El Congreso aprueba la reforma local que el PSOE recurrirá ante el Constitucional

La ley empezó su tramitación hace más de un año con todo el arco parlamentario en contra y así termina, salvo con la excepción del PNV, que a lo largo de los meses ha logrado que la autonomía foral vasca y navarra se respete estrictamente. La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ha sido aprobado con los votos del PP, de los peneuvistas y del diputado de UPN y todos los demás en contra. Además, dentro de unas semanas será recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Socialista y 1.160 ayuntamientos. La aprobación se ha producido en medio de una bronca muy sonora, unas veces del lado popular y otras del socialista, con incursiones en el Grupo de Izquierda Plural, que también ha sido objeto de los dardos del PP por su compromiso de gobierno con los socialistas en Andalucía.

Una pregunta claramente capciosa ha formulado ante el pleno el diputado del PSOE Gaspar Zarrías, responsable federal de Política Local. Hablaba de por qué la ley no entra en vigor mañana mismo sino que, por el contrario, los aspectos que el PP considera más importantes no se aplicarán hasta diciembre de 2015. “¿Será porque hay elecciones en mayo de 2015 y ustedes no se atreven a decir a sus alcaldes que antes de presentarse a las urnas y pedir el voto apliquen esta ley?". Efectivamente los puntos más peliagudos de la norma, como son el traspaso de los servicios sociales, se dejarán para enero de 2016. Los de educación y sanidad tienen cinco años de plazo.

Además de que lo anterior no entrará en vigor, antes será llevada ante el Tribunal Constitucional con el apoyo de otros grupos, a los que Zarrías invitó a sumarse desde la tribuna del Congreso. Y los tendrá a juzgar por la oposición radical que ha mostrado Rosa Díez de UPyD, Ascensión de las Heras de Izquierda Plural, Carles Páramo de CiU, representantes del Grupo Mixto, y Zarrías del PSOE. No ha habido demasiados argumentos del fondo de la ley en este último trámite de la ley después de horas y horas de debate de enmiendas, de reformas y cambios formulados por el propio PP en una ley que ha contado con mucha oposición de los alcaldes populares.

“Van a ganar esta batalla pero más temprano que tarde van a perder la guerra con este hachazo al estado de bienestar. Van a ir de victoria en victoria hasta la derrota final”, ha continuado Zarrías en tono épico a pesar de que anunció que su ánimo no era belicista.

No se ha quedado atrás el portavoz del PP Rafael Merino, que fue alcalde de Córdoba, en defender sus colores o más bien en atacar al PSOE. "¿Usted viene aquí a darnos lecciones cuando su gobierno llevó a los ayuntamientos a la ruina con despilfarro y gastos inútiles?”, ha retado Merino, en referencia al llamado Plan E del gobierno socialista, que repartió dinero para obras, menores y mayores, en el afán de sacar del paro a miles de españoles durante unos meses.

El PP no se siente solo: “Tenemos el apoyo del PNV, del diputado de UPN y de la ciudadanía”, ha dicho Merino, con el ambiente ya caldeado y que se acrecentó con esa referencia a la gente. “No, no, de la ciudadanía no”, gritaban desde la bancada socialista y de la izquierda. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha advertido que si no se calmaban suspendería el pleno. Merino siguió con sus argumentos para rebatir las críticas del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el Grupo Mixto.

A la diputada de Izquierda Unida le preguntó sobre lo que ocurre en Rivas Vaciamadrid, localidad madrileña, en la que Izquierda Unida gobierna desde hace más de quince años y muchos de sus servicios están privatizados, según Merino. La parlamentaria de IU Ascensión de las Heras negaba con el gesto y la voz y el guirigay ya era casi absoluto. “Ustedes, PSOE e IU donde gobiernan juntos, como en Andalucía, precarizan los servicios sociales”. No no, decían desde la izquierda; sí sí, desde la derecha. “Silencio, terminemos con el incidente”, ha exhortado Posada. Y terminó, porque aún quedaba por delante casi una hora de votaciones y ya llevaban los parlamentarios nueve horas y media en el hemiciclo, sin interrupción.