Un paraíso para Cataluña

En este momento no existe ningún tipo de inversor nacional que considere posible un proceso secesionista en Cataluña. Ese es el dictamen rotundo del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en recientes declaraciones a la cadena SER donde explicaba que los inversores y agentes económicos hacen sus proyecciones de futuro con “hipótesis razonables y viables” y que descartan escenarios irrealizables. Venía así a confirmar que los inversores y agentes económicos, como los demás que intervienen en el proceso político, configuran sus actitudes, compromisos y proyecciones en función de las expectativas que detectan. De manera que si el propósito secesionista presentara expectativas de ser realizable, estaría por ver el comportamiento que adoptarían los inversores. Por eso, partidarios y adversarios de la independencia de Cataluña intentan alentar o enfriar las expectativas, mientras debaten en tres planos. En el ideológico, las ventajas y los perjuicios del nacionalismo; en el político, las líneas de fractura de la ciudadanía; y en el económico, la viabilidad de un nuevo Estado con su deuda, su déficit y su canesú. Pero cabría también considerar un cuarto plano de debate: el de los eventuales intereses transnacionales que se vieran favorecidos al prosperar el intento secesionista. Porque, habida cuenta del volumen de recursos aparcados en paraísos fiscales, ¿podría descartarse la existencia de grupos de interés dispuestos a comprarse un país en Europa al módico precio de 50.000 millones de euros, que es el montante de la deuda de Cataluña?

Y, a la recíproca, ¿alcanzaría una Cataluña independiente mayor viabilidad si, colocada fuera de la Unión Europea, hiciera de la necesidad ventaja y optara por dotarse de los atractivos de un paraíso fiscal? ¿Se dispone de algún mecanismo que bloqueara el intento de esos grupos de interés para acabar convirtiendo a Mas, Jonqueras y afines asimilables independentistas en una simpática organización juvenil dispuesta a cumplir el trabajo político que mejor les conviniera? ¿La Cataluña independiente podría ser una nueva Liechtenstein, a cubierto de las normas de transparencia adoptadas por los países miembros de la UE, así como de los exigentes mecanismos de supervisión bancaria? ¿Su situación geográfica la dotaría de mejor accesibilidad para el manejo de las cuentas que allí se depositaran? ¿Tendría por ello ventajas comparativas para competir como receptora de fondos ahora residenciados en paraísos fiscales remotos y peor comunicados?

Por otra parte, parafraseando a otro Arthur, en este caso el Koestler de La escritura invisible (Editorial Lumen. Barcelona, 2011), observamos que aprovecharse plenamente de las libertades constitucionales, conseguidas en la transición, para destruirlas es un principio validado sin esfuerzo por la dialéctica independentista y que, cuando las relaciones con los demás dejan de guiarse por la confianza para regirse por la “vigilancia nacionalista”, se instala la pendiente desastrosa del vale todo.