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El Gobierno aprieta a los excarcelados

Rajoy busca fórmulas para impedir que los exreclusos de ETA puedan ser alcaldes

La fiscalía pide prohibir la manifestación del sábado en Bilbao en apoyo a los presos

Los terroristas liberados tras el fin de la aplicación retroactiva de la 'doctrina Parot'  posan el pasado sábado en Durango. Ampliar foto
Los terroristas liberados tras el fin de la aplicación retroactiva de la 'doctrina Parot' posan el pasado sábado en Durango.

El Gobierno, que sufre una enorme presión del mundo más conservador del PP y de la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT), ha decidido optar por la política más dura frente a los nuevos movimientos de los presos de ETA. Hasta el punto de que el presidente, Mariano Rajoy, ha anunciado a su cúpula que estudiará fórmulas para impedir que los etarras excarcelados por el fin de la doctrina Parot puedan presentarse a alcaldes en las próximas elecciones locales. A la vez, mientras la Guardia Civil procede a detenciones en el aparato de apoyo a los presos de ETA, la fiscalía, que en última instancia depende de un cargo elegido por el Gobierno como el fiscal general, pidió este jueves al juez que prohíba la manifestación convocada para este sábado en Bilbao a favor de los presos de ETA.

Todos estos movimientos llegan después del gran escándalo causado por el acto organizado en Durango por los presos de ETA excarcelados gracias al final de la doctrina Parot, marcado por la sentencia del tribunal de Estrasburgo. Entre todos los presentes sumaban más de 300 asesinatos. Este nuevo episodio ha provocado, como todo lo que tiene que ver con las excarcelaciones de etarras, una enorme tensión interna en el PP. Y Rajoy parece querer reaccionar con dureza.

El presidente tuvo que escuchar el miércoles en el Comité Ejecutivo las críticas de Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid. En tono distinto, también Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón, aseguró que se está instalando la idea de que el Gobierno ha cambiado su política antiterrorista, aunque no sea cierto. Ambas hablaron del acto de Durango y Aguirre fue muy dura al exigir que se cambien las leyes para impedir que algo así pueda volver a suceder.

El presidente sufre gran presión de la AVT y el ala más conservadora del PP

Rajoy contestó que el PP no ha cambiado de política antiterrorista, que todo sigue igual, pero tiene la obligación de respetar el Estado de derecho y acatar la decisión del juez Pedraz, que no impidió la reunión de Durango. Pero el presidente también aclaró que más que esta reunión, lo que le preocupa es que estos presos consigan ser alcaldes, y eso sí que está dispuesto a intentar impedirlo.

“Hay que respetar el Estado de derecho y acatar las decisiones judiciales. Lo que es importante es que al final esos expresos no puedan ser elegidos alcaldes. Eso es lo que más me preocupa. Tenemos que estudiarlo a ver qué posibilidad legal hay”, dijo Rajoy, según varios de los presentes.

Tanto fuentes cercanas al presidente como de los departamentos de Interior y Justicia señalan que aún no hay ninguna reforma legal encima de la mesa, no hay un documento. Es un tema complejo y de difícil encaje legal, porque los etarras excarcelados han cumplido condena y son personas libres a todos los efectos, y la ley no impide a nadie que haya cumplido su condena presentarse a las elecciones. Pero sí está claro que existe esa voluntad política por parte de Rajoy.

El Gobierno acaba de aprobar en Consejo de Ministros una modificación legal, un anteproyecto de ley que regula el ejercicio de los altos cargos, que impedirá a las personas condenadas por delito de terrorismo ser nombradas altos cargos hasta que se cancelen sus antecedentes penales, es decir, varios años después de cumplir su condena. Pero esta ley, que aún no ha sido aprobada —es solo un anteproyecto— solo afecta a la Administración general del Estado.

Una fórmula que estudiaría el Gobierno sería tratar de ampliar estos límites de inelegibilidad de altos cargos a los concejales. Pero es muy complejo, implicaría una reforma de la ley electoral y tendría importantes problemas constitucionales. De momento solo existe, pues, la voluntad política de evitar la imagen, demoledora para Rajoy en el sector más conservador, el que más le preocupa ahora, de alguno de los conocidos exterroristas elegido como alcalde de alguna localidad del País Vasco o de Navarra.

En 2011, aún con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, PSOE y PP pactaron una reforma de la ley electoral para que se pudieran arrebatar las actas de concejales a personas que se presentaran por partidos o agrupaciones de electores que fueran declarados ilegales después de que estos fueran elegidos. Las perderían salvo que formularan, ante la Administración electoral, una “declaración expresa e indubitada de rechazo” a los motivos de la ilegalización; esto es, la violencia. Pero esta reforma no impide que los excarcelados por la doctrina Parot, si se presentan por un partido legal como Bildu, puedan llegar a ser alcaldes. Por eso Rajoy busca nuevas fórmulas de presión al mundo etarra que suavicen los reproches del sector conservador y la Asociación de Víctimas del Terrorismo. 

Interior y Justicia dicen que aún no hay una reforma legal sobre la mesa

En este contexto de gran tensión, la fiscalía de la Audiencia Nacional, en un escrito remitido al juez Pablo Ruz, afirma que la manifestación del sábado, convocada por la organización Tantaz Tanta (gota a gota, en euskera) es ilícita “no tanto por su finalidad, aparentemente inocua”, sino porque es “parte de la estrategia de una organización cuyas actividades han sido suspendidas por ser, indiciariamente, una organización terrorista”. La fiscalía entiende que Tantaz Tanta es una continuación de la plataforma de apoyo a los presos de ETA Herrira, cuyas actividades están suspendidas por orden judicial.

La última semana de diciembre, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia pidieron al juez Ruz, que se encontraba de guardia, la prohibición del acto. El fiscal Carlos Bautista solicita al juez que, como “medida cautelar urgente”, prohíba la manifestación del próximo sábado y que envíe la causa al juez Eloy Velasco, instructor de la causa contra Herrira, que se saldó con 18 detenciones el pasado 29 de septiembre. 

El ministerio público recuerda que si entre 2011 y 2013 se ha permitido la celebración de estas manifestaciones “ha sido por la imposibilidad de encontrar vinculación alguna con la organización ETA o sus organizaciones satélites”. Por el contrario, hasta 2010, cuando la manifestación la convocaban Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, consideradas parte de ETA, los actos siempre se prohibieron, recuerda el fiscal Bautista en su escrito.

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