedentes de los bufetes de Jesús M. Silva y Miquel Roca, repasan con ella hechos, gastos, ingresos, declaraciones fiscales y facturas del caso Nóos para tener preparada una respuesta para todo. Ensayan con ella los posibles cuestionarios del magistrado y el fiscal con rondas de preguntas y réplicas cruzadas para no caer en ninguna contradicción. También participaran como acusaciones populares la asociación Frente Cívico Somos Mayoría, promovida en 2012 por el exdirigente del PCE y de IU Julio Anguita; el sindicato Manos Limpias y los concejales del PSPV de Valencia.

La declaración de la hija del Rey quedará grabada, pero únicamente la voz. No habrá imágenes en vídeo del histórico acto del interrogatorio judicial. El juez José Castro ha prohibido que se entre a los juzgados de Palma con "terminal telefónico, tabletas, ordenador portátil o cualquier otro dispositivo apto para la captación de imágenes o sonidos". El juez guardará en la caja fuerte el soporte sonoro de la declaración de la Infanta, de la que se efectuará una versión escrita oficial. De este documento se dará una copia a las partes y al ministerio público.

Doña Cristina, como hizo su marido, tendrá que pasar por el arco detector de metales de la entrada de los juzgados y dejará sus dispositivos electrónicos en manos de los agentes de seguridad.