El primer escándalo de Matas se cierra con tres funcionarios condenados

Tres funcionarios han sido condenados por la Audiencia de Palma a penas de entre 20 meses y dos años de prisión por el delito de falsedad documental al haber manipulado la prueba de contratación de una supuesta agente electoral camuflada del Gobierno balear de Jaume Matas del PP (1996-1999). Es la única consecuencia penal del caso Formentera, que fue considerado por el fiscal acusador Julio Cano “uno de los casos más graves de corrupción de Baleares“.

El caso Formentera (o caso Mapau) se abrió por las denuncias de supuesta malversación de caudales en la diseñada operación de intervención sobre el censo electoral de residentes ausentes en las votaciones autonómicas de 1999 en la isla de Formentera. El sentido político de la mayoría del Parlamento de Baleares, en varias legislaturas, se decidió en la elección del único diputado insular de Formentera por escaso margen de votos.

El fiscal Cano lamentó que no se hubiera juzgado a los supuestos protagonistas que idearon el asunto, miembros de la cúpula del PP y del Gobierno Matas. El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior vetaron la imputación de Jaume Matas y de su mano derecha, la eurodiputada Rosa Estaràs. “Los peces gordos [las primeras figuras políticas] están en el mar”, afirmó en el juicio el fiscal Cano, que reseñó que en esta causa, al contrario que en otras de corrupción, no ha habido “arrepentidos” que desvelan las tramas reales. Se juzgó a los "peces chicos". En los papeles atribuidos a la trama se reconocía la existencia de una “operación de captación de votos” así como “una acción política adecuada”.

"Resulta un penoso sarcasmo que, al final, la exigencia de responsabilidad se reduzca a los hoy acusados", subraya la sentencia de la Audiencia de Palma para evidenciar que el entramado supuestamente ilegal investigado ha quedado constreñido a los tres funcionarios. Los magistrados recuerdan que los "hechos" que llegaron a juicio son "éstos" y no "otros".

La funcionaria eventual Mapau Segura, hija del redactor de discursos de Matas, Miquel Segura, fue contratada para establecer contactos directos entre emigrantes españoles de Baleares residentes en Argentina y Uruguay. Se trataba de captar el sufragio por correo y encaminarlo hacia las urnas de Formentera. Se verificó el incremento de inscritos. Un exalto cargo, testigo, Jaume Payeras, dijo que los Segura “captaban votos de emigrantes mallorquines“. El exalcalde de Santa Margalida, Mallorca, Miquel Cifre del PSOE, dijo este jueves que en las elecciones de 1999 en su pueblo existió una avalancha de inscritos teledirigidos.

Los tres funcionarios condenados solo fueron juzgados por falsedad documental porque, contra el criterio del fiscal Cano y de la junta de fiscales de Baleares, el fiscal superior balear, Tomeu Barceló, impuso su autoridad y evitó la acusación por prevaricación, un delito más grave, con consecuencias sobre el empleo de los funcionarios.

El Tribunal Supremo y la Fiscalía General, en 2002, bloquearon la acusación contra Matas. Todos los fiscales Baleares habían decidido que se debía investigar a los altos responsables, es decir, al entonces ministro Jaume Matas y a la diputada Rosa Estarás. El que era fiscal jefe balear, Antonio de Vicente-Tutor, se enfrentó con el fiscal general.

La dilatada instrucción y peso del sector más conservador del Tribunal Superior de Justicia de Baleares jugó a favor de los políticos de los que “era evidente la necesidad de imputar”, recordó el fiscal Cano.

Los funcionarios condenados son Juan Fortuny, con dos años; Rosa Grijalba, un año y diez meses, y Ángel Gallego, a 20 meses, además de una multa de 10.800 euros para todos ellos. El abogado defensor Eduardo Valdivia coincidió con la tesis del acusador público. Valdivia aludió a El Padrino para decir que los tres del banquillo eran meras marionetas de la mano que movía los hilos.