PP y CiU pactan suavizar las multas por consumo de alcohol al volante

Las multas por consumo de alcohol al volante ascenderán a mil euros solo si la tasa duplica la permitida o en el caso de infractores reincidentes. La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó este martes la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial con esa modificación respecto al proyecto inicial. PP y CiU pactaron a última hora una enmienda presentada por el Grupo catalán, por la que se concede carácter excepcional a esa sanción en lugar de aumentar de los 500 euros actuales a mil la multa por dar positivo, como estaba previsto.

La nueva redacción contempla esa cantidad máxima cuando se duplique la tasa permitida, es decir, cuando el test de alcoholemia detecte un gramo de alcohol por litro de sangre. También se impondrá la multa de mil euros en otros supuestos. Por ejemplo, cuando el conductor se niegue a someterse a esa prueba en un control de tráfico o en los casos en que el infractor ya haya sido multado por conducir ebrio durante el año anterior a la sanción. La enmienda acordada por PP y CiU fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, que optó por la abstención.

El portavoz de Seguridad Vial del Grupo catalán, Jordi Jané, justificó esta modificación aduciendo que, en su opinión, no es “razonable que de manera indiscriminada se pase de 500 euros a mil para todos los casos en que se da positivo”, lo que constituía, en su opinión, un “afán recaudatorio” del Gobierno de Rajoy al imponer además una sanción más elevada que el salario mínimo interprofesional cuando el exceso fuera mínimo, por ejemplo 0,52 gramos por litro de sangre.

Sin embargo, sí se mantiene la sanción de mil euros al conductor por la “mera presencia de drogas” en el organismo, salvo que el Senado haga alguna modificación.

El texto aprobado este martes en el Congreso recoge también el acuerdo alcanzado entre PP y CiU de rebajar de 18 a 16 años la edad por debajo de la cual será obligatorio usar un casco para montar en bicicleta en ciudad —hasta ahora solo es obligatorio en carretera—. El Gobierno ya había suavizado en el anteproyecto de ley la polémica pretensión de Tráfico de imponer el casco a todos los ciclistas en zona urbana. La diputada del PP Concha Bravo explicó que la edad elegida supone un “consenso” entre quienes consideraban que todos los ciclistas debían usar este sistema de seguridad y los que estimaban que no debía ser preceptivo. En este último grupo se situó este martes el PSOE, que calificó la medida de “desproporcionada”.

A pesar de la crítica unánime de toda la oposición y de las asociaciones de víctimas, los populares no han dado un paso atrás en su intención de aumentar el límite de velocidad a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autopistas y autovías. La nueva ley solo abre la puerta a este incremento, ya que recoge el nuevo límite máximo y las sanciones previstas a quienes lo sobrepasen. Sin embargo, será el nuevo Reglamento General de Circulación, que el Gobierno pretende aprobar en marzo, el que establezca dónde se podrá circular más rápido. “Excepcionalmente, en determinados tramos y bajo ciertas condiciones”, quiso precisar el PP, un argumento que no convenció a la oposición. “Parece claro el axioma de que a mayor velocidad, mayor siniestralidad”, afirmó Ricardo Sixto, de Izquierda Unida, que cree que la medida puede ser “un favor a determinadas concesionarias”.