La Infanta, imputada por segunda vez

La infanta Cristina de Borbón, hija del Rey y séptima en la línea sucesoria de la Corona, figura desde ayer y por segunda vez en menos de un año —la anterior fue suspendida por resolución de la Audiencia Provincial de Palma— como imputada en el caso Urdangarin.

El juez José Castro considera que hay indicios suficientes para interrogar a la Infanta, “sin que por ello se tambaleen los pilares del Estado de derecho”, por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal que habría cometido a través de Aizoon, la empresa cuya propiedad compartía al 50% con su marido y a la que llegaba el dinero obtenido de manera ilícita por Urdangarin, según la investigación.

“Los delitos contra la Hacienda pública que se imputan a Iñaki Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que, de cara a terceros, mantuviera una actitud propia de quien mira a otro lado”, escribe el juez Castro en un auto de 227 páginas para fundamentar su segundo intento de imputar a la hija del Rey.

El instructor ve indicios penales en el uso de los fondos de Aizoon por parte de la Infanta y de su marido: “Llevaron a cabo un reparto fáctico, fiscalmente opaco, de dividendos sobre la base de la disposición de fondos de Aizoon para atender gastos personales. Las facturaciones por gastos personales de doña Cristina de Borbón con cargo a Aizoon supusieron una doble defraudación en IRPF e Impuesto de Sociedades”, sostiene Castro.El juez ha citado a la Infanta para declarar en el juzgado de Palma dentro de dos meses, el sábado 8 de marzo, con tiempo suficiente para que la Audiencia de Palma resuelva los ya anunciados recursos de la defensa de la hija del Rey. Será la misma sala de la Audiencia que desautorizó al juez Castro cuando, en abril de 2013, pretendió tomar declaración a la Infanta como imputada por su supuesta implicación como cooperadora necesaria en la trama delictiva de los supuestos negocios sucios de su esposo, Iñaki Urdangarin, desde el Instituto Nóos, una entidad que se decía sin ánimo de lucro y que ingresó más de siete millones de euros de la Comunidad Valenciana y de Baleares, y desvió parte de ese dinero a empresas privadas, una de ellas Aizoon.

El juez considera que esta entidad mercantil que constituyeron a partes iguales Urdangarin y doña Cristina de Borbón, sirvió “de andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales que se están investigando”. Los duques de Palma, explica el juez, “nunca” declararon dividendos por Aizoon, que registró importantes beneficios durante algunos años, y “consumaron reiteradas defraudaciones a la Hacienda pública”.

La Audiencia Provincial de Palma señaló que Aizoon fue una mera pantalla para defraudar usada por Urdangarin, administrador de la sociedad. La misma Audiencia encaminó al juez Castro a explorar si la Infanta cometió delitos en el manejo de fondos de Aizoon. Castro ordenó numerosas diligencias durante los meses siguientes atendiendo al requerimiento de la Audiencia, y con los datos e indicios recabados señala ahora que la Infanta intervino en Aizoon para lucrarse en “su propio beneficio” y “facilitó los medios para que lo hiciera su marido”.

El juez observa una doble intención de defraudación a través de esta sociedad familiar, con una contabilidad que no se ajusta a la realidad y que tuvo unos ingresos que no solo no tributaron por la renta, IRPF, sino que, además, se usaron para realizar una serie de gastos (los personales de la Infanta) que fueron deducibles en el Impuesto de Sociedades al consignarse como gastos de explotación, algo que no eran, según Castro.

La Infanta, señala el auto, “es copropietaria de Aizoon con un 50 % del capital, esposa del titular del resto del capital social, que tenía domicilio social en el suyo propio y que además se lucró cuando menos en la mitad del importe defraudado”. La hija del Rey, recuerda el juez, seleccionó y contrató personal doméstico, que posteriormente pasó a la nómina de la empresa Aizoon, e indicó que cobrarían en negro, en dinero oculto al fisco. En este contexto, argumenta el juez, “nadie debe escandalizarse de que se pretendan formular preguntas al respecto” [a la Infanta].

El instructor José Castro rechaza, por “inadmisible”, que se deba un “especial cuidado” y “un diferente trato judicial” en la convocatoria de personajes públicos vinculados a instituciones centrales del Estado y de gran repercusión. Son esos personajes, insiste, “quienes están llamados a observar una especial cuidado para no situarse en órbitas comprometedoras”.

El juez subraya en distintas ocasiones a lo largo del auto la normalidad judicial diaria de miles de imputados que acuden a los juzgados españoles, a los que se “brinda” la oportunidad de explicarse, callar y hasta de mentir. Anticipa, además, que no pretende adoptar medidas privativas o restrictivas de los derechos de la hija menor de los Reyes. “Se ha de brindar a doña Cristina de Borbón y Grecia la oportunidad de facilitar explicaciones” sobre los hechos, insiste el juez.

“Si bien es irrefutable” que la Infanta “goza del beneficio de presunción de inocencia, no se trata de un singular privilegio singularmente instituido para la ocasión. Es rigurosamente el mismo que protege absolutamente a todos los imputados en todas las causas”, escribe el juez. El instructor reprocha al fiscal que “se empecine en el debate” sobre si en este momento la Infanta “es culpable o inocente”, que “es lo mismo que calibrar si hay que dirigir o no contra ella la acusación” fuera de órbita procesal.

Castro relata en otro apartado de su resolución judicial que la esposa de Urdangarin fue usada como “escudo fiscal”, a modo de aparente blindaje ante las posibles inspecciones de Hacienda, según el notario de Barcelona Carlos Masiá, que inscribió la compañía y ayudó a trabar la estructura societaria diseñada por los asesores fiscales de la familia. La imagen trasladada en su relato judicial por Masiá, que declaró en tres ocasiones en la causa como testigo, es incorporada al auto como argumento de peso por el juez.La hija del Rey no goza de un fuero ni de privilegios especiales ante los tribunales. Tiene un tratamiento idéntico al de cualquier otro ciudadano.

La imputación de la Infanta, segunda en menos de un año y pendiente aún de los recursos que se interpongan ante la Audiencia de Palma, es un efecto colateral de la investigación sobre los operaciones supuestamente delictivas de su marido, que carga ya con dos acusaciones por delito fiscal en la causa. El caso Urdangarin es una pieza separada de la investigación judicial abierta contra el Gobierno balear del PP que presidía Jaume Matas por un sobrecoste de más de 50 millones de euros en la construcción del polideportivo Palma Arena. Matas ya carga con dos condenas por corrupción por sendas piezas derivadas de la causa principal que ya han sido juzgadas. 

El juez imputa a la infanta Cristina pese a la oposición del fiscal