Los sueldos de los alcaldes provocan la primera pelea de la reforma municipal

No son los servicios, ni el poder creciente de las diputaciones, ni las competencias en educación o sanidad. La primera bronca que ha planteado la reforma local, que entró en vigor el pasado 2 de enero, tiene que ver con los sueldos de alcaldes y concejales. Y, de nuevo, la presión de éstos ha obligado al Gobierno a aclarar que los topes salariales máximos que puede cobrar un regidor no están referenciados a 71.000 euros brutos anuales, como entendía el Colegio de Secretarios e Interventores a la luz de la ley de Presupuestos de 2014, sino a los 100.000 euros. Esta cifra, anunciada este viernes en Consejo de Ministros, equivale a lo que ingresa un secretario de Estado sumando su salario base a todos los complementos, incluido el variable de productividad que se asigna de manera discrecional y que no está detallado en los Presupuestos. 

La diligencia de los secretarios para aplicar la literalidad de la norma desde el 2 de enero crispó los ánimos en más de una corporación municipal y el pasado 8 de enero el colegio profesional pidió al Ministerio de Hacienda que aclarase las directrices a seguir. Al final esos 30.000 euros al alza han convertido en un espejismo la tan publicitada reducción salarial de los políticos locales, que gozarán además de otras excepciones para dilatar la entrada en vigor de la norma. Porque los municipios podrán saltarse los límites de sueldos, cargos de confianza y dedicaciones exclusivas de sus políticos hasta el 30 de junio de 2015, justo después de que se celebren las elecciones municipales, siempre que cumplan tres requisitos: respeten la ley de estabilidad presupuestaria, el límite de deuda pública y siempre que el periodo medio de pago a los proveedores “no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad”. Fuentes de la propia Federación de Municipios y Provincias, que ha presionado para que se respete este tope de 100.000 euros, cree que tal y como están las cosas el mapa salarial de los ediles españoles "poco va a cambiar".

El Ministerio de Hacienda elaborará una lista con los Ayuntamientos cumplidores y, hasta que no la haga pública en abril, todos esperan mantener sus actuales estructuras. De entre los alcaldes de grandes ciudades (más de medio millón de euros) solo el de Barcelona, Xavier Trías, supera el tope: percibe 112.104 como regidor y 32.604 en dietas por asistir a reuniones de otros organismos públicos. Su nómina dobla la de Mariano Rajoy, que asciende a 72.611 euros. Un tercio de los ediles de la capital catalana ingresa más de 100.000 euros anuales. La cifra de corte no afectará, en cambio, a Ana Botella, que percibe 94.703 euros al frente del consistorio madrileño. Tampoco a Juan Alberto Belloch (Zaragoza), con 91.812 euros, ni Rita Barberá (Valencia), con 87.000 euros, ni a Francisco de la Torre, (Málaga) con 89.500 euros (datos 2013). Junto con el alcalde de Sevilla, que percibe su salario del parlamento andaluz, gobiernan los seis municipios españoles con más de medio millón de habitantes.

El Gobierno también ha aclarado este viernes otra de las dudas del cuerpo de interventores. Los Ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes (un total de 4.871) donde ser alcalde con dedicación exclusiva (y cobrar por ello) dejaba de ser posible a raíz de la ley, podrán tener regidores a tiempo parcial con sueldos de entre 15.000 y 30.000 euros anuales. Era una de las demandas por las que pelearon varias federaciones de municipios, en especial la gallega (FEGAMP), dominada por alcaldes del PP.

La de los salarios ha sido la primera batalla ganada por los regidores y anticipa lo que está por llegar. La oposición, encabezada por PSOE, IU, y Coalición Canaria, está armando la respuesta jurídica al conjunto de la norma a través de varios recursos de inconstitucionalidad y por tres vías: se presentarán desde las comunidades no gobernadas por el PP; con la firma de 50 diputados o 50 senadores y mediante la aprobación de mociones en la séptima parte de los municipios (1.160) que representen al menos a la sexta parte de la población española, 7,7 millones. Lo harán, calculan, en tiempo récord, puesto que tienen hasta febrero de plazo. CiU se podría sumar a la guerra judicial.