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El tiempo se agota

La manifestación de voluntad independentista estaría viciada de origen

Hace unas semanas Josep Antoni Duran i Lleida le anunció al presidente del Gobierno en el pleno del Congreso de los Diputados que se podía encontrar más pronto que tarde con una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Cataluña. Si no es posible entablar ningún tipo de negociación y si la única respuesta del Gobierno de la nación es la de que el tema está cerrado, porque la Constitución no la permite, a nadie puede sorprender, venía a decir Duran i Lleida, que la mayoría parlamentaria nacionalista en el Parlamento de Cataluña tome la decisión de aprobar una declaración de independencia.

No estamos todavía en ese momento, pero nos vamos aproximando. El pacto entre los partidos nacionalistas cerrado ayer sobre el contenido de las dos preguntas que deben ser sometidas a referéndum y sobre la fecha de celebración del mismo, es el primer paso del camino a la independencia. El registro de esas preguntas y de la fecha de celebración del referéndum ante la Mesa del Parlamento de Cataluña abrirá formalmente el proceso. En este mismo mes el pleno del Parlamento hará suyo el contenido de las preguntas y la fecha de celebración del referéndum con una mayoría muy cualificada, con la finalidad de se le dé ulteriormente la tramitación que se estime pertinente, que, en todo caso, pasa por solicitar del Gobierno de la nación la autorización para convocar el referéndum, ya que nadie discute que la convocatoria de una consulta de este tipo es competencia exclusiva del Estado.

Con seguridad el Gobierno de la nación no permitirá que se dé un paso más en esa dirección y acudirá al Tribunal Constitucional solicitando la suspensión de la decisión del Parlamento de Cataluña primero y su declaración de inconstitucionalidad a continuación. También podemos adelantar con seguridad que el Tribunal Constitucional dará la razón al Gobierno.

Jurídicamente aquí se debería detener el proceso hacia la independencia. La comunidad autónoma de Cataluña, a través de su Parlamento, ha manifestado su voluntad de independencia; el Estado, a través del máximo intérprete de la Constitución, le responde que dicha manifestación de voluntad no tiene cabida dentro de la Constitución y, en consecuencia, debe tenerse como por no formulada. Formalmente ha habido una manifestación de voluntad independentista, pero materialmente no puede entenderse que la haya habido, porque la Constitución no contempla que una tal manifestación de voluntad pueda constituirse jurídicamente. La manifestación de voluntad independentista estaría viciada de origen.

Esta es la posición del Gobierno de la nación. Su presidente la ha reiterado en múltiples ocasiones. La última vez en la entrevista a seis periódicos europeos publicada el lunes pasado. No hay nada que discutir, porque todo está resuelto en la Constitución.

Con seguridad el Gobierno de la nación no permitirá que se dé un paso más en esa dirección y acudirá al Tribunal Constitucional.

No cabe duda de que el Gobierno tiene argumentos muy sólidos que avalan su posición. De manera ininterrumpida y prácticamente unánime la Constitución ha sido interpretada en el sentido de que la unidad política del Estado no es susceptible de ser sometida a discusión. El principio de unidad política del Estado es el presupuesto y el límite para cualquier operación política y jurídica que quiera emprenderse. Así había sido aceptado hasta la fecha de forma generalizada en todo el territorio del Estado.

No está claro que siga siendo así. Tampoco que no lo sea. Pero lo que sí sabemos es que en Cataluña, posiblemente también en el País Vasco, hay una mayoría parlamentaria muy cualificada que pone en cuestión el principio de unidad política del Estado y pretende dejar de ser una comunidad autónoma del mismo, para pasar a ser un Estado independiente. Y que pretende que se pregunte directamente a los ciudadanos de Cataluña, si esa es también su opinión.

Esta es una realidad que no va a desaparecer porque la Constitución no la contemple. Si la respuesta que se le da a la manifestación de voluntad de independencia es que no existe porque la Constitución no lo permite, lo que cabe esperar es que dicha manifestación de voluntad tenga cada vez más intensidad.

El Gobierno de la nación no puede limitarse a utilizar la Constitución como una trinchera frente a la solicitud de un referéndum. La opción exclusivamente jurídica no puede conducir nada más que a la derrota. La Constitución es norma jurídica, pero es también pacto político. Es el punto de intersección entre la política y el derecho y ambos, política y derecho, tienen que ser tomados en consideración ante un problema de naturaleza constitucional, especialmente cuando se trata de un problema existencial, como es el de la estructura del Estado.

El PP, en la oposición primero y en el Gobierno después, lleva demasiado tiempo enrocado en una posición exclusivamente jurídica. Lo estuvo durante todo el proceso de reforma del Estatuto de autonomía para Cataluña (2005-2010) y lo ha continuado estando desde las elecciones del 20 de noviembre de 2011. Me temo que se le está agotando el tiempo. El problema es que no se le agota a él exclusivamente, sino que se nos agota a todos.

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